MARTES 28 DE NOVIEMBRE DE 2000
Ť El débito, que cubrirermo los mexicanos, suma $100 mil millones: SCT
Tardará 25 años pagar el rescate carretero
Ť El dinero alcanzaría para cubrir 10 años de transferencias a la UNAM o 50 de pensiones a burócratas
Patricia Muñoz Ríos Ť Los mexicanos tardarán cuando menos un cuarto de siglo en pagar totalmente el costo del rescate carretero realizado en este sexenio, según estimaciones de la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y eso, bajo la condición de que se mantenga la estabilidad y el crecimiento económico.
Los casi 100 mil millones de pesos a que actualmente asciende la deuda por el rescate carretero equivalen a las transferencias que el gobierno otorga anualmente en conjunto a Conasupo, IMSS, ISSSTE, Liconsa, Banrural, Conafe, DIF, Conagua, INEGI y Aserca -el programa de apoyo a la comercialización de productos del campo- anualmente: o bien, es igual a tres años de subsidios a la producción, el consumo, la inversión, sumado a los apoyos financieros a estados y municipios.
Con este monto, también se pagaría casi 50 años de pensiones a los burócratas y casi un siglo de becas en distintos organismos, o bien alcanzaría para cubrir más de 10 años de transferencias a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Pero no, se tendrán que destinar al pago de la deuda que produjo la quiebra de las concesiones carreteras.
Un informe de la SCT indica que el débito por el rescate carretero se incrementó de 59 mil millones de pesos -en 1997- a más de 90 mil millones al cierre de 2000 como consecuencia del alza de las tasas de interés, del costo financiero y de la inflación, lo que indica que esta deuda seguirá creciendo en los próximos años.
También defiende que este adeudo tendrá "un costo fiscal de cero", es decir, no se erogará un solo peso del erario y no se desviará ningún recurso presupuestal para su pago, pues se autofinanciará con el cobro de peajes carreteros.
Sin embargo, todo lo que se recabe por cuotas en los próximos 25 años en nuestro país se destinará a cubrir esta deuda; dicho de otra forma, lo que paguen los mexicanos por usar las autopistas durante casi un cuarto de siglo se destinará a cubrir este rescate carretero, considera la SCT, o un poco más, quizás hasta 30 años. Incluso, la dependencia, conjuntamente con la Secretaría de Hacienda, mandó realizar un estudio con una empresa privada para determinar con qué velocidad se va a llevar a cabo este proceso, pues se considera que a partir de que el gobierno volvió a retomar la administración de las carreteras concesionadas y se redujeron las cuotas, la afluencia vehicular se incrementó en 48 por ciento.
La mayor presión de esta carga se tiene en la deuda bancaria de corto plazo, por lo que, entre otras cosas, las autoridades han estado colocando bonos para sustituirla, a través de un mecanismo de refinanciamiento para cambiar deuda cara por deuda barata. Cada 15 días se están haciendo estas colocaciones, y con estos recursos se cubre otro débito, y así se ha ido extendiendo el plazo de pago y disminuyendo la tasa de interés.
Sin subsidios
En un balance sexenal realizado por la misma dependencia establece que durante este régimen se dio una profunda transformación del sector y se realizaron "cambios sin precedente". Señala que en el caso del transporte se transitó de un sector poco competitivo a uno con mayor inversión y competencia, y de un sector subsidiado, a uno rentable y autosuficiente.
Apunta que en este régimen se modernizaron y construyeron cerca de 6 mil 400 kilómetros de carreteras; en caminos rurales se edificaron o mejoraron cerca de 3 mil 600 kilómetros. En total, el estado físico de la red federal pasó de 57 por ciento que estaba en malas condiciones, en 1994, a 35 por ciento en este año, y se llevaron a cabo macroobras de infraestructurá como la de Pátzcuaro-Lázaro Cárdenas, en Michoacán.
No obstante, reconoce que si bien en estos seis años se han presentado avances en materia de infraestructura carretera y de caminos, también se tuvo que hacer frente a situaciones muy delicadas, pues en 1997, a causa de interés público, se retomaron 23 concesiones de autopistas que casi no se utilizaban, que tenían problemas financieros que causarían un enorme impacto al sistema bancario y a la industria de la construcción, y que además se estaba desaprovechando para el movimiento de carga y pasajeros.