Ť Autor intelectual y coautor de crímenes de la caravana de la muerte, los cargos

Dicta juez orden de arresto contra Pinochet; será sometido a juicio

Ť Llama el gobierno de Ricardo Lagos a mantener la tranquilidad del país al margen de partidismos

Ť Reacciones de júbilo de defensores de los derechos humanos y partidos dentro y fuera de Chile

Ť Amplió Guzmán a "homicidio calificado" los cargos de "secuestro calificado" de otros seis acusados

Enrique Gutiérrez Aicardi, corresponsal, y agencias, Santiago, 1o. de diciembre Ť El ex dictador Augusto Pinochet fue sometido hoy a proceso y se le dictó orden de arresto por parte del juez chileno Juan Guzmán Tapia, bajo los cargos de autor intelectual y coautor de los crímenes de la llamada caravana de la muerte de fines de 1973.

La decisión de Guzmán, quien instruye 187 querellas criminales contra el ex gobernante de facto, de cambiar la condición de Pinochet de inculpado a procesado, tomó por sorpresa al gobierno, que se apresuró a llamar a todas las instituciones y a los chilenos a mantener la tranquilidad del país, al margen de que guste o no este proceso.

En un marco de reacciones de júbilo entre los defensores de los derechos humanos y otros sectores políticos y sociales dentro y fuera de Chile, el presidente Ricardo Lagos declaró desde México que ésta es una decisión de la justicia que debe ser respetada por todos y acorde con el funcionamiento libre y soberano de la democracia.

Guzmán, quien hace nueve meses solicitó el desafuero como senador vitalicio de Pinochet tras su retorno de Londres, donde permaneció detenido 503 días, adoptó su dictamen de procesamiento sobre la base del delito de secuestro calificado de 19 casos de desaparecidos y de 55 ejecutados durante la caravana de la muerte

La decisión del magistrado, que implica el arresto domiciliario o la reclusión en un recinto castrense del ex militar, quien celebró la semana pasada su cumpleaños 85, fue sorpresiva porque no esperó la realización de los exámenes psiquiátricos y neurológicos que él mismo ordenó, conforme a inculpados mayores de 70 años.

Además, el juez amplió a "homicidio calificado" los cargos de "secuestro calificado" en contra de otros seis acusados en el mismo caso, entre ellos al jefe del operativo militar llevado a cabo en octubre de 1973 por el ex general Sergio Arellano Stark, implicado en la muerte de 74 presos políticos.

Los otros ex oficiales coacusados son Pedro Espinoza, Sergio Arredondo, Marcel Moren Brito, Daniel Rojas Hidalgo y Armando Fernández Larios. Espinoza ya fue sometido a juicio por el crimen del ex canciller Orlando Letelier, y Fernández Larios se encuentra prófugo en Estados Unidos.

Sorpresa y esperanza

El dictamen fue emitido al filo de las 14 horas local, y los primeros informes señalaban que en ese momento Pinochet se encontraba en su residencia rural de Los Boldos de Bucalemu, próxima a la costa del Pacífico y a 120 kilómetros de Santiago.

Lagos reiteró en México que será la justicia la que resuelva en definitiva, al insistir en que el Ejecutivo gobierna, el Poder Legislativo dicta y hace las leyes y el Poder Judicial dictamina lo propio dentro del ámbito judicial, y "es, por lo demás, una expresión de la democracia chilena".

En breve entrevista con Matilde Pérez, de La Jornada, agregó que la decisión de Guzmán muestra que las instituciones chilenas "funcionan adecuadamente" y fortalecen al país ante la comunidad internacional.

Cuando se le preguntó si la decisión del magistrado podría "inquietar" a las fuerzas armadas chilenas, respondió que "toda definición judicial puede implicar inquietudes, pero lo importante es que el Poder Judicial funciona, y funciona bien. Sería peor que las instituciones no funcionaran".

El ex presidente Patricio Aylwin sostuvo que la decisión "es un paso más de que hay presunciones" de que Pinochet tuvo conocimiento de los crímenes cometidos durante su dictadura, al recordar que fue el mismo militar el que dijo que "en el país no se mueve ni una hoja sin que yo lo sepa".

Fernando Barros, vocero de Pinochet, calificó como "aberración jurídica" la decisión, con la que según él el juez se hizo el harakiri, y lamentó que Guzmán se "se haya sumado a la orgía judicial que estamos viendo por parte de personas que quieren ocupar los tribunales de justicia para imponer una visión de nuestro pasado histórico".

En tanto que Pinochet enfrenta también una orden de extradición de la justicia argentina por el asesinato del general Carlos Prats y su esposa, el abogado querellante Eduardo Contreras dijo no ocultar su emoción por la decisión del juez de aplicar la ley con estricto rigor y porque en Chile se actúa con valor para juzgar a un ex dictador y se prestigia, así, a los tribunales.

Mientras, las fuerzas armadas se reunieron a puertas cerradas para analizar la orden de arresto y el proceso abierto a Pinochet, en lo que constituye la primera vez que la justicia chilena toca al anciano. La reunión fue convocada por el comandante en jefe del ejército, general Ricardo Izurieta.

Izurieta, quien remplazó a Pinochet en el mando del ejército en marzo de 1998, interrumpió un acto en la ciudad de Quillota y regresó a Santiago, y aquí afirmó que el ejército estaba colaborando en la mesa de diálogo de forma positiva, a fin de esclarecer la suerte de más de mil desaparecidos políticos durante la pasada dictadura.

El almirante Jorge Arancibia, comandante en jefe de la armada y uno de los asistentes al cónclave castrense, sostuvo que tras la decisión del juez Guzmán Tapia "esta situación está tensionando nuestra sociedad a un punto bastante crítico".

Hubo muestras de júbilo y esperanza desde España, hasta Argentina, Brasil, Bolivia y Guatemala, así como entre organismos como Amnistía Internacional, que elogiaron la decisión del juez porque se comienza a hacer justicia en torno a un genocida que hasta hace poco era omnipresente y había logrado eludir la justicia, en tanto que la organización Human Rights Watch dijo que "es un triunfo de las víctimas".

Envían a Massera a una prisión militar

En Buenos Aires se anunció hoy que el ex dictador Emilio Massera quedó recluido en un centro de detención de la Gendarmería Nacional de la base militar Campo de Mayo, luego de perder el beneficio del arresto domiciliario, conforme a una decisión de la jueza federal María Servini de Cubría.

La magistrada adoptó la decisión tras probarse que el ex marino, violador de los derechos humanos durante la pasada dictadura militar argentina, trasgredió las condi- ciones del arresto domiciliario del que gozaba por su avanzada edad desde 1998, pues abandonó su residencia en la localidad de Talar de Pacheco, en el norte del gran Buenos Aires, para pasear campantemente por las calles.