SABADO 25 DE NOVIEMBRE DE 2000
Ť Necesario, un equilibrio entre los derechos de expresión y de libre tránsito
Política de puertas abiertas, el remedio contra marchas: Robles
Ť La propuesta de reglamentar las manifestaciones generó controversia entre los diputados
Laura Gómez Flores y Gabriela Romero Sánchez Ť Las manifestaciones en la ciudad de México no se resolverán con reglamentaciones, sino con una política de puertas abiertas y un equilibrio entre este derecho constitucional y la libertad de tránsito sin cortapisas, afirmó la jefa de Gobierno, Rosario Robles, al criticar el amarillismo en que incurrieron algunos medios de comunicación al difundir la noticia de la muerte de un niño, el jueves, durante una marcha del Frente Popular Francisco Villa.
La sola idea de reglamentar las manifestaciones generó controversia entre los diputados locales de las distintas fracciones parlamentarias, ya que mientras la perredista Ruth Zavaleta Salgado se pronunció a favor, el vocero de su bancada, Alejandro Sánchez Camacho, aseveró que el tema no se ha discutido. En tanto, el PAN anunció que la próxima semana presentará una iniciativa en la materia, en la que se incluye la creación de un marchódromo.
Mientras, Democracia Social y el PRI advirtieron que en pocos días arribará al poder un gobierno de tendencias conservadoras, del PAN, que pudiera anteponer el orden a la libertad de los ciudadanos a manifestarse.
Democracia, sólo sin desigualdad
En una reunión con integrantes de la Asociación Nacional de Locutores de México, Robles Berlanga advirtió que la democracia no se dará con un cambio de siglas en un país de 70 millones de pobres --aun cuando se ha logrado derrotar a un régimen de partido de Estado--, sino hasta acabar con las desigualdades existentes, y se respeten los derechos constitucionales de la ciudadanía.
Por ello, agregó, corresponderá a las próximas administraciones federal y local abordar temas como el de las manifestaciones, cuya solución no se encuentra en concentrarlas en lugares específicos, como algunos partidos políticos han planteado, pues hay derechos constitucionales que deben respetarse, como el de expresión y de libre tránsito.
Lo idóneo, argumentó, sería equilibrar el ejercicio de ambos derechos, mediante una política de puertas abiertas y diálogo que a nivel local funcionó y permitió disminuir hasta en 70 por ciento las marchas relacionadas con problemas de la ciudad en esta administración, en tanto las de carácter federal continuaron.
"Lo vimos en la situación del bono sexenal: las manifestaciones estuvieron vinculadas a demandas ante el gobierno federal, mientras nosotros resolvimos el problema rápidamente y no hubo ni una sola marcha de nuestros trabajadores que afectara de manera grave", dijo Robles.
Planteó, con base en la experiencia obtenida, mantener un canal de diálogo permanente y una política de puertas abiertas antes que imponer reglamentaciones. La muerte de un niño es lamentable, afirmó, pero la situación se agrava cuando algunos medios de comunicación proporcionan una información incorrecta de los sucesos, por lo que se debe reflexionar sobre su papel en esta nueva etapa.
En entrevista por separado, los diputados recordaron que ésta no es la primera vez que se menciona la posibilidad de legislar en materia de marchas; sin embargo, nunca se ha logrado establecer un acuerdo político en el que participen todos los partidos.
Zavaleta Salgado precisó que la propuesta para reglamentar el uso de la vía pública cuenta con el consenso de la mayoría de los integrantes de la Comisión de Vialidad y Tránsito Urbanos de la Asamblea Legislativa.
Los legisladores perredistas Sánchez Camacho y Adolfo López Villanueva aclararon que los comentarios de Ruth Zavaleta son a título personal, ya que al interior del partido no se ha puesto a discusión este tema. López Villanueva, integrante del Frente Popular Francisco Villa, dijo que en vez de reglamentar las marchas, se tendría que regular el trabajo de los funcionarios. "Si la gente tuviera vivienda, empleo y educación no saldría a las calles a manifestarse. ƑO ustedes creen que a la gente le gusta hacer esto?", preguntó.
El coordinador de Democracia Social, José Buendía Hegewisch, advirtió que el nuevo gobierno federal podría privilegiar el orden sobre el derecho a la libre expresión. "Hay que analizar muy bien las cosas para ver si es conveniente o no legislar en materia de marchas, porque se podría convertir en un dique para el derecho de los trabajadores a expresarse".
Subrayó que no se puede hacer la regulación de un derecho --a manifestarse-- a costa de otro --de libre tránsito.
En el mismo sentido se pronunció el priísta Marco Antonio Michel Díaz, quien recomendó mantener la calma y no precipitarse en la toma de decisiones que podrían ser contraproducentes para los ciudadanos. Hay que evitar decisiones que pudieran servir para que gobiernos conservadores utilicen la represión para controlar este tipo de expresiones, alertó.
En tres años, 4 mil 935 actos masivos en las calles
De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Seguridad Pública, de enero de 1998 al 31 de octubre de este año se realizaron 4 mil 935 actos masivos en las calles de la ciudad, principalmente en el Centro Histórico, con la participación de tres millones 722 mil 264 personas.
Diversos grupos y organizaciones políticas optan por tomar las calles para presionar a las autoridades, tanto federales como locales, para que atiendan sus demandas: burócratas federales, personas en busca de vivienda, quienes defienden su preferencia sexual e integrantes de corporaciones policiacas.
Durante 1998 se llevaron a cabo 358 marchas, 82 mítines, 841 concentraciones y 139 plantones; enero fue el mes con más manifestaciones.
El año pasado fueron 2 mil 40 actos masivos, en los cuales intervinieron casi un millón y medio de manifestantes.
En este año, hasta octubre la SSP ha registrado 311 marchas, 49 mítines, mil 14 concentraciones y 101 plantones; mayo va a la cabeza, con 150 actos masivos, en los que participaron 403 mil 535 personas.
Las manifestaciones del mes en curso iniciaron con los empleados federales que, en demanda del bono sexenal, bloquearon vialidades como Constituyentes, Reforma e Insurgentes. El 5 de noviembre, vecinos de Cuajimalpa demandaron al jefe delegacional la expropiación de 150 hectáreas de bosque. El miércoles pasado, maestros del Colegio de Bachilleres realizaron un mítin frente a las oficinas de la Secretaría de Hacienda ubicadas en avenida Hidalgo, y el jueves integrantes del Frente Popular Francisco Villa al marchar por Bucareli fueron embestidos por un conductor que provocó la muerte de un menor y estuvo a punto de ser linchado.
En cuanto a las pérdidas económicas y daños ambientales ocasionados por las manifestaciones, según datos proporcionados por la Comisión de Vialidad y Tránsito Urbanos de la ALDF, durante una concentración en el Zócalo capitalino se pierden dos millones 150 mil pesos, las emisiones de monóxido de carbono se incrementan en 191 puntos, mientras que el consumo de combustible aumenta en 215 por ciento.