MARTES 28 DE NOVIEMBRE DE 2000

Ť Exige mayor presupuesto para el Poder Judicial

Podrían cerrarse juzgados y tribunales, advierte Góngora

Ť Los fondos deben garantizar la autonomía del organismo, dice

Ť Inconformidad con el proyecto que Fox presentará al Congreso

Jesús Aranda Ť Genaro David Góngora Pimentel, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, advirtió ayer, "con firmeza", que de no otorgarse un presupuesto suficiente al Poder Judicial de la Federación, podría llegarse al extremo de pensar en cerrar juzgados y tribunales, "con las consecuencias que todos podemos imaginarnos".

En víspera de que el presupuesto sea discutido por la Cámara de Diputados, Góngora Pimentel aseveró que "pareciera no entenderse" que el Judicial es uno de los tres poderes que conforman al Estado mexicano y, en cambio, se le quiere colocar en el rango de una entidad de la administración pública, "lo que significa un grueso yerro".

De esta manera, el presidente del máximo tribunal expresó abiertamente su inconformidad con el anteproyecto de presupuesto que presentará el gobierno de Vicente Fox a los legisladores, mediante el cual se asignan unos 13 mil millones de pesos al Poder Judicial Federal, pese a que éste ha solicitado "al menos" unos 16 mil millones.

En 1999, ese poder recibió poco más de 8 mil millones de pesos -luego de que los legisladores le recortaron mil 500 millones- y, según datos oficiales, los requerimientos mínimos para garantizar la modernización y la instalación de órganos jurisdiccionales demanda para el año entrante más de 16 mil millones de pesos.

La decisión del ministro Góngora Pimentel de demandar en forma abierta más recursos para la instalación de juzgados y tribunales la tomó "porque recientemente se han producido expresiones en el sentido de limitar más los recursos del Poder Judicial".

En clara alusión al próximo arribo de Vicente Fox a la Presidencia de la República, Góngora Pimentel declaró que quien afirme que puede construirse un país moderno que enfrente los desafíos que plantea la globalización y, al mismo tiempo, se oponga al crecimiento de su Poder J udicial, "no ha entendido en qué consiste la modernización ni la globalización".

El también presidente del Consejo de la Judicatura Federal pronunció un discurso durante la ceremonia de entrega de reconocimientos a trabajadores del Poder Judicial con antigüedad de 50 o más años.

En dicho acto se refirió a las declaraciones que hiciera el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Luis Pazos, quien señaló que para recibir un incremento en su presupuesto, los poderes tendrían que "convencer", con base en su productividad, a los legisladores federales.

Al respecto, Góngora aseveró: "Para nosotros, ser productivos es dictar justicia en forma expedita, y nuestros activos para hacerlo no pueden ser otros más que la gente". Por un lado, subrayó, estamos obligados a ser productivos y, por el otro, no tendríamos con qué.

Añadió: "La administración de la justicia es un servicio que no puede regatearse; por ello, la urgencia de dotar al Poder Judicial de la Federación de un mayor presupuesto que garantice su modernización y autonomía".

Ante los consejeros de la Judicatura Federal, magistrados y jueces Góngora Pimentel señaló que la justicia federal recibe apenas 0.67 por ciento del presupuesto federal y, destacó, "si comparamos este porcentaje con otras experiencias internacionales, se observará lo poco significativo que es, lo cual nos tiene enormemente preocupados".

En países como Argentina, dijo, se asigna 1.67 por ciento a la justicia federal; en Ecuador, 2.50; en El Salvador, 1.24; En Venezuela, 3 por ciento, y en Estados Unidos, 1.48. Estas cifras demuestran, sin temor a equivocarse, abundó, que "la justicia federal no es presupuestalmente prioritaria".

Efectos indeseables

Lejos quedó Góngora, sin embargo, del planteamiento de demandar que la justicia federal tenga un presupuesto fijo equivalente a 3 por ciento del producto interno bruto, como lo hiciera hace dos semanas ante el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

Por otra parte, dejó en claro que en caso de no contar con los recursos suficientes, no se estaría en condiciones de cumplir con la impartición de una justicia pronta y expedita.

La escasez de fondos traería como consecuencia "un efecto no deseable" para la tranquilidad social del país y un crecimiento exponencial del rezago en la atención de asuntos, "en lo cual se ha tenido ya importantes avances"; ello, a su vez, "nos conllevaría a la paralización de la justicia federal, tardanza tan criticada por amplios sectores de la población que la sufren".

Ante la falta de comprensión a su demanda, el ministro explicó que los tribunales federales no sólo resuelven en última instancia asuntos civiles de propiedad, hipotecas, de títulos de crédito, de familia, de propiedad intelectual, de las relaciones de los particulares con los órganos de administración pública federal y local, sino también problemas en los que está en juego la libertad de las personas.

Además, sostuvo, un Estado democrático "en ciernes" no puede cometer el error de limitar el crecimiento de su justicia federal, pues ésta y democracia no pueden ejercerse separadas.

Insistió en que el Poder Judicial también contribuye al desarrollo económico de una nación, garantizando la seguridad jurídica a terceros, con vías expeditas para asegurar el cumplimiento de contratos y operaciones de crédito, así como obligaciones contraídas por trabajadores, patrones e inversionistas.

Consecuentemente, subrayó, quien hable de competitividad y crecimiento por un lado, pero por el otro insista en debilitar la presencia de los tribunales, incurre en una contradicción de origen y promueve un falso discurso.

En alusión a los retos que se plantea el gobierno de Fox, Góngora aseveró: "Si hay algo que distingue a los países desarrollados de aquellos que no lo son, es el contar con un Poder Judicial independiente, fuerte y generador de confianza".

Limitar el presupuesto a ese poder, manifestó, es cerrar las puertas a la inversión nacional y extranjera, así como quedarnos rezagados ante la globalización y enviar un mensaje desalentador a los mercados internacionales.

Es, advirtió, "perpetuar las desigualdades y la pobreza en nuestro país", así como poner en riesgo las libertades políticas consagradas como garantías individuales.