amas creados y administrados por el Estado, con la finalidad de brindar beneficios económicos y servicios que permitan compensar en parte la pérdida en el ingreso del individuo por la inseguridad económica o resarcir sus insuficientes ingresos.
MIERCOLES 29 DE NOVIEMBRE DE 2000
Ť Las instituciones, objeto de uso discrecional
La seguridad social, elemento de estabilización política
Ť Estrategia prioritaria de gobiernos herederos de la Revolución
Angeles Cruz Ť El proyecto de vida democrática de los gobiernos herederos de la Revolución concibió a la seguridad social como un derecho del pueblo, con el cual ha estado ligado indefectiblemente para preservar la estabilidad política y el desarrollo económico del país. Así ha sido desde que en 1943 se formalizó la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y después, en 1959, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Actualmente, de acuerdo con cifras oficiales, 70 millones de mexicanos son derechohabientes de estas instituciones. El régimen obligatorio del IMSS cuenta con 15 millones de asegurados, que junto con sus familias suman 46 millones de personas. El programa IMSS-Solidaridad, que se encarga de dar asistencia médica y servicios hospitalarios a las áreas rurales, beneficia a 11 millones de individuos, mientras que el esquema de Seguro de Salud para la Familia, creado a partir de la reforma del Seguro Social en 1997, agrupa a quienes trabajan por su cuenta. Asimismo, el Programa de Jornaleros Agrícolas, instrumentado en 2000, pretende afiliar a dos millones de personas.
A decir de las autoridades, la reforma a la ley del IMSS resolvió su insolvencia financiera que, en 1995, ponía en peligro su viabilidad. Ahora refrenda su carácter público y la obligación del Estado de ser el garante de la seguridad social.
El ISSSTE, segunda institución pública en importancia del país, atiende a 10.2 millones de derechohabientes (empleados federales y sus familias). A la fecha, enfrenta una seria problemática derivada del déficit en su fondo de pensiones. Las autoridades han reconocido que urgen medidas para evitar una crisis financiera en la institución.
Crece el número de pensionados
La directora general, Socorro Díaz Palacios, habló recientemente sobre el problema y explicó que el grupo de derechohabientes de 60 años y más representa a 13.39 por ciento de la población amparada por el instituto. Este sector -en aumento constante- genera en proporción el mayor número de servicios de salud y presenta una alta incidencia de padecimientos.
El pago de sus pensiones representó al mes de agosto de este año 11 mil 760 millones de pesos, de los cuales aproximadamente la mitad es subsidiada por el gobierno federal. En cambio, la proporción de trabajadores en activo ha disminuido significativamente en relación con los retirados.
A partir de su establecimiento, la seguridad social ha venido consolidándose y desempeñando un papel preponderante en la vida cotidiana del país, explica el ex subsecretario de Coordinación Sectorial de la Secretaría de Salud, José Narro Robles, en su trabajo La seguridad social mexicana en los albores del siglo XXI. Con él coinciden investigadores y académicos como Lorenzo Meyer, para quien la aparición de la seguridad social ocurrió en la época en que la industrialización estaba en su apogeo y los gobiernos federales se esmeraban por fortalecer a las organizaciones sindicales y darles concesiones a cambio de obtener su apoyo.
La función principal de estas instituciones ha sido constituirse como elemento estabilizador y redistribiduidor de la riqueza, al brindar a los trabajadores y sus familias los elementos que coadyuvan a garantizarles los medios de subsistencia y el derecho a la protección de la salud. De hecho, afirma Narro, la participación de la seguridad social en la mejoría de los niveles de salud y bienestar de los mexicanos es indiscutible.
En La seguridad social y el Estado moderno, Roberto Gallaga, ex funcionario del ISSSTE, menciona que al paso de los años, las instituciones de seguridad social han representado ''un mecanismo neutralizador de contradicciones, que ha permitido mantener y reproducir el sistema político, dado que los márgenes de bienestar y los niveles de consenso siempre han estado relacionados''.
