SABADO 25 DE NOVIEMBRE DE 2000
Ť Argentina, atrapada en su pasado macabro
En fase terminal, los 13 presos de La Tablada que ayunan
Ť De la Rúa busca legitimar nuestra prisión ilegal, aseguran rebeldes
Ť Tres mujeres y 10 hombres, en huelga de hambre desde septiembre
Carlos Fazio Ť Agorera, la sombra de Bobby Sands planea sobre Argentina. El presidente Fernando de la Rúa, como antes el general Jorge Rafael Videla, se ha empecinado en desobedecer la ley y podría terminar emulando a Margaret Thatcher. De él depende la vida de los 13 presos políticos de La Tablada, en fase terminal luego de 81 días de huelga de hambre.
Como la Dama de Hierro inglesa, De la Rúa podría pasar a la historia si decide dejarlos morir. Es como si el poder necesitara verlos muertos para cerrar un círculo, uno de los más trágicos de la convulsionada historia argentina.
Desde el 5 de septiembre, 10 hombres y tres mujeres que en enero de 1989 intentaron incursionar en el cuartel de La Tablada y fueron capturados por el ejército, vienen llevando a cabo un ayuno en demanda de que su causa sea revisada. Decidieron inmolarse para pedir justicia.
Piden que se les reconozcan sus derechos. No piden la gracia ni la absolución. Ni el punto final ni la obediencia debida. Tampoco el indulto por sus actos. Ningún estado de excepción. Simplemente, una estricta y elemental igualdad ante la justicia. Una ley igual a la que se le aplicó a los militares, lo que también reclama la Corte Interamericana de Justicia.
Transcurridos 81 días de huelga, el estado de salud de todos es muy precario y en cualquier momento pueden sufrir un colapso que derive en un desenlace fatal. Se encuentran en lo que los médicos llaman "zona de riesgo". Han perdido en promedio 20 por ciento de su peso. Las imágenes reproducen cuerpos cadavéricos.
"Son frágiles sacos de cuero y huesos", los describió el periodista Miguel Bonasso, quien pudo burlar a los guardias y visitar a seis de ellos en el Hospital Fernández de la capital argentina.
Llevan 12 años en prisión y después de dos meses y medio de huelga se están codeando con la muerte. De la Rúa tiene la facultad presidencial de evitar que mueran. De indultarlos o conmutar la pena.
Pero está encaprichado y se mantiene en un arrogante "no firmo". No se quiere dejar "presionar" por los huelguistas. Al fin y al cabo, dice, es una "huelga voluntaria". Es el segundo ayuno que realizan este año.
Promesas incumplidas
La primera huelga concluyó en julio y se prolongó durante 46 días. La medida extrema fue levantada ante la promesa de los poderes Ejecutivo y Legislativo de que se modificaría la Ley de Defensa de la Demo- cracia por la que fueron juzgados sin derecho a la apelación, y cambiaría su condición de sentenciados por la de procesados. Lo que permitiría que la gran mayoría saliera en libertad al aplicarles el famoso "dos por uno" que duplicaría los casi 12 años de rigurosa prisión que ya llevan cumplidos.
De acuerdo con una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, los presos de La Tablada debían quedar en libertad por las flagrantes irregularidades de los juicios a que fueron sometidos.
No se trata de un mero problema de forma sino de contenido. Durante el juicio no se les permitió sustanciar la acusación de que existía una conspiración entre el gobierno de Carlos Menem y un grupo de oficiales carapintadas golpistas, que ya antes se habían levantado contra el débil gobierno democrático de Raúl Alfonsín.
La justicia tampoco investigó la represión ilegal aniquiladora a que fueron sometidos los 42 guerrilleros del Movimiento Todos por la Patria que en 1989 atacaron la sede del Regimiento de Infantería Motorizada Número 3 de La Tablada, que dejó un saldo de 39 muertos y ocho desaparecidos, además de una veintena de detenidos, algunos condenados después a cadena perpetua.
Está comprobado que nueve guerrilleros fueron fusilados después de haberse rendido, en abierta violación de la Convención de Ginebra y del artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Dos de los desaparecidos, que los militares dijeron durante 11 años que se habían "fugado" y sobre quienes se había extendido un cínico pedido de "captura recomendada", fueron reconocidos en septiembre último tras una postergada prueba de ADN que se practicó con cinco cuerpos calcinados con fósforo y mutilados, que habían sido enterrados como N. N. en el cementerio de La Chacarita. Se trata de los casos de Iván Ruiz, quien tenía 18 años cuando fue asesinado, y Carlos Burgos, un periodista que estuvo exiliado en México.
Siniestro ajedrez
Argentina sigue atrapada en su pasado macabro. El caso se ha convertido en un tramposo y siniestro ajedrez. El presidente Fernando de la Rúa y la Cámara de Diputados se pasan la pelota uno a otra. Los legisladores no prestan el quorum por mezquinas consideraciones de cálculo político; pretenden que la cuestión sea resuelta por el presidente argentino.
A su vez, el mandatario y su hermano Jorge de la Rúa, ministro de Justicia, enviaron al Congreso un proyecto de ley considerado anticonstitucional y violatorio de los pactos internacionales por los presos de La Tablada.
"De la Rúa simula querer resolver el problema, cuando en realidad intenta legitimar nuestra prisión ilegal", dijeron en un comunicado el 31 de octubre cuando resolvieron continuar la huelga.
Ese día, un grupo de organizaciones humanitarias les había pedido que suspendieran la huelga de hambre "en nombre de la vida". Pero ellos se negaron. Los familiares de los presos responsabilizaron al presidente Fernando de la Rúa de la eventual muerte de alguno de los detenidos. Tal situación, de producirse, reinstauraría de manera solapada la pena de muerte.
Algunos diputados han dejado de lado el aspecto jurídico para insistir en la idea de la culpa, abogando de hecho por la ley del Talión. Como señaló Bonasso, la actual sociedad argentina semeja una República de Weimar donde un puñado de miserables se esconde en los pliegues de las instituciones democráticas, pero conspiran contra ella. Y donde hay cobardes que los dejan hacer.
La suerte de los presos depende ahora de un tribunal de casación que anule el juicio inicial. Una esperanza sofrenada. La liberación de los presos de La Tablada no es sólo el camino para restituir una legalidad a todas luces alterada. Tampoco un genérico y compasivo gesto humanitario. Si el poder no aplica la ley, es porque requiere que estos jóvenes mueran.
En el año del Jubileo de los Políticos, si De la Rúa los deja morir terminará emulando a Thatcher. ƑLos quiere usar como chivos expiatorios con la pretensión de cerrar el dramático ciclo de las guerrillas? Vano intento. No se puede personificar en los presos de La Tablada una decisión de olvido sobre el pasado. Pero además, la democracia no se puede edificar sobre la violación de la ley y la impunidad.