MARTES 5 DE DICIEMBRE DE 2000

Ť Disenso por el ramo 33

Posponen solución a controversia que interpuso el GDF

Jesús Aranda Ť A pesar de que quedó superada la improcedencia de una de las dos controversias constitucionales que interpuso el gobierno capitalino contra el Ejecutivo federal por la no asignación de recursos del ramo 33 -para combatir la pobreza- a la capital de la República, la Suprema Corte resolverá el asunto en 2001.

Lo anterior trascendió en el máximo tribunal de justicia del país, en donde se dijo que en el proyecto de dictamen del ministro instructor de la primera controversia, Mariano Azuela Güitrón -interpuesta en 1998 por Cuauhtémoc Cárdenas, entonces jefe de gobierno capitalino-, quedó superado el tema de la procedencia, por lo que los ministros tendrán que entrar "al fondo del asunto" y establecer si tiene razón el Gobierno del Distrito Federal en la distribución presupuestal que le permita recibir -al igual que las otras 31 entidades- recursos del ramo 33.

Sin embargo, aunque el proyecto del ministro está prácticamente listo, se informó que es un hecho que una segunda controversia constitucional interpuesta en 1999, prácticamente en los mismos términos, será acumulada en un solo proceso.

Pero el ministro de este segundo asunto, Juan Díaz Romero, todavía no ha terminado de proyectar su asunto y "se ve sumamente difícil" que lo finalice en la semana de trabajo que resta a la Suprema Corte antes de salir de vacaciones de fin de año, se dijo.

Adicionalmente, la acumulación de los asuntos implicará un tiempo mayor para que esa institución emita un juicio.

Al interior de la Suprema Corte no hay consenso sobre el tiempo en que debe resolverse este asunto, ya que hay ministros que consideran que tenía que haberse resuelto este año, en razón de que es un tema coyuntural, que le daría presencia al máximo tribunal en momentos en que libra una batalla por mayores recursos para el 2001.

No obstante, otros plantean que resolver ese caso antes de salir de vacaciones -el próximo 15 de diciembre- implicaría la "politización" del tema presupuestal y que el máximo tribunal debe mantener una conducta totalmente "apolítica".