SABADO 25 DE NOVIEMBRE DE 2000

Propuesta para Chiapas

Ť Miguel Concha Ť

de entre las 180 importantes propuestas que la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado entregó el miércoles al presidente electo, para someterlas ahora al escrutinio ciudadano, al análisis académico y al debate político, sobresalen unas de particular urgencia, que tienen que ver con la solución del conflicto en Chiapas y la justicia para los pueblos y comunidades indígenas del país. Cuánto más que quien asumirá el próximo 1o. de diciembre la Presidencia de la República se comprometió formalmente a hacerlas suyas, y reiteró en forma destacada que ese mismo día enviará al Congreso la iniciativa de la Cocopa, y que "las autonomías étnicas y culturales deben ser consagradas en la Constitución".

Entre las conclusiones de la Mesa sobre Federalismo, Descentraliza-ción, Autonomías y Municipio, en la que se discutieron 27 ponencias, se destacó igualmente el acuerdo unánime sobre las medidas urgentes para terminar el conflicto armado en Chiapas: enviar al Congreso por parte del Ejecutivo los acuerdos de San Andrés en la versión jurídica de la Cocopa; iniciar el proceso de desmilitarización de Chiapas y acordar la suspensión del proceso de remunicipalización unilateral. Este acuerdo fue rubricado con un largo e intenso aplauso por parte de los 130 académicos, especialistas e intelectuales integrantes de la comisión, asistentes al acto del miércoles.

Más en detalle, al hablar de las autonomías, se subrayan como medidas urgentes: "a) enviar al Congreso por parte del Ejecutivo los acuerdos de San Andrés, en la versión jurídica de la Cocopa; b) iniciar un proceso de desmilitarización en Chiapas, con el repliegue del Ejército de la proximidad de las comunidades y revisar los procesos penales de los acusados de rebelión, y c) acordar con el gobierno de Chiapas la suspensión del proceso de remunicipalización emprendido unilateralmente".

Se plantea igualmente promover una nueva Constitución para esa entidad federativa, que corresponda a su especificidad política, económica y cultural y, como medidas a mediano plazo, se subrayan: "a) constituir, con acuerdo con el EZLN, un nuevo organismo de intermediación con asesoría internacional, y b) abrir una mesa de diálogo con organizaciones auténticamente representativas de los pueblos indígenas".

Finalmente, y luego de haber tomado las medidas anteriores, se propone "invitar al EZLN a negociaciones en las que se deberán abordar temas como la definición de los sujetos de autonomía y el alcance de las mismas, la vigencia y límites de los sistemas legislativos indígenas, la representación de los pueblos indígenas en órganos deliberativos, la reapertura de las mesas de diálogo suspendidas, el repliegue del Ejército a sus posiciones anteriores al conflicto y el desarme del EZLN y grupos paramilitares.

En la Mesa sobre Derechos Humanos y Libertades Públicas, en la que se presentaron 36 ponencias, se acordó en general, en el capítulo sobre derechos civiles y políticos, establecer en la Constitución el principio de no discriminación; revisar el orden jurídico, para eliminar cualquier forma de segregación, y crear los mecanismos e instrumentos que garanticen y vigilen el cumplimiento de este principio, tanto en el ámbito público como en el privado.

Y finalmente, en relación con los derechos ambientales, culturales y de migrantes, se llegó entre otras cosas a consensar unánimemente las propuestas de "establecer con claridad la definición pluricultural del Estado y de la sociedad sobre las demandas de los pueblos indígenas, con relación a su autonomía, acceso a recursos, participación económica y política", y "reconocer y garantizar la incorporación de todas las lenguas que concurran en el tejido social y cultural del país". Así como la propuesta de "reconocer y promover la libre expresión de las culturas originarias indígenas, mestizas y de inmigración con la que los ciudadanos se identifican, y que conforman el espectro cultural de la nación".

Muchas de estas propuestas, que recogen demandas urgentes de la ciudadanía, algunas de ellas expresadas con anterioridad en distintos foros, fueron ahora asumidas por esta comisión plural, con el fin de hacer avanzar nuestra transición democrática hacia una verdadera reforma del Estado.