VIERNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2000
Ť La coacción física para obtener confesiones, recurrente en el estado: diputada del PRD
Sugiere el STJ michoacano revisar caso de menores presos
Raúl López Téllez, corresponsal, Morelia, Mich., 23 de noviembre Ť El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) de Michoacán, Jorge Orozco Flores, se manifestó por revisar el caso de los menores Luis Ortiz Chagoya y Pedro Hurtado, de 17 y 16 años de edad, presos en Pátzcuaro acusados de robo tras una confesión supuestamente obtenida mediante tortura, situación que descartó el funcionario.
Por su parte, la diputada perredista Ana Lilia Guillén, miembro de las comisiones de Justicia y Derechos Humanos del Congreso local, afirmó que el Poder Legislativo debe intervenir ante la tortura, a la cual consideró "práctica recurrente" de los cuerpos policiacos estatales.
Los menores, originarios de Quiroga, están detenidos desde los primeros días de este mes por una denuncia interpuesta en su contra por Mario Cross Lemus, quien los acusó de robarle una cámara, ropa y 2 mil pesos.
El acusador, quien en principio dijo ser camarógrafo de Tv Azteca, no se acreditó ante la agente del Ministerio Público Margarita Sánchez, que integró la averiguación previa, y dijo residir en Cuernavaca, Morelos; actualmente se desconoce su paradero. En tanto, los dos jóvenes ya fueron consignados y se les dictó el auto de formal prisión, al cual apeló la defensa de ambos.
Al respecto, Orozco Flores dijo que según la legislación vigente en Michoacán, la penalidad de delitos del orden común prevé como edad punible a partir de los 16 años, por lo cual no se considera a los inculpados menores de edad. Abundó que no alcanzan la libertad bajo fianza "por participar de manera conjunta en el delito que se les imputa; el Código Penal no lo permite".
Orozco Flores indicó que el caso se analizará de nuevo y se dará entrada a la apelación presentada por la defensa de los menores, hoy recluidos en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pátzcuaro.
Respecto a la acusación de tortura que afirman haber sufrido los detenidos, Orozco reiteró lo expresado por la agente investigadora y descartó que los policías ministeriales hayan recurrido a su práctica.
Por su parte, la diputada Guillén recordó que Manuel Jiménez González, quien presidió la Comisión Estatal de Derechos Humanos hasta fines de 1999, documentó 130 casos de tortura en 1998. Agregó que el Congreso estatal "debe hacer un extrañamiento al gobernador de Michoacán", Víctor Manuel Tinoco Rubí, ante el recurrente uso de la violencia para inculpar a todo sospechoso de haber cometido un ilícito.