El paro general de 36 horas iniciado ayer en Argentina, el tercero que enfrenta el gobierno de Fernando de la Rúa, haría pensar que nada fundamental ha cambiado en la disputa por las políticas económicas en América Latina desde los años ochenta, en los que se iniciaron los ciclos de paquetazos impuestos a los gobiernos de la región por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, en el contexto de la crisis de la deuda externa. Hoy, como en ese entonces, la Casa Rosada aceptó implantar una conocida serie de medidas de austeridad ?recorte y congelación del presupuesto gubernamental, privatización de servicios de salud, eliminación del sistema público de pensiones? a cambio de un paquete de blindaje financiero por 20 mil millones de dólares. 

Como ocurrió regularmente en la década antepasada en casi todos los países de la región, el plan de ajuste adoptado por De la Rúa ha generado una vasta reacción social de rechazo y de protestas. Por fortuna, hasta ahora, las que se realizan en Argentina no se han traducido en confrontaciones violentas de consideración, pero resulta inevitable recordar, en la circunstancia presente, las cruentas olas de enojo popular que sacudieron, a mediados de los años ochenta, República Dominicana, Venezuela y otras naciones, cuando los gobiernos respectivos optaron por los programas de choque mencionados. 

México no se salvó de las políticas neoliberales --congelación de salarios, achicamiento del Estado, privatizaciones generalizadas, incrementos en las tarifas de servicios públicos, recorte o eliminación de programas sociales, desrregulación indiscriminada y brutal apertura de las fronteras a las importaciones, entre otras medidas--, ni de las expresiones de rechazo a tales orientaciones. Ciertamente, en nuestro país, cuyos movimientos obreros y campesinos eran mayoritariamente controlados por las corporaciones priístas, no tuvieron lugar huelgas o paros generales ni bloqueos de carreteras; en cambio, las reformas neoliberales de De la Madrid y Salinas contribuyeron a gestar la insurrección indígena de Chiapas, en 1994, y la conformación de organizaciones armadas en otros estados de la República. 

Esos antecedentes, así como los factores de desestabilización e ingobernabilidad que se manifiestan hoy en Argentina, debieran estar presentes en el ánimo de los funcionarios que se aprestan a tomar en sus manos la conducción de la política económica del próximo gobierno.