La Ssa se ha responsabilizado de atender a quienes quedaron excluidos de las instituciones de seguridad social: los indígenas y campesinos en las áreas rurales, y los desempleados en las zonas urbanas, pero más bien con un carácter asistencial.
El IMSS fue creado en 1943 para solucionar la inseguridad económica de la clase trabajadora y, al mismo tiempo, para mantener el control político y social del país. En tanto, el ISSSTE surgió en 1959 como una ampliación de los beneficios que los empleados gubernamentales recibían desde principios de siglo en la Dirección General de Pensiones.
Otras dos instituciones de seguridad social son la de Petróleos Mexicanos (Pemex), que beneficia a sus trabajadores, y el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFAM), que atiende a los integrantes de las mismas.
Para explicar la seguridad social desde el punto de vista económico, los investigadores del Centro de Investigación y Docencia Económicas, Fernando Solís y Alejandro Villagómez, indican que se ha distinguido por la inclusión de un conjunto de progr
amas creados y administrados por el Estado, con la finalidad de brindar beneficios económicos y servicios que permitan compensar en parte la pérdida en el ingreso del individuo por la inseguridad económica o resarcir sus insuficientes ingresos.
La investigadora Asa Cristina Laurell comenta que durante años la seguridad social funcionó así, hasta que esta política, que se encaminaba a la universalización de los derechos sociales, se vio truncada por la imposición del proyecto neoliberal, el cual tuvo un impacto negativo sobre el empleo.
Rechaza que la reforma emprendida en el IMSS en 1995 haya tenido su origen en problemas intrínsecos de la dependencia, y asegura que la modificación legal que finalmente entró en vigor en julio de 1997 conduce paulatinamente al desmantelamiento y a la privatización de los servicios.
La académica de la UAM Xochimilco opina que la supuesta escasez de recursos que motivó la reforma fue resultado de la política de restricción del gasto social y el deterioro de los niveles salariales que, entre 1983 y 1994, ocasionó al IMSS una pérdida acumulada de ingresos por un monto equivalente a 5.4 veces su presupuesto total en 1994. De ahí que la institución registrara la peor crisis financiera de su historia, según reportaron las autoridades en el Diagnóstico 1995.
En su análisis La reforma contra la salud y la seguridad social, Laurell apunta que el primer objetivo de la privatización se ubicó en los fondos de pensiones del IMSS, porque representaban enormes recursos financieros. De un sistema solidario se pasó a las cuentas individuales de retiro, administradas por organismos financieros. El segundo gran ámbito de privatización son los servicios de salud, pero ahí el proceso es más complejo, porque requiere de mecanismos para separar lo rentable para el sector privado y retener, reciclar o eliminar lo no rentable al sector público.
Cristina Laurell reconoce, sin embargo, que el mandato constitucional que garantiza el derecho a la salud y a la seguridad social, no se cumple porque la cobertura de servicios no es universal y una parte importante de los asalariados no está asegurada. Aun así, rechaza que los cambios legales realizados al IMSS hayan sido la mejor opción.
El académico y asesor parlamentario Carlos López Angel, opina que el ISSSTE no podrá mantenerse al margen de este proceso de reforma emprendido en la seguridad social. Su capacidad de respuesta, de por sí limitada, se ha visto mermada por la restricción del presupuesto, la caída del salario real y del empleo. Lo anterior, dice, se combinó con una fuerte erosión del salario entre médicos, enfermeras y personal paramédico y administrativo. El ISSSTE no ha podido recuperarse de los efectos de las crisis económicas recurrentes.
De 1990 a 1996, la población amparada por el instituto creció en promedio a un ritmo de 2 por ciento anual, pero registró caídas en 1992 y 1995, años en los que las tasas de crecimiento fueron de 1.6 o 0.8 por ciento. El pago de jubilaciones y pensiones mantiene al ISSSTE al borde de la insolvencia financiera, lo cual ha llevado a la actual directiva a proponer una reforma que incluya un aumento en el nivel de las aportaciones de los trabajadores y la posposición del derecho a obtener una pensión. En estas condiciones encontrará el nuevo gobierno el sistema de seguridad social del país.