SABADO 25 DE NOVIEMBRE DE 2000

Los nuevos gobiernos democráticos y la participación ciudadana

Ť Alberto J. Olvera Ť

aunos días de que tomen posesión los nuevos gobiernos federal y de la ciudad de México, es importante recordar que si bien el país está cruzando al fin el umbral de la democracia electoral, hay temas centrales de una agenda de democratización de la vida pública que están siendo olvidados. Especialmente preocupante es el caso de la tan traída y llevada participación ciudadana, donde el vacío de ideas y proyectos es enorme.

Comúnmente, la participación ciudadana se entiende como un conjunto de formas de intervención de los ciudadanos en las políticas públicas del gobierno. Una manifestación de protesta, una negociación entre vecinos y autoridades, un desplegado periodístico, una reunión de consulta, una carta de petición, son todas acciones que caben dentro de un concepto tan vagamente definido. Es por ello que tanto el gobierno federal como el de la capital federal diluyeron las instituciones de participación en oficinas de atención a quejas, en consejos formales de consulta, en encuentros entre funcionarios y organizaciones civiles y sociales, sin construir nunca instituciones estables, con capacidad de decisión y con voluntad de transparencia.

Ilustremos el tema con el caso del Distrito Federal. Sorprende encontrar que sólo a fines de 1998 se definió una Ley de Participación Ciudadana, que en realidad no era tal, sino un instrumento que fijaba una forma de representación con base territorial, cuya función era transmitir demandas desde el espacio microsocial a las autoridades delegacionales. Otras leyes que se refieren a este campo, a saber, la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal y la de Fomento a las Actividades de las Organizaciones Civiles, fueron aprobadas apenas este mismo año, sin que hubiera tiempo para diseñar los reglamentos que permitieran materializar sus preceptos. Además, tanto una como otra se remiten a sectores específicos de la sociedad, en particular a las organizaciones civiles, cuya contribución en la propuesta de políticas, en la atención a grupos vulnerables y en la innovación técnica es fundamental, pero no pueden sustituir a la ciudadanía en el ejercicio de la influencia y el control sobre el gobierno. Estas leyes son avances sustanciales en nuestro país, pero insuficientes para configurar un verdadero modelo de participación ciudadana.

Ahora bien, la sociedad civil realmente existente es corresponsable de esta incapacidad para imaginar nuevos modelos de participación. En la ciudad de México, las organizaciones civiles, con contadas excepciones, se concentraron como grupo en la promoción de la Ley de Fomento y privilegiaron una relación directa con el gobierno central, pasando por alto los gobiernos delegacionales e ignorando a la Asamblea Legislativa, reproduciendo así la vieja cultura política que considera que toda negociación debe dirigirse a la cúspide del poder. Por su parte, las organizaciones sociales privilegiaron la negociación microlocal y la resolución de problemas sectoriales específicos, demostrando con ello una visión muy limitada de la política.

Tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales (incluidos los panistas y perredistas) se limitaron a cumplir con las leyes y reglamentos que prescriben la constitución de consejos consultivos en las distintas secretarías y de comités diversos en las agencias operativas. Pero en casi todos los casos su composición ha sido determinada por los altos funcionarios y han operado en forma casi privada, sólo para cumplir las formas. Algunos gobiernos municipales han experimentado con instituciones más innovadoras, pero se desconoce su capacidad de permanencia y de promoción de una participación más amplia.

La participación ciudadana debe ser pensada como una red de instancias de mediación entre los distintos niveles de gobierno y los ciudadanos, en las que se debaten, se deciden, se publicitan y se evalúan las acciones del sector público. Estas instancias deben tener permanencia y estar orientadas al "empoderamiento" ciudadano, es decir, a dotar a la gente de la información y los elementos técnicos que les permitan entender las implicaciones de las decisiones y los efectos del ejercicio de las políticas públicas. Hay una urgente necesidad de desarrollar nuevas propuestas a partir de las múltiples experiencias que a nivel internacional se han desarrollado. Instituciones como el presupuesto participativo en Brasil, las audiencias públicas en Buenos Aires, la defensoría del pueblo en Bolivia y Colombia, la descentralización en Montevi-deo, la elección de comités de educación y de funcionarios de seguridad pública en Estados Unidos, los gobiernos colegiados en Suiza, entre tantas posibilidades, son ejemplos que deben estudiarse en serio. Un balance crítico de las experiencias nacionales en el plano local es igualmente urgente. Esta tarea debe ser también parte de la prioridades nacionales.