LUNES 27 DE NOVIEMBRE DE 2000
Ť Elba Esther Gordillo Ť
Restaurar el tejido social
entre todos los temas de la agenda nacional hay uno que tiene que ser acometido con urgencia: el combate a la pobreza y a la pobreza extrema y, desde luego, a las condiciones estructurales que las hacen posibles y en las formas que adopta la desigualdad social, inaceptables para la dignidad humana.
Todos los días, en la compleja geografía del país irrumpen hechos que subrayan el abandono, y que son expresiones lacerantes de la desigualdad social que aún prevalece en México. Ya se trate de una rebelión urbana luego de enfrentamientos entre la autoridad pública y vecinos y comerciantes, del desarme de grupos armados en las zonas rurales de Chiapas; de movilizaciones de empleados públicos en demanda de compensaciones económicas; de huelgas estalladas por los trabajadores; de protestas de los depositantes de las cajas populares por la pérdida de sus ahorros; de compatriotas ultrajados o asesinados de uno u otro lado de la frontera con Estados Unidos; de la proliferación de la violencia intrafamiliar, todos esos hechos en sus orígenes, protagonistas e impactos tienen un denominador común: la dramática inequidad.
No se pretende negar que existen otros asuntos en la agenda nacional que requieren, también, de inmediata atención en la economía, el impulso a la empresa mediana, pequeña y micro, o la reconstrucción del sistema financiero; en el ámbito político, acompasar instituciones y leyes al nuevo tiempo, entre muchos otros.
Tampoco podemos ignorar que los fenómenos enlistados, y otros de igual o semejante gravedad, no tienen que ver únicamente con las condiciones de desigualdad que persisten en amplias franjas de la geografía, la economía, la sociedad y la cultura en México, sino que su fenomenología responde a otro tipo de determinaciones.
El negocio de los narcóticos y el tráfico de armas, por ejemplo, tiene que ver con la formación de poderosas estructuras de poder de dimensión internacional, cuya lógica e intereses desbordan las fronteras de los países; el crimen organizado se ve protegido y favorecido por la corrupción de los cuerpos encargados de la seguridad pública y de las instancias responsables de la administración y la procuración de justicia; la presencia de grupos armados al servicio de particulares responde a la permanencia de cacicazgos.
La migración a Estados Unidos involucra la existencia de redes familiares a ambos lados de la frontera; el maltrato contra los niños y las mujeres es expresión de una subcultura (el machismo) que se ejerce contra los más débiles, y así se podrían encontrar razones específicas para diferentes problemáticas que aquejan a los mexicanos.
Sin embargo, como elemento aglutinador de estos diferentes hechos, como caldo de cultivo para su manifestación y agravamiento, se encuentran las condiciones de desigualdad social que privan en México y la ausencia o el déficit de valores.
De ahí el imperativo de que todos los actores sociales y políticos alcancen un sólido consenso, lo mismo entre las autoridades gubernamentales, entre dirigentes empresariales y líderes sindicales, entre académicos e intelectuales, de que hacia adelante México necesita, para asegurar su vialidad histórica como nación, superar los índices de desigualdad que separan y marginan a personas, comunidades, grupos, regiones, actividades socioeconómicas, etcétera.
La democracia y la modernización económica alcanzadas podrían verse amenazadas --como acontece cotidianamente en América Latina-- por la injusticia que desencadena explosiones sociales e, igualmente, por la manipulación o el uso interesado de las necesidades, demandas y expectativas de grandes sectores de la población.
Ahora bien, es necesario puntualizar que el reto no es sólo combatir la pobreza y la marginación, tarea que rebasa el plano social, sino que la desigualdad que empuja a la polarización de la sociedad y amenaza con corroer los cimientos de la cohesión y el orden, obliga a asumir una perspectiva más integral de los rezagos y las carencias de la población mexicana.
En la economía, en el campo, en el acceso a la educación y la cultura, en el ejercicio de las libertades y los derechos políticos, etcétera, la cuestión central radica en reducir significativamente y lo más pronto posible los extremos que hoy caracterizan al país, lo que exige subrayar y fortalecer los valores éticos, el respeto a la dignidad humana, el estricto apego a la legalidad, la honestidad y el respeto a la diversidad, a los derechos humanos y al medio ambiente, hasta convertirlo en moneda de curso normal entre los ciudadanos, tareas que involucran a todas y a todos: la familia, los medios de comunicación y la educación, y a la sociedad entendida como una magna aula social.