MIERCOLES 29 DE NOVIEMBRE DE 2000
Ť El fallo de jueces, precedente para otros juicios
"Conspiración", la acción de la policía pinochetista en Argentina
Ť Cadena perpetua al asesino del general chileno Prats y su esposa
Ť Ilegales y secretos, los actos, dicen magistrados Sobrino y Roqueta
Stella Calloni, corresponsal, Buenos Aires 28 de noviembre Ť Los actos de los agentes en el exterior de la desaparecida Dirección Nacional de Inteligencia (Dina), la policía secreta pinochetista, fueron "ilegales y secretos" y formaron parte de una "conspiración" en asociación ilícita, concluyeron los jueces argentinos que la semana pasada condenaron a cadena perpetua al ex agente chileno Enrique Lautaro Arancibia Clavel, por el asesinato del general chileno Carlos Prats y su esposa Sofía, ocurrido en Buenos Aires el 30 de septiembre de 1974.
Los fundamentos de la condena fueron expuestos a puerta cerrada a las partes actuantes la víspera, y hechos hoy públicos.
El tema sienta un precedente sobre la actuación de servicios de seguridad o grupos como la Dina para los numerosos juicios que se llevan a cabo en el mundo por las operaciones realizadas dentro del siniestro Plan Cóndor en los 70 y 80, cuando las dictaduras o los servicios de seguridad coordinaron sus acciones para eliminar a los opositores políticos, desaparecerlos o capturar- los en un país para ser entregados a otro.
"La Dina era una agencia estatal de represión y persecución de opositores a la vez que cumplía misiones vinculadas al mantenimiento y fortalecimiento del régimen de facto en Chile. Sus actos eran, en el caso del departamento exterior, no sólo ilegales sino también secretos, así como la actuación de sus agentes, quienes se ocultaban bajo una identidad falsa. El crimen de Prats se inscribió en este panorama", se señala.
Esta fue parte del informe de los jueces José V. Sobrino y María del Carmen Roqueta, para fundamentar la condena de Arancibia Clavel, como partícipe necesario en el atentado contra Prats, que se había refugiado en Argentina después de renunciar a la jefatura del ejército tras el golpe de Estado contra Salvador Allende.
Arancibia Clavel era no sólo un agente de la Dina en Buenos Aires, ya que está comprometido también en otras acciones, como la detención aquí junto con un grupo de tareas argentino de la ciudadana chilena Lau- ra Elgueta Díaz, testigo en la causa que reconoció al condenado como uno de los hombres que la secuestraron y torturaron.
Los jueces Sobrino y Roqueta determinaron que se debe investigar el secuestro de Elgueta. En este caso, como en la condena a Arancibia Clavel, el tercer magistrado actuante, Horacio Vacare, no coincide con sus compañeros, pero está en minoría.
El juicio permitió conocer suficientes testimonios y documentación que demostraron cómo la Dina realizaba su trabajo en el exterior bajo la dirección del mayor Raúl Iturriaga Newman, cuya extradición, así como la del ex dictador Augusto Pinochet y Manuel Contreras, entre otros, pidió la justicia argentina a Chile.
Iturriaga Newman, comprometido en todas las acciones de la siniestra Operación Colombo, una acción de guerra sicológica de los servicios de seguridad de Argentina y Brasil en conjunto con la dictadura de Pinochet, para tratar de encubrir la desaparición de 119 prisioneros asesinados en las cárceles chilenas, también armó los centros de Cóndor en el exterior, como los que actuaron en Madrid y otros países europeos.
Documentos encontrados en el domicilio de Arancibia Clavel en 1978 permitieron no sólo descubrir datos y fotos de algunos chilenos desaparecidos, sino también reconstruir la Operación Colombo y conocer nombres de desaparecidos argentinos. Además, cuando la jueza María Servini de Cubría detuvo a Arancibia Clavel en 1996, éste reconoció que pertenecía a la Dina.
Los dos magistrados que fundamentaron la sentencia --que será apelada por la defensa de Arancibia-- sentaron otro precedente, como es el derecho a la preservación de las fuentes periodísticas, ya que la chilena Mónica González, investigadora de temas de derechos humanos, expuso durante el proceso preservando sus fuentes.
El precedente de calificar a la Dina de asociación ilícita podría aplicarse a otras organizaciones criminales como Avanguardia Nazzionale de Italia o la Fundación Nacional Cubano Americana de Miami.
En este momento varios de sus integrantes están detenidos en Panamá acusados de preparar un atentado contra el presidente de Cuba, Fidel Castro, y entre ellos se encuentra Guillermo Novo, quien con su hermano Ignacio fueron acusados de colocar la bomba que hizo explotar el automóvil del ex canciller chileno Orlando Letelier y su secretaria estadunidense Ronny Mofitt, en septiembre de 1976 en Washington.