JUEVES 30 DE NOVIEMBRE DE 2000

Ť Octavio Rodríguez Araujo Ť

Universidades privadas y universidades públicas

Hubo una época en que las universidades privadas en México eran muy pocas y pequeñas. Todas ellas fueron creadas para atender necesidades específicas de grupos de interés que no coincidían con la orientación de las universidades públicas, que tampoco eran muchas, por cierto. Uno de los mejores ejemplos de instituciones educativas privadas de nivel medio-superior y superior ha sido el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), fundado hace poco más de 50 años para surtir de cuadros técnicos a las empresas de esa ciudad, con base en el modelo del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, en inglés).

Una característica de esas universidades privadas fue que, originalmente, sólo incluían carreras que necesitaban las empresas privadas (ingenierías, principalmente). Cuando se abrieron hacia la administración (de empresas) fue porque el neocapitalismo, del que escribiera Bruno Trentin, requería de directores y gerentes que tuvieran mejor preparación que los dueños tradicionales (de las empresas crecientemente complejas) y para los nuevos procesos tanto productivos como de comercialización. En esos tiempos nadie dudaba que la administración pública, especialmente la federal, se nutriera no sólo de abogados sino también de economistas, administradores públicos, sociólogos, y demás, normalmente egresados de las universidades públicas, de la UNAM en su mayoría. Dicho de manera muy esquemática, el sector público se nutría de profesionales de las universidades públicas y el privado de los egresados de las universidades privadas. Entre paréntesis, no es nuevo que muchas empresas rechazaran a egresados de la UNAM, a menos que no encontraran mejores candidatos en las universidades privadas.

El desarrollo de México después de los prósperos años 60, y particularmente después del movimiento estudiantil de 68, aumentó la demanda de educación media-superior y superior, y comenzaron a proliferar las universidades privadas, la mayoría de ellas con las carreras más demandadas por el pujante crecimiento empresarial. Muchas de estas universidades han mantenido niveles buenos de educación, aunque casi ninguna hace investigación; pero otras, las llamadas "universidades patito" simplemente han sido negocios ya que la demanda de educación superior, sobre todo tecnológica, ha crecido por encima de la oferta. También aumentó el número de universidades públicas, tanto en los estados como en el mismo Distrito Federal.

Varias de estas nuevas universidades públicas comenzaron su trayectoria cobrando cuotas de colegiatura a sus estudiantes. Casi nadie protestó y así siguen hasta la fecha. Se llamaron públicas, pero funcionaban y funcionan en buena medida como privadas o, en el mejor de los casos, como instituciones subordinadas a los gobernadores de los estados, porque la autonomía de estas universidades (incluyendo la de Nuevo León, que ahora nos ha regalado al futuro secretario de Educación Pública) nunca fue una realidad y, por lo mismo, sus directivos siempre vieron en las universidades privadas o en las de Estados Unidos el paradigma a seguir. Gracias a esta circunstancia la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior (ANUIES) fue convirtiéndose de una instancia defensora de la universidad pública tipo UNAM en una defensora de los dictados del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, por la intermediación del gobierno federal y la asunción del pensamiento neoliberal como fórmula de política económica y social para el país. Aun así, las principales universidades privadas abrieron su espectro de carreras profesionales a la sociología, la ciencia política, las relaciones internacionales, el derecho, etcétera, precisamente para formar a los cuadros de gobierno de la nueva y neoliberal administración pública. Si el mercado empresarial se ampliaba, incluso al ámbito gubernamental (por la orientación de los nuevos gobiernos desde antes de Fox), las universidades privadas quisieron poner su parte y no pocas universidades públicas (incluyendo a la UNAM bajo los rectorados de Sarukhán y Barnés) quisieron readaptarse y modificaron sus planes de estudio y aceptaron que una instancia privada pudiera evaluar su rendimiento.

Pero en la UNAM los tiempos cambiaron, y entre estos cambios habríamos de reconocer a un rector que ha insistido en defender el carácter público, nacional y autónomo de la casa de estudios, y que ha hecho suyo el demandado congreso universitario que sin duda definirá el rumbo de la misma. Así, De la Fuente ha declarado sin ambages, en entrevista con Karina Avilés de La Jornada, que no seguirá mandato alguno de organismos internacionales (en clara referencia a los aquí mencionados), que defenderá la autonomía, aun para establecer o no cuotas a los estudiantes, que no se puede ver a la educación superior únicamente en términos de rentabilidad y que si se desvirtúa el papel de la universidad pública lo que tendremos será una brecha mayor entre sectores privilegiados y el resto de la población que aspira a prepararse profesionalmente para servir al país y no sólo a las empresas.