En los tres últimos días la circunstancia del conflicto chiapaneco ha registrado más avances hacia la paz que en los últimos cuatro años.

El primero de diciembre, al tomar posesión como presidente constitucional, Vicente Fox anunció que enviaría al Congreso el documento elaborado por la primera Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) para convertir en reformas constitucionales y legales los acuerdos de San Andrés Larráinzar.

Tal anuncio, así como el retiro de retenes militares de las comunidades zapatistas en Chiapas, que empezó ese mismo viernes, fueron respondidos un día más tarde por la dirigencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), la cual, por voz de Marcos, comunicó sus condiciones para volver al diálogo --convertir en ley los acuerdos de San Andrés, retiro del Ejército de las zonas de conflicto, liberación de los zapatistas presos y anulación del decreto expropiatorio firmado por Ernesto Zedillo para convertir en zona militar tierras de la comunidad de Amador Hernández-- y anunció su determinación de enviar una importante delegación a la ciudad de México, en febrero próximo, para impulsar la aprobación por el Congreso de la iniciativa de la Cocopa. Ayer, Fox celebró la respuesta de los indígenas rebeldes y expresó la voluntad de su gobierno de cumplir con las condiciones planteadas por los zapatistas para volver al diálogo.

A esos signos positivos y alentadores deben sumarse otros elementos de distensión: la disposición de los integrantes de la Cocopa a propiciar el diálogo entre los miembros del Legislativo y los representantes rebeldes, así como el anuncio del gobernador electo de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, en el sentido de que está estudiando, desde ahora, los expedientes de los zapatistas presos en Cerro Hueco a fin de liberarlos a la brevedad, una vez que tome posesión del cargo, el próximo 8 de diciembre.

Esta dinámica virtuosa, que hace aparecer como posible la consecución, en Chiapas, de una paz con justicia y dignidad, y que abre perspectivas a una nueva relación del Estado mexicano con las comunidades indígenas, no debe quedar circunscrita a una interlocución entre zapatistas, Ejecutivo (federal y local) y Legislativo, sino que merece el respaldo y la participación de la sociedad, la cual, con sus movilizaciones, impidió, en diversos momentos del conflicto, una escalada bélica que habría resultado nefasta para el país.

Finalmente, los auspiciosos signos de paz y distensión que ofrece el momento presente contrastan con el desinterés y la provocación oficiales que caracterizaron la política zedillista hacia Chiapas durante todo el sexenio pasado. Es pertinente tener en la memoria esa y otras expresiones de autismo y soberbia presidencial, así sea para garantizar que actitudes semejantes no se repitan jamás ante ningún drama social como el de los indígenas chiapanecos.