MARTES 28 DE NOVIEMBRE DE 2000

Ť Luis Hernández Navarro Ť

Presidencialismo empresarial

casi ninguna de las facultades legales o metaconstitucionales sobre las que funciona el presidencialismo mexicano ha sido modificada a raíz del triunfo electoral de Vicente Fox. No hay por parte del futuro presidente compromiso explícito de acotar la fuerza legal y de facto de que dispondrá como jefe del Ejecutivo. Los poderes Legislativo y Judicial seguirán siendo poderes subordinados.

En la elección del gabinete han prevalecido los intereses de quienes financiaron la campaña a la Presidencia: los grandes empresarios. Los futuros secretarios serán, en su mayoría, gerentes al servicio de los más poderosos grupos financieros y económicos del país, o funcionarios avalados por ellos. El interés privado se ha colocado en el puesto de mando del servicio público. A la herencia del presidencialismo se le ha sumado la lógica de funcionamiento empresarial. Es la hora del presidencialismo empresarial.

El presidente electo no tiene empacho alguno en reconocer el sesgo de sus designaciones. Para él "es un halago" que se señale a su gabinete como empresarial. Y, orgulloso, añade: "šQué bueno que va a haber disciplina, planeación financiera, mercadotecnia y comunicación! šQue va a ser un gobierno de calidad total y administración por objetivos!".

Es la hora de sustituir la política por el mercado, la administración pública por el manejo gerencial, la justicia social por el buen gobierno, la negociación por el orden y la disciplina, la ciudadanía por la clientela. El llamado a "reinventar" el gobierno del presidente electo traslada mecánicamente la ideología de la empresa privada a las políticas públicas. Pretende presentar lo empresarial, al margen de cualquier evidencia, como sinónimo de un gobierno eficiente, moderno, no burocrático, no corrupto y responsable.

Sin embargo, el discurso proempresarial del futuro gobierno está parado sobre pies de barro. Cuenta a su favor no con los éxitos de los grandes tiburones de las finanzas y la industria, beneficiarios del subsidio público a través de programas como Fobaproa y el rescate carretero, sino con el descrédito generalizado de la política y los políticos. Su ventaja no proviene de la respetabilidad moral de los señores del capital sino del fracaso de los integrantes de la partidocracia. La gente no votó por Alfonso Romo ni por Roberto Hernández, beneficiarios del PRI y sus privatizaciones, sino por el cambio. No habrá campaña de relaciones públicas que convenza a la población de las cualidades de los hombres de em-presa que hicieron sus fortunas a la sombra del régimen que termina.

Con la nueva administración llega un ciclo más de reformas neoliberales. El futuro gobierno buscará sustituir los incipientes derechos sociales por la creación de oportunidades y asistencia. Tratará de establecer como principio que más allá del ejercicio de sus derechos, los ciudadanos deberán ser responsables de ganarse la vida por sí mismos. Si su proyecto camina, en lugar de educación gratuita, dará becas; en vez de escuelas públicas, proporcionará recursos para que el estudiante pueda pagar su educación en la escuela que desee. Sustituirá los aumentos salariales directos por capacitación e incrementos atados a la productividad. En el IMSS se intentarán ampliar las posibilidades de subrogar servicios y revertir cuotas de los empresarios. Ya el dueño de Seguros América declaró estar listo para la medida.

Las organizaciones sociales le salen sobrando. Sindicatos obreros, asociaciones vecinales, ligas campesinas no tienen lugar en la nueva arquitectura social del foxismo. A lo sumo, algunas ONG lograrán colarse. En vez de trato colectivo, se establecerán relaciones individuales. Detrás de la afirmación de Vicente Fox de que se buscará atender a los pobres "directamente", se oculta la pretensión de prescindir de sus organizaciones y sus liderazgos. Su consigna será: šno más intermediarios! --al menos que sea inevitable tratar con ellos. De hoy en adelante los pobres sólo existirán como individuos no como grupos organizados.

Al lado del discurso de la iniciativa privada como motor de un gobierno eficiente, los futuros funcionarios públicos buscan vestirse con el manto de lo divino como una fuente adicional de legitimidad. A decir de muchos de ellos, deben su cargo no sólo a sus antiguos patrones o al presidente electo, sino a Dios. En contra de la secularización y del ejercicio de las creencias religiosas como un asunto privado, una parte del futuro gabinete ha hecho de su fe una cuestión pública que acompaña sus responsabilidades oficiales.

En la hora del presidencialismo empresarial, nuestro país parece condenado --parafraseando a Marshall MacLuhan-- a ser conducido hacia el futuro mirando por el espejo retrovisor.