DOMINGO 3 DE DICIEMBRE DE 2000

El Chiapas de los paramilitares

Testimonios de contrainsurgencia

Las realidades de los pueblos dicen más que todos las declaraciones de funcionarios y políticos. En los últimas semanas las denuncias sobre la reactivación de los grupos paramilitares han sido acompañadas por el "descubrimiento" oficial de los mismos.

Jesús RAMIREZ CUEVAS

"Mi arma cuerno de chivo me la dio el presidente municipal de Tila, Carlos Torres López. Como no tenía tierra me prometieron los de Paz y Justicia que si los ayudaba me darían un terrenito y créditos", cuenta Jorge, de 22 años, chol de la comunidad de San Nicolás, quien fue paramilitar por tres años en el municipio de Tila.

Jorge dice a Masiosare que está arrepentido por "tanta violencia" en la región y porque "no me dieron nada, todo se lo quedaron los dirigentes". Este joven indígena votó por Fox en las pasadas elecciones presidenciales y se afilió al PAN; "ya no creo en el gobierno que ayudó a los de Paz y Justicia a matar gente".

Jorge explica que ahora está vendiendo su arma; "no quiero que me la quiten, por eso la quiero negociar rápido". Su prisa por deshacerse del rifle es porque "hace unos días me visitó en mi pueblo Abel Díaz Arcos (uno de los dirigentes de ese grupo paramilitar), como que ya no confían en mí y por eso me pidió dos radios portátiles que tenía".

"El Abel me dijo que puede haber violencia. Pero yo no quiero hacerlo. Me dijo que tenían que cambiar las claves de radio porque detuvieron a gente de Samuel (Sánchez). En diciembre van a cambiar las claves para que no los oigan. El me dijo que van a hacer acciones para exigir que liberen a los de Paz y Justicia", relata.

Jorge aprendió a usar el arma y se adiestró en El Crucero, donde los paramilitares tienen un campo de entrenamiento. Y sabe que sus compañeros fueron al Limar a entrenar junto con jóvenes de 16 a 30 años. Dice que Marcos Albino (Torres, hoy preso) los entrenó pues era cabo del Ejército. "Ahí nos protegían los de Seguridad Pública, que patrullaban a veces por el camino, pero no hacían nada".

Pedro es otro joven chol, que desertó de Paz y Justicia hace un año. Advierte que en su comunidad, Jolnixtié Libertad, y en otras de la región baja de Tila, "los de Paz y Justicia están muy enojados". Explica que "ahora hay mucho patrullaje del Ejército. Pero están diciendo que atacarán las comunidades porque quieren detener a quienes denuncian. Cuenta que hace unos días el presidente municipal de Tila hizo un reunión junto con el diputado Raymundo (Trujillo) para "organizar" la liberación de los paramilitares detenidos.

"Las armas las comprábamos en El Limar -dice Pedro, quien fue radiooperador de Paz y Justicia en su pueblo-. Tengo mi arma, una ametralladora de 50 tiros; la pagué con un crédito que nos dieron para los pollos". Según el mismo joven, a otros campesinos "les dieron su arma" el anterior presidente municipal Carlos Martínez López, "eran dos escopetas de 16 milímetros. Ellos tienen la confianza de que el gobierno los apoya. Pedro Gómez Esteban, el mero dirigente de Emiliano Zapata, nos dice que el gobierno los apoya. Pero con la detención de Samuel Sánchez y los otros quieren hacer algo para que salgan de Cerro Hueco".

*Detrás de los paramilitares hay una red oficial

Los grupos paramilitares de la zona norte, particularmente Paz y Justicia y Los Chinchulines, se activaron en los últimos días.

Campesinos de la Red de Defensores Comunitarios de Derechos Humanos reconocen que el operador político del gobierno, Néstor Aguirre, es uno de los funcionarios que apoyan a los paramilitares. Señalan al presidente municipal de Tila y a los dirigentes del PRI de la región como dirigentes de Paz y Justicia. Señalan que los jefes policiacos y militares destacados en la zona los protegen.

Los militares y los policías tienen retenes para controlar los accesos a la región. "Sin embargo, los paramilitares se mueven con mucha facilidad", denuncia Marcos Pérez López, de la Red de Defensores Comunitarios.

Pone el ejemplo del desalojo realizado por paramilitares de Paz y Justicia en el predio Tierra y Libertad, donde fueron fotografiados los paramilitares con sus armas en agosto pasado. "El 6 de agosto la PGR hizo una inspección ocular y hasta el 9 hizo el operativo. Es obvio que el Ejército y la policía se enteraron y ayudaron a esconder las armas", dice.

El gobierno del estado instaló una mesa de negociaciones para tratar el asunto de la invasión. Las autoridades estatales y municipales estuvieron apoyando las propuestas de Paz y Justicia, dice Marcos Pérez.

"El subsecretario de Gobierno, Néstor Aguirre, y el diputado del PRI Raymundo Trujillo, intentaban convencernos de que aceptemos los términos que propone Paz y Justicia. Ellos estimularon la confrontación".

El presidente municipal de Yajalón, Gerardo Miguel Maldonado, y su secretario de obras, Mario Moscoso, llegaron el 5 de septiembre con dinero de la presidencia y donaron un toro para que comieran los paramilitares. Los paramilitares que cuidan el terreno invadido patrullan en una camioneta de la presidencia municipal. Los mismos que estuvo persiguiendo la PGR viven en el rancho de Mario Moscoso, funcionario del ayuntamiento".

*Paz y Justicia no está desarticulado

Los integrantes de la Red de Defensores Comunitarios de Derechos Humanos de la zona norte desmienten al subprocurador Ismael Eslava Pérez, quien aseguró que ya se había acabado con ese grupo.

"Los 11 detenidos de Paz y Justicia son los de la parte alta de la región norte. Pero los de la zona baja, sobre todo de Tila, no han sido detenidos. Siguen libres dirigentes paramilitares como Sabelino Torres López (actual regidor de Tila), Diego Vázquez, Abel Díaz Arcos (con orden de aprehensión), Pedro Gómez Esteban y Carlos Torres López (actual presidente municipal de Tila). Todos ellos cuentan con apoyo del Ejército y del gobierno del estado", señala Marcos Pérez, de la red.

Sabelino Torres, regidor de Tila, es señalado como asesino de Eulalio Bernal. "El está protegido por Seguridad Pública. Están deteniendo gente sin delito para intimidarlos, para que no denuncien a los paramilitares que encabeza", denuncia.

Marcos da otros ejemplos que evidencian la participación de policías y militares con los integrantes de Paz y Justicia. Recuerda que el 17 de junio de 1996, en la zona baja de Tila, los militares iniciaron una ofensiva en varios pueblos zapatistas, y acompañados por paramilitares vestidos de policías estatales desalojaron a sus habitantes, con todo y pertenencias.

Al día siguiente, el comisariado Miguel Díaz Guzmán pidió refuerzos al coronel José Luis Rubalcava. Este autorizó que un grupo de paramilitares armados de Paz y Justicia, encabezados por Pedro Gómez Esteban, viajara en helicóptero desde la comunidad Emiliano Zapata hasta Nuevo Corosil, para participar en el operativo.

*Siguen en Los Chorros

En el nuevo campamento de refugiados de Yibeljoj el miedo a los paramilitares es pan de todos los días.

Ernesto, otro joven indígena, recibe a los periodistas en el nuevo asentamiento que han construido en el último mes para acoger a 468 indígenas que estuvieron refugiados en Xoyeb.

Al igual que otros 10 mil tzotziles de Chenalhó, desde hace tres años no pueden regresar a sus casas porque los paramilitares aún los amenazan con matarlos.

"Todavía hay paramilitares que participaron en Acteal que no han sido detenidos, como Victorio Ruiz, quien encabezó la protesta contra la PGR el 12 de noviembre en Los Chorros. No podemos regresar a nuestro pueblo porque él sigue ahí. Un día la PGR lo detuvo, pero cambió su nombre y lo liberaron. Todavía el 1o. de noviembre, cuando celebramos a nuestros muertos, Victorio llegó al panteón y en voz alta dijo que van a seguir cumpliendo sus trabajos pendientes, para acabar con todos. Cada día viene y nos vigila. Camina por la vereda a un lado del campamento y pasa junto a los policías de Seguridad Pública y no le dicen nada".

José Santiz, un viejo tzotzil, explica: "Nosotros tenemos miedo porque vemos que el Ejército reparte todos los días comida y despensas a los paramilitares. En Los Chorros hay un campamento de la Seguridad Pública y otro campamento militar. Y como los paramilitares nos tienen amenazados con hacer otra matanza como en Acteal. Estos meses han hecho reuniones para pedir cooperación para comprar armas".

La única protección que tienen es un campamento de policías a un lado de la carretera. Hay 190 policías estatales que acamparon junto al panteón.

"Cuando entró el operativo de la PGR -dice José Santiz-, la gente teníamos miedo. Vimos que los paramilitares sacaron sus armas y se comprobó que de por sí sí hay. Otra vez nos están amenazando porque dicen nosotros trajimos a los judiciales para detenerlos. El presidente municipal dice que ya no hay paramilitares, pero el día del operativo prestó los camiones del ayuntamiento para bloquear el paso de la PGR. Pasa a un lado del campamento. Los paramilitares nos obligan a cooperar para comprar armas y cartuchos. Hemos visto sus cuernos de chivo.

"Cuando oímos las balas, las mujeres corrieron, los niños lloraron. Recordamos lo de Acteal -dice el viejo José-. Ya viene la cosecha de café y nos amenazan con atacarnos si vamos al corte a nuestras parcelas. Ellos quieren vender nuestro café para comprar armas".

Ernesto indica: "Sabemos que tienen sus armas guardadas en una cueva. Por eso sabemos que las pueden usar. Cuando llegaron los operativos, se juntaron para que no les quiten sus armas. Ellos quieren que seamos del PRI, los que organizaron la matanza de Acteal.

José Santiz mira el campamento cubierto de lodo y dice con tristeza: "Vemos que la Seguridad Pública apoyó a los paramilitares, pensamos que el Ejército apoya porque son del partido oficial y el Ejército y la policía son del partido oficial. No les creemos porque no nos protegen, en cambio los ayudan a los paramilitares".

El subprocurador de Justicia Indígena, Mariano López, visitó el campamento. Les dijo a los desplazados: "Mejor que estén cerca los policías, para que les puedan gritar -recuerda don José-. No aceptamos porque no confiamos en la policía, porque sabemos que cuando pasan las cosas no hacen nada".

"No regresaremos a nuestros pueblos hasta que detengan a los paramilitares y el gobierno cumpla los acuerdos de San Andrés", dice Ernesto, quien se protege de la copiosa lluvia bajo un techo de plástico.

La vida en los campamentos es muy difícil. Tuvieron que salir de Xoyeb porque se acabó todo. "Eramos como mil personas y se acabó el bosque, ya no había leña y ni agua. Las enfermedades se contagian muchos entre todos, porque estamos amontonados. Por eso venimos a estas tierras a hacer otro campamento".

Otra vez la historia se repite. Los indígenas han levantado chozas con techos y paredes de plástico sobre las laderas de una loma de lodo. Sobreviven acosados por las enfermedades curables que el gobierno de Zedillo declaró "erradicadas en la zona".

CHIAPAS, MAS QUE UNA PIEDRA EN EL ZAPATO

Lograr la paz en Chiapas es uno de los retos más difíciles del presidente Vicente Fox. La reaparición pública del subcomandante Marcos en días pasados, y las tensiones vividas en el estado en las últimas semanas, recuerdan que Chiapas es uno de los temas pendientes más urgentes que dejó el gobierno de Ernesto Zedillo.

Apenas un día después de tomar posesión como presidente de la República, Vicente Fox tendrá que encarar la postura que adopte la guerrilla indígena chiapaneca, que rompió el silencio mantenido por varios meses.

Como lo señaló Luis H. Alvarez, nuevo comisionado para la paz, "antes de un diálogo con los rebeldes el nuevo gobierno tiene que instrumentar acciones que convenzan a los indígenas de que estamos hablando de una nueva forma de gobernar".

El subcomandante Marcos, líder del EZLN, difundió un comunicado el 29 de noviembre, a manera de despedida, dedicado a Ernesto Zedillo, cuyo gobierno, dijo, "fue una pesadilla" para millones de mexicanos.

El vocero zapatista le recordó al último mandatario del PRI que tuvo la oportunidad de elegir entre la guerra y la paz, "pero como Zedillo optó por la guerra y los zapatistas resistimos, el presidente perdió la guerra. Hizo todo lo que pudo para destruirnos, pero nosotros sólo resistimos. Usted se va al exilio. Nosotros aquí seguimos".

Marcos responsabilizó a Ernesto Zedillo de la matanza de Acteal e hizo un recuento de su gestión: "Magnicidios, crisis económica, empobrecimiento masivo, enriquecimiento ilícito y brutal de unos cuantos, venta de la soberanía nacional, inseguridad pública, ligas entre el gobierno y el crimen organizado, corrupción, irresponsabilidad, guerra... y chistes malos y mal contados". Al convocar a una conferencia de prensa, Marcos hizo una aparición inesperada.

* * *

Días antes, el 24 de noviembre, fue nombrado Luis H. Alvarez como comisionado para la paz en Chiapas. Cinco días después quedó integrada la Comisión de Concordia y Pacificación del Congreso de la Unión. Sus integrantes se reunieron con Alvarez y analizaron la forma de crear un ambiente favorable para que sea discutida la iniciativa de ley indígena. "La discusión en frío en el Congreso puede hacer fracasar su aprobación", advirtió Jaime Martínez Veloz.

El primer escollo de Fox para cumplir su promesa será superar la intención del PAN de modificar la propuesta original de la Cocopa. Para ello, este partido nombró a Fernando Pérez Noriega. Este diputado tiene fama ganada de duro y mostró intenciones de hacer observaciones a la mencionada iniciativa. Al ver la ansiedad de su correligionario, Luis H. Alvarez le dijo "cálmate, durito".

Sin embargo, Fox heredó una ocupación militar masiva, la amenaza real de los grupos paramilitares, la palabra incumplida del gobierno. En suma, una política de contrainsurgencia que fue montada estos años y que ha echado raíces en la entidad. Este aparato de guerra incluye toda una estructura de espionaje y de control político en las comunidades indígenas.

Para promover la paz, Fox tendrá que cumplir sus promesas y las condiciones mínimas de distensión que han demandado los zapatistas estos años: desmilitarizar los pueblos, desarmar a los paramilitares, honrar los acuerdos de San Andrés aprobando la ley de Derechos y Cultura Indígenas elaborada por la Cocopa, y la liberación de los zapatistas presos.

Otro de los desafíos del nuevo gobierno será hacer un balance de la política seguida por el gobierno de Ernesto Zedillo. Es obligada una auditoría para determinar el destino de los 100 mil millones de pesos invertidos por los gobiernos federal y estatal en los últimos dos años (que según Albores se han destinado a la inversión social en las regiones indígenas). Es imprescindible una investigación para deslindar responsabilidades oficiales en las violaciones a los derechos humanos y acabar con la impunidad y la protección a los paramilitares.

Hasta el último momento, el gobierno de Zedillo insistió en su visión del conflicto chiapaneco. La PGR insiste en sus versiones contradictorias. Públicamente aceptó que existen grupos paramilitares para justificar su fracasado operativo en Los Chorros, pero luego dice que no existen.

En la nueva Cocopa la inexperiencia es el sello distintivo. La mayoría de los legisladores no conocen las claves para entender el conflicto. El 28 de noviembre se reunieron con Jorge Madrazo, todavía procurador general de la República. Este les dijo que tenía información de que se había reactivado el grupo paramilitar Los Chinchulines, pero al mismo tiempo les dijo que se había desactivado a Paz y Justicia. Luego les entregó el Libro blanco de Acteal, donde reafirma su tesis de que la violencia paramilitar no existe, sino que se trata de conflictos intracomunitarios e interfamiliares.

Varios integrantes de la nueva Cocopa han hecho eco de esta versión de la PGR para explicar la paramilitarización.

Mientras el subprocurador Ismael Eslava señaló en días recientes que ni el Ejército ni Albores han protegido a los paramilitares, Madrazo filtró a los legisladores de la Cocopa la versión de que el operativo de Los Chorros fracasó por la filtración que habría hecho el gobierno de Albores, y la prueba sería que cuando llegaron a ese pueblo ya había ahí dos camionetas de la policía de Seguridad Pública del estado. Las contradicciones no se agotan ahí, pues es conocido que en ese lugar hay un campamento de la policía estatal y otro militar.

Otra de las explicaciones que Madrazo dio a los legisladores es que los paramilitares son sostenidos por los caciques locales, que le disputan el poder político y económico a los zapatistas. Luego dice que no son del PRI sino cardenistas los que está armados en Chenalhó. Los diputados tendrán que discernir sobre la información que reciben si no quieren convertirse en voceros de un gobierno que terminó.

Derechos humanos, peor que hace siete años

En días recientes, hasta Fox habló de una posible amnistía a los paramilitares. Marina Patricia Jiménez, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, muestra su preocupación por esta propuesta: "Estamos en una situación de conflicto armado donde no se ha llegado a una solución. En el caso de los grupos paramilitares, no se ha actuado contra los altos funcionarios federales y estatales que los han protegido. Se tienen que profundizar las investigaciones y castigar a los funcionarios y elementos policiacos y militares involucrados. La ley de amnistía buscaría encubrir a los funcionarios que están involucrados".

"Yo creo que si Fox quiere generar un clima de distensión tiene una responsabilidad como presidente de llevar hasta las últimas consecuencias las acciones que conlleven el desarme, el desarticular toda la infraestructura que se ha generado a través de las presidencias municipales, de la actuación del Ejército en las acciones que han tenido estos grupos. De mantenerse esta postura, en lugar de que él como autoridad sea garante de los derechos constitucionales y los derechos colectivos, existe el riesgo de que se convierta ahora en el principal encubridor de estos grupos".