Jesús Narváez Robles, corresponsal, Compostela, Nay., 24 de noviembre Ť Cientos de pescadores a los que se les impide el acceso a playas que antes eran de uso cotidiano, además de ejidatarios que alegan fueron engañados al comprarles una franja cercana al mar, comenzaron movilizaciones y emprendieron una lucha legal para lograr que el grupo empresarial que adquirió decenas de hectáreas y recibió el permiso de concesión en las zonas de Chacala y Chacalilla ?colindantes entre sí? les devuelva el derecho de entrada a su zona común y se "involucre a todos" en el plan de desarrollo de la región, en la cual se pretende crear un complejo turístico privado.

Chacala se ubica a 70 kilómetros de esta cabecera municipal y su playa es considerada de las más bellas y concurridas de la entidad. "Casi siete mil turistas acuden en Semana Santa", dice José Enrique del Valle, dueño de un pequeño hotel en el lugar.

El interés que esa zona ha despertado en inversionistas y políticos es evidente. Dos kilómetros antes de llegar al lugar del proyecto turístico se encuentra, imponente, el rancho Maralta, una propiedad con laguna privada y que se valúa en poco menos de 10 millones de pesos, misma que hace meses fue decomisada al ex secretario de Finanzas del gobierno del estado Gilberto Martínez, luego de ser encarcelado bajo el cargo de enriquecimiento ilícito.

 Asimismo, en el poblado de Chacala, a 50 metros del mar, se halla una mansión del ex gobernador Rigoberto Ochoa Zaragoza, que se ubica justo donde la línea que marca los límites del complejo turístico privado da una vuelta para esquivar tal inmueble.

El proyecto en conflicto

Según datos del Fideicomiso Bahía de Banderas (Fibba), que tiene la posesión de la mayor parte de tierras ubicadas en la zona turística de la zona, este organismo vendió al empresario jalisciense Antonio Martínez de la Peña ?dueño de la Promotora Chacala? 35 hectáreas ubicadas en la zona de Chacalilla y 37 más en la de Chacala. En tanto, el comisariado ejidal de Las Varas vendió al mismo inversionista 18 hectáreas y media que se hallan junto a la playa Chacalilla.

Y aunque las transacciones se realizaron hace años, actualmente han surgido conflictos por el incumplimiento de compromisos de la empresa con los pescadores, y el "descubrimiento" de que la compra de tierras ejidales fue "amañada y mediante cohecho". Abelardo Bustos Oregón, dirigente de la cooperativa de pescadores local, denominada Costa de Chila, Peñita y Boca de Ameca, SC de RL de CV, señala que cuando adquirió las tierras, la Promotora Chacala ofreció construir una capilla, un salón de usos múltiples y una plaza en el pueblo. Sin embargo, nada ha cumplido.

Lo único que hizo ?dice? fue posesionarse de la calle del pueblo que conducía a la playa Chacalilla, la pavimentó y la convirtió en carretera de acceso al nuevo complejo turístico.

Por sus litorales tranquilos, la playa era utilizada para remolcar hasta ella las lanchas que se ponían en peligro durante el mal tiempo o las marejadas: "era nuestra área de refugio", enfatizan los pescadores locales.

"Ahora, si queremos pasar, tenemos que pedir permiso; y aunque sabemos que de acuerdo con la ley hay 20 metros de playa (a partir de la orilla del mar) que son zona federal, de la que nadie se puede apropiar, el acceso está bloqueado. Además, la gente que cotidianamente acudía a nadar a esas aguas tranquilas, ya no puede hacerlo".

Los pescadores reiteran que su petición principal es que se tome en cuenta al poblado dentro de un plan ordenado de desarrollo. "Tenemos derecho a disfrutar lo nuestro. No vendamos el país a pedazos", decían las mantas portadas por los habitantes que marcharon por el pueblo hasta la entrada de la propiedad privada para protestar.

Probables ventas amañadas

Las playas Chacala y Chacalilla se ubican junto a una zona de bosque y tierra ejidal, conocida como La Mesa del Chivo. Allí hay otro conflicto con los mismos inversionistas: el de los ejidatarios que descubrieron "anomalías y engaños" en la compra de los terrenos.

De acuerdo con las actas de asamblea del comisariado ejidal de Las Varas, en diciembre de 1991 se aprobó la venta de una superficie de ocho hectáreas y media ?ubicadas en el predio denominado Chacalilla? al empresario Martínez de la Peña, quien aceptó pagar en efectivo 150 millones de (viejos) pesos por el terreno.Viene de la 44

Margarito Padilla, Antonio Díaz Ordaz, Juan Dueñas y Luis Alberto Ibarría, quienes encabezan el movimiento para "echar atrás la transacción amañada que hicieron anteriores autoridades ejidales", aseguraron que en las asambleas donde se realizó la cesión de tierras para la Promotora no hubo quorum legal. Asimismo, indicaron que de las ocho y media hectáreas correspondientes a Chacalilla, sólo una parte estaría pegada a las playas.

Sin embargo, los empresarios se adueñaron de toda la franja pegada al mar, impidiendo el acceso a ese lugar de esparcimiento común y quitándole plusvalía a las mil 358 hectáreas de la zona ejidal que aún está en poder de los campesinos.

Los denunciantes mostraron documentos supuestamente encontrados en los archivos del comisariado ejidal, donde relucen copias de cheques por 5 mil pesos cada uno, entregados a ejidatarios para que acudieran a una asamblea realizada en el mes de marzo del presente año, en la cual Martínez de la Peña recibiría la autorización para el "dominio pleno" de las tierras en cuestión.

Impugnación ante el Tribunal Agrario

Ante las irregularidades detectadas en la venta de los predios de Chacala y Chacalilla, los campesinos presentaron una denuncia formal ante la Procuraduría Agraria, para "rescindir" los acuerdos tomados entre anteriores directivas ejidales y los empresarios, "debido a las ilegalidades detectadas". Según indicaron, más del 50 por ciento de los 518 miembros del ejido participan en esta impugnación.

El subdelegado de Medio Ambiente de la Semarnap, Manuel Blanco, señala que los permisos ante esa dependencia "fueron gestionados directamente en la ciudad de México", y muestra un documento oficial con fecha 13 de junio de 2000, en el que la Dirección de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental "revalida la autorización del proyecto denominado Palmares de Chacalilla en materia de impacto ambiental".

Por su parte, Raúl Méndez Lugo, delegado del INAH en la entidad, indica que en el lugar del proyecto existen 10 vestigios arqueológicos bajo tierra, la mayoría de ellos en la zona donde se planeó el campo de golf, entre los que se hallan montículos piramidales, petroglifos y una antigua bodega colonial, por lo cual la Promotora Chacala se comprometió a no destruirlos, y recientemente entregó 214 mil pesos para trabajos de remodelación, pues ?explicó? "la empresa tiene que pagar las investigaciones arqueológicas para que le liberemos el permiso de construcción".

Fibba busca un tercer comprador

Gerardo Gangoiti Ruiz, director del Fibba, señala que el asunto de las bardas "es normal en cualquier zona adquirida por particulares, pues para que funcione, tiene que ser un desarrollo exclusivo y privado".

Luego explica: "La empresa compradora ya pagó completamente la que corresponde a la zona de Chacalilla, sin embargo, en las 37 hectáreas de Chacala aún quedan adeudos por parte de Martínez de la Peña y por tal motivo esa parte está en reserva de dominio, hasta que cumpla con los pagos", cuyo monto se negó a revelar. Además, aun cuando pagara, no se le escriturará hasta que cumpla con los compromisos pendientes (construcción de la capilla, la plaza y otras obras.)".

Según señala Gangoiti, "el trato se hizo con Martínez de la Peña, y éste a su vez invitó a participar a un grupo empresarial conocido como los hermanos Padilla, pero ni juntos han logrado liquidar la parte que falta del pago, por ello "se está creando un plan maestro en el que participe un tercer inversionista". Incluso, "Martínez aceptó evitar un pleito legal (que podría dejarlo fuera del proyecto) y estuvo de acuerdo en que entrara ese tercer inversionista, que aún andamos buscando".

Gangoiti deslinda a Fibba del conflicto con los ejidatarios y pescadores, y explica que el problema de la Promotora Chacala tiene tres vertientes: por un lado, con los ejidatarios; del otro, con los pescadores; y el tercer punto es el adeudo con el Fibba, al no haberse cumplido el programa de pagos y las obras de beneficio.

No obstante, el presidente municipal de Compostela, Juan Aguirre Chávez, dice que "los problemas se están ponderando demasiado", y señala que la empresa Marina Chacala lleva a cabo un desarrollo turístico que generará, cuando esté en todo su apogeo, mil 500 empleos y en estos momentos está generando 400".

Mientras tanto, los ejidatarios y pescadores dicen estar en pie de lucha ?"pacífica, pero irrenunciable"? en busca de echar atrás la "compra amañada de tierras", así como recuperar sus playas y participar en un proyecto en el que "se tome en cuenta a todos".