VIERNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2000

Ť Integrado por diputados de todos los partidos, dará seguimiento a casos

Acuerda la ALDF crear grupo anticorrupción

Gabriela Romero Sánchez y Raúl Llanos Samaniego Ť Con el objeto de llevar un control estadístico de los actos de corrupción que más se cometen, en qué delegaciones se registra el mayor número de casos y cuáles son los funcionarios involucrados, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal acordó integrar un grupo de estudio plural en materia de combate a la corrupción e instalar en el exterior de cada uno de los 66 módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas un buzón anticorrupción.

Estas acciones derivan de la propuesta de crear una comisión especial anticorrupción, presentada inicialmente por los diputados Cuauhtémoc Velasco y Raúl Nava, de Convergencia por la Democracia, quienes después de cabildear con sus homólogos de otras fracciones accedieron a que en vez de una comisión fuera un grupo de trabajo, con lo que se evitarán gastos de operación.

Al presentar en tribuna la modificación a la propuesta, el panista Federico Doring Casar, presidente de la Comisión de Administración Pública Local, explicó que los capitalinos podrán depositar en el buzón anticorrupción sus denuncias relacionadas con actos de corrupción por parte de autoridades de la administración pública. Mientras, los integrantes del grupo plural analizarán la gravedad de éstas, harán una compilación estadística segmentada por rubros y esferas de gobierno, y de haber elementos las turnarán ante la Contraloría, la Procuraduría o a la comisión respectiva para los efectos legales a que haya lugar.

Se faculta, además, a los integrantes de este grupo a presentar iniciativas de ley en la materia, las cuales se remitirán a la comisión respectiva para ésta la presente ante el pleno.

Para sustentar la creación de este grupo, en el dictamen se retoman los comentarios de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), en los que se dice que en el caso de México, "de no existir sobornos y actos ilícitos entre el gobierno y los particulares, el sector público ingresaría hasta 100 mil millones de pesos adicionales cada año; es decir, más o menos 2 por ciento del producto interno bruto (PIB)".

Del mismo modo, se hace alusión a los resultados de una encuesta practicