LUNES 4 DE DICIEMBRE DE 2000
Ť Tendrá que actualizarse el programa de medición
Antes de aumentar las tarifas del agua se deberán modificar leyes
Ť Considerable diferencial entre costos de infraestructura y precios
Ť Proponen CNA y BM dar "trato diferenciado" a los usuarios
Matilde Pérez U. Ť Antes de dictaminar aumentos a las tarifas del agua, el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Lichtinger, deberá presentar al Congreso de la Unión la propuesta de modificación a la Ley Federal de Derechos en Materia de Agua, revisar los esquemas de los subsidios tomando en cuenta condiciones socioeconómicas de los usuarios, conocer el volumen del que se dispone en ríos, lagos, presas y acuíferos del país, y actualizar el programa de medición del agua que utilizan por lo menos 403 mil 600 usuarios (organismos operadores del servicio) del país.
El pasado sábado, el titular de la Semarnat anunció que las cuotas por el servicio de agua se van a incrementar, y que los cobros también abarcarían a las escuelas públicas e instituciones como la UNAM. Dijo que se terminará con los subsidios porque ha llegado el momento de "encarecer" el servicio y agregó que el Estado dotará agua gratuitamente sólo a la población "más pobre".
La Ley Federal de Derechos en Materia de Agua estipula que los usuarios de aguas nacionales dedicados a actividades agropecuarias no pagarán por el agua que utilicen para ese fin ni para satisfacer sus necesidades domésticas; tampoco las poblaciones rurales iguales o inferiores a 2 mil 500 habitantes, ni "las instituciones educativas que cuenten con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de las leyes en la materia".
Estudios de la Comisión Nacional del Agua (CNA) arrojan que hay consenso en la importancia de valorar el agua; sin embargo, los costos de infraestructura, operación y mantenimiento en algunas localidades pueden ser muy elevados y las tarifas bajas. Por ejemplo en la ciudad de México, el costo total es de 9 pesos por metro cúbico, pero la tarifa promedio es de 1.67 pesos, y en Tijuana 15.20 pesos y 4.66 pesos por metro cúbico, respectivamente. Una muestra en 66 ciudades reveló que el rango de las tarifas fluctúan entre 1.16 y 7.85 pesos por metro cúbico.
"El dilema entre la necesidad de repercutir el costo a todos los usuarios y el reconocimiento de las posibilidades de pago de los sectores marginados ha conducido a diferentes esquemas de subsidios que generan ineficiencias en la asignación del recurso y mal uso del agua. Por ello es necesario conocer el costo del agua y transparentar los mecanismos de subsidio para recuperar los costos, sin olvidar las condiciones socioeconómicas de los usuarios", según la CNA.
Por su parte, el Banco Mundial recomienda continuar y ampliar la participación de la iniciativa privada en la administración de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, y en el diseño y construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales. A la fecha, la iniciativa privada interviene en la administración total o parcial de dichos servicios en Aguascalientes, Cancún, Distrito Federal, Puebla y Navojoa.
En el estudio Hacia una mayor participación del sector privado en servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en México, que realizó el Banco Mundial en coordinación con la CNA, se indica que ello requerirá un marco legal y regulatorio que permita una relación equitativa, confiable, permanente y estable para el prestador de servicios, autoridades y la comunidad, y establecer esquemas para actualizar continua y oportunamente las tarifas, evitando en lo posible su desvinculación con decisiones de orden político.
La actualización de las tarifas --puntualiza-- debe prever la capacitación del personal para que haga el cálculo correcto y campañas de orientación para reducir la resistencia de la sociedad a incrementos de cuotas y la politización de los mismos.
Según información de la CNA, en el país existe una superficie de cuerpos de agua de 3.8 millones de hectáreas, de las cuales 2.9 corresponden a agua salada en litorales y 900 mil a agua dulce. Se han identificado cerca de 600 acuíferos (aguas subterráneas) con una recarga anual de 68 kilómetros cúbicos anuales; el problema es su sobrexplotación, ya que en dos décadas el número pasó de 32 a 100 acuíferos sobrexplotados.
En agua superficial, la disponibilidad es de 410 kilómetros cúbicos anuales por escurrimientos, y hay una capacidad de almacenamiento de 150 kilómetros cúbicos, por lo que la de regulación es de 82 kilómetros cúbicos, de los cuales 26 son para generar energía eléctrica y 49 para satisfacer la demanda de consumo; el resto se evapora.
La propuesta de CNA y Banco Mundial es que en el programa de medición se dé trato diferenciado a los 403 mil 600 usuarios para "evitar que existan ríos secos y acuíferos sobrexplotados. Un primer grupo -- 73 mil-- correspondería a industriales, comerciantes, prestadores de servicios, organismos operadores en localidades de más de 50 mil habitantes y distritos de riego, quienes deberán sufragar totalmente sus equipos de medición.
A un segundo grupo, conformado por organismos operadores en poblaciones de 2 mil 500 a 50 mil habitantes y usuarios agropecuarios medianos --casi 49 mil-- se les apoyaría con 50 por ciento del importe de adquisición e instalación de medidores.
El tercer grupo corresponde a los usuarios de baja extracción de agua --poblaciones de menos de 2 mil 500 habitantes y usuarios agropecuarios menores-- a los que, mediante campañas para crear conciencia, se les induciría al autocontrol de sus extracciones y, una vez consolidado el programa en los dos primeros grupos, se buscarían esquemas de apoyo para la instalación de medidores en este último grupo.
La institución financiera internacional y la CNA sugieren que ese programa de medición inicie en Meneadero y San Quintín, Baja California; Santo Domingo, Baja California Sur; Caborca, costa de Hermosillo y San José de Guaymas, Sonora, y continúe en los acuíferos más sobrexplotados y cuyas asociaciones de usuarios y autoridades locales estén más dispuestos a respaldar el proyecto.
La mayor apertura a la participación de la iniciativa privada en los servicios de agua potable y alcantarillado, plantas de tratamiento y el encarecimiento del servicio --como dijo el titular de la Semarnat-- podría deberse a la conclusión de la CNA de que para suministrar dichos servicios se requieren de 3 mil 380 millones de dólares anuales durante los próximos 25 años.