LUNES 4 DE DICIEMBRE DE 2000
Ť Sergio Valls Hernández Ť
La justicia y sus costos
El pasado 27 de noviembre, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal hizo pública la preocupación de los miembros de ese poder de lo que podría llegar a suceder si no se contara con los recursos económicos suficientes que permitan satisfacer los reclamos de justicia de un país con exigencias cada vez mayores. Se refirió a que se han producido expresiones en el sentido de limitar, todavía más, los recursos del Poder Judicial de la Federación.
Es inusual que el titular de uno de los tres poderes de la Unión haga llegar a la sociedad un llamado de esta naturaleza. Es la primera vez en la historia del México moderno que se produce un hecho de esta naturaleza, mas, sin embargo, está plenamente justificada la voz de alarma del ministro Góngora, cuando vemos que en México el presupuesto del Poder Judicial de la Federación representa apenas, en el año 2000, 0.67 por ciento del presupuesto federal, así de tan poca prioridad presupuestal es nuestro Poder Judicial Federal, más aún si lo comparamos con 1.48 por ciento de Estados Unidos, 1.67 por ciento de Argentina, 2.51 por ciento de Ecuador y 3 por ciento de Venezuela.
Los conflictos resueltos por el Poder Judicial federal son numerosos y afectan valores decisivos de la sociedad, hasta el punto de que es difícil imaginar la mera supervivencia de un sistema social moderno sin una administración de justicia. Inclusive se habla ya de una economía de la justicia que tiene como tarea la explicación y predicción de ciertos fenómenos sociales -judiciales--, y el establecimiento de criterios de una política judicial óptima con el auxilio de la teoría de la decisión y las técnicas cuantitativas.
Los estudios de economía judicial son relativamente recientes en el mundo, aunque temas como los de administración judicial van cobrando importancia en la política judicial de muchos países.
Lo que el ministro Góngora ha traído a la atención social, y que ha sonado tan discordante a muchos que aún no se han percatado del papel fundamental que tiene que jugar la justicia federal en los nuevos tiempos de México, es que "justicia y democracia no pueden ejercerse separadas. No puede existir una sin la otra", y menos aún será posible hacer efectivos los principios constitucionales de la impartición de justicia --pronta, expedita, imparcial y gratuita--, si no se cuenta con los recursos suficientes.
En efecto, el bienestar social de los gobernados, necesariamente va ligado al derecho de todo mexicano de acceder a la justicia de manera cierta, esto es, que la demanda de justicia sea correlativa a la oferta, es decir que el número de órganos jurisdiccionales en determinada región sea directamente proporcional con la demanda de justicia de los habitantes de esa zona; que aun cuando el ingreso económico del justiciable sea mínimo, o nulo, tenga la posibilidad de contar con defensores y asesores gratuitos que hagan efectiva su garantía de seguridad jurídica en los litigios que plantee, y entonces sí podremos afirmar que existe gratuidad en la justicia.
Para que los gobernados tengan acceso real a la justicia no sólo se requiere la expansión de los órganos jurisdiccionales, sino la posibilidad de que éstos estén provistos de los recursos humanos y materiales necesarios que permitan continuar con una impartición de justicia apegada a derecho, independiente, libre de toda influencia interna o externa, oportuna, y ausente de corrupción, y mantener la opinión pública existente de que el Poder Judicial está "... en plena evolución, con jueces con capacidad y clara tendencia a la independencia, con abogados defensores competentes y bien pagados", como sostuvo en días pasados, en una nota periodística, un reconocido penalista mexicano.
De lo que estamos seguros es de que el presupuesto que se autorice al Poder Judicial de la Federación compensará con creces el costo social que tenga, pues su beneficio supera su tasación.