LUNES 27 DE NOVIEMBRE DE 2000

Ť Iván Restrepo Ť

Xcacel: un negro broche ambiental

Apenas hay 3 kilómetros de extensión en la costa de Quintana Roo. Sin embargo, las bahías de Xcacel y Xcacelito son punto central en la lucha por lograr un desarrollo fincado en el respeto de los recursos naturales.

Científicos, grupos ambientalistas, organizaciones sociales, legisladores, y hasta algunos miembros de la iniciativa privada, buscan desde hace años que esas playas y la franja costera adyacente, de belleza única, se preserven, no entren al salvaje mercado inmobiliario que hoy impera en lo que apenas hace seis años la entonces presidenta del Instituto Nacional de Ecología (INE) y todavía titular de Semarnap, definió como el mejor ejemplo de lo que debía ser un desarrollo en armonía con el medio: los 120 kilómetros del corredor turístico Cancún-Tulum.

No ha sido así, y la autorización que el INE concedió recientemente a la cadena española Melia y a otros empresarios para que construyan en Xcacel e Ixcacelito varios hoteles de lujo es el broche nada brillante con el que la administración del presidente Zedillo cierra el capítulo ambiental.

Xcacel y su vecina Xcacelito son dos de las más importantes playas de anidación de las tortugas caguama y blanca en México. Además, los ejemplares que llegan cada año a esta porción de Quintana Roo presentan la mayor diversidad genética respecto a las mismas especies en el Atlántico.

Sus características biológicas y biogeográficas son motivos más que suficientes para garantizar la conservación de los sitios donde los quelonios llegan a desovar, a cumplir una parte fundamental de su ciclo de vida.

Pero, además, estas dos playas colindan tierra adentro con complejos mosaicos de comunidades vegetales, entre las que sobresalen dunas costeras, manglares, matorrales y selvas bajas. Todas ellas en conjunto albergan por lo menos 300 especies de plantas, algunas calificadas por las normas mexicanas como amenazadas y, por lo tanto, requieren cuidado máximo.

Numerosos estudios de especialistas nacionales y extranjeros, como los de Julio Zurita, Claudia Gallardo y Armando Rincón, así como análisis divulgados por el incansable grupo ecologista GEMA, abundan en la necesidad de conservar y proteger integralmente esas playas para la vida de las tortugas y especies animales y vegetales existentes en esa porción costera. Asimismo subrayan la importancia de evitar que la industria turística se apoderara de ellas para convertirlas en un ejemplo más de deterioro ambiental y social, sumándose a los muchos que hoy distinguen a Cancún y a la franja litoral que de este polo turístico lleva a Tulum, y que se expresa en casi 40 mil cuartos de hotel, pero a la par en 80 por ciento de población marginada, pobre, y con un enorme déficit de servicios públicos.

Aunque las autorizaciones concedidas por el INE a hoteleros conllevan una serie de restricciones, que los empresarios deben cumplir para evitar daños al ambiente y asegurar el arribo y la reproducción de las tortugas, nadie cree que se cumplirán, pues la corrupción y la negligencia burocrática van en Quintana Roo de la mano con los intereses hoteleros. Y lo fundamental: son tantas las contradicciones que contiene el documento del INE, los desacuerdos con otras instancias oficiales, las omisiones y violaciones a varias normas legales existentes, que nos lleva a pensar que la autoridad respondió más a las presiones empresariales y políticas que a los intereses de la naturaleza y la sociedad.

En este sentido, la actuación del INE se une a la manera en que el ex gobernador Mario Villanueva vendió las 164 hectáreas a varios "desarrolladores". Esa transación ha sido señalada desde el principio como oscura y fruto de la corrupción.

Parecería que, con la bendición del INE, la intención es no remover las aguas negras en que yacen importantes negocios hechos a la sombra del poder en Quintana Roo para no salpicar por igual a funcionarios que a empresarios.

Aunque todo indica que los hombres del dinero serán los que impongan su parecer en el sexenio próximo, los nuevos responsables de la gestión ambiental de México deben revisar a fondo el asunto de Xcacel e Xcacelito. De ninguna manera pueden comenzar tareas avalando irregularidades, negocios turbios e incompetencias pasadas. Por el contrario, deben hacer realidad lo que promete el discurso político del señor Fox en materia ecológica.