LUNES 27 DE NOVIEMBRE DE 2000

Desalojos, juicios y temor de 12 mil zoques a más violencia

El litigio en los Chimalapas

Víctor Ruiz Arrazola, corresponsal /I, Oaxaca, Oax., 17 de noviembre Ť Los errores administrativos y la sobreposición de planos que se dieron antes y después del 10 de marzo de 1967, cuando el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz emitió las resoluciones presidenciales para confirmar a las comunidades de Santa María y San Miguel Chimalapas sus territorios por 460 mil y 134 mil hectáreas, respectivamente, aún no dejan dormir tranquilos a los más de 12 mil zoques que ahí habitan.

A principios de esta semana la asamblea comunitaria de San Miguel Chimalapa determinó dar de plazo hasta el 15 de noviembre a los campesinos chiapanecos, que se encuentran en posesión y usufructo de predios en los parajes La Hondonada y San Marcos, para que los desalojen y recojan sus cosechas, pues de lo contrario serán echados con uso de la fuerza.

Miguel Maya, ex representante agrario de San Miguel, sostuvo que tal determinación se tomó luego de que los representantes de los campesinos y gobierno chiapanecos se negaron a realizar los trabajos de medición concertados previamente ante funcionarios de la Secretaría de la Reforma Agraria y de la Procuraduría Agraria, en la capital del país.

Tras varios años de confrontaciones en la línea limítrofe de los estados de Oaxaca y Chiapas, e interminables juicios ante los tribunales agrarios y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los comuneros de Santa María lo único claro es que en el terreno de los hechos sostienen pleito con 22 poblados asentados en unas 50 mil hectáreas de sus terrenos, mientras que los de San Miguel han tolerado que 16 mil de sus hectáreas se encuentren invadidas por siete poblados, todos con campesinos de origen chiapaneco.

Como ha sucedido año tras año, la situación se volvió a tensar el pasado 4 de octubre, cuando comuneros de San Miguel decidieron desalojar a un grupo de familias que se había posesionado nuevamente del predio La Hondonada y pretendía en días subsecuentes repartirse dos mil hectáreas de tierras pertenecientes a San Miguel, según informó el delegado de la Procuraduría Agraria en Oaxaca, René Ruiz Quiroz.

Esta respuesta de los comuneros tuvo su origen en la negativa de autoridades del gobierno de Chiapas a respetar la minuta de trabajo levantada el 12 de septiembre en las propias oficinas del secretario de la Reforma Agraria, Eduardo Robledo Rincón, exgobernador de Chiapas.

Acuerdos y retiro

Luego de nuevos acuerdos -el 17 de octubre en la sede de la Procuraduría Agraria en la capital del país-, durante un encuentro de autoridades de ambos estados y representantes de los comuneros chimas y de los campesinos chiapanecos, el día 23 la asamblea de los poblados de Benito Juárez y San Antonio, pertenecientes a San Miguel Chimalapa, accedieron a retirarse de La Hondonada con el fin de propiciar las condiciones para que personal del Registro Agrario Nacional realizara "el caminamiento del punto de Cerro de la Jineta al Tres Robles y al punto Tres Común para Santa María y San Miguel Chimalapa", explicó Ruiz Quiroz.

En tanto, el representante en Oaxaca de la Secretaría de la Reforma Agraria, Carlos Moreno Derbez, sostuvo que en la referida reunión "se logró que el gobierno de Chiapas volviera a expresar su voluntad para dar continuidad al tratamiento del problema de los Chimalapas y que se abriera la voluntad de la gente que ha tenido resistencia a la conciliación".

Dijo que una de las salidas a este problema es continuar con la propuesta de los Chimalapas ya encauzada con seis poblados, relativa a que se conviertan en comuneros, y la otra, que reciban de parte del gobierno de Chiapas y del sector agrario un apoyo para su reubicación en otros sitios acordados mutuamente.

José Luis Bustamante del Valle, director del Instituto Estatal de Ecología de Oaxaca (IEEO), manifestó que luego de más de 14 meses que los gobernadores de Chiapas y Oaxaca, así como funcionarios federales, se comprometieron a resolver el conflicto de límites entre ambas entidades, los avances de la parte oaxaqueña han sido varios, "aunque no se ven a simple vista, pero del lado chiapaneco únicamente se ha dado largas al asunto".

Reconoció que el conflicto entre los Chimalapas y los ganaderos de Chiapas, más que un problema eminentemente agrario es uno de intereses de gente de Chiapas, "de los que están aprovechando los recursos naturales, de ganaderos y madereros... Ni siquiera son los campesinos, pues reiteradamente, tanto Santa María como San Miguel, han demostrado, dicho y dejado asentado en actas su disposición para que aquellos campesinos y no acaparadores de tierras que estén dispuestos a reconocer que están dentro del territorio de San Miguel o Santa María Chimalapa, y reconocer que son comuneros, no tendrían ningún problema, los dejarían trabajar".

La comunidad de Santa María Chimalapa sostiene litigios con 22 poblados. Tres de estos cuentan con resoluciones presidenciales anteriores al 10 de marzo de 1967, fecha en que se publicó su decreto. Estas son, Constitución, Merceditas y Felipe Ángeles.

Las que tienen resoluciones presidenciales posteriores a ese año, son: La Lucha, Luis Echeverría Alvarez, Ignacio Zaragoza, Pilar Espinoza de León, Jorge de la Vega Domínguez, Benito Juárez II, Elsy Herrería de Castellanos, Plan de Guadalupe II, La Reforma, Canaan, Constitución (ampliación), Benito Juárez, Rafael Cal y Mayor, Guadalupe Victoria II y Constitución II. Otro caso pendiente es el de Nuevas Maravillas.

Mientras que San Pedro Buena Vista y Francisco Sarabia, que pidieron dotación, tienen acuerdo de archivo o dictamen negativo anterior al 8 de julio de 1992. El poblado de Nuevo Jerusalén también es otro caso pendiente.

El trabajo de conciliación realizado por los comuneros de Santa María para entablar un diálogo directo con los campesinos de origen chiapaneco asentados en la zona, ha propiciado que 14 poblados se hayan incorporado voluntariamente a este proceso, aunque los retrocesos han sido múltiples ante la influen- cia de agentes gubernamentales de los llamados pequeños propietarios del estado de Chiapas.

En tanto, la situación jurídica de los siete poblados de origen chiapaneco, respecto de San Miguel Chimalapa, es que Rodulfo Figueroa, Ramón E. Balboa y Nuevo Tenochtitlán tienen resoluciones presidenciales anteriores a 1967, mientras que posteriores a ese año están las de Flor de Chiapas y Gustavo Díaz Ordaz. Con acción agraria en trámite se encuentran Nuevo Tenochtitlan (Ampliación) y Fénix-Monte Sinaí II.

Ecologistas y promotores agrarios que han venido trabajando en la zona desde hace más de diez años consideran que el conflicto de La Hondonada es el principio de una nueva escalada de confrontaciones, con motivo del cambio de administración, tanto en el estado de Chiapas como a nivel federal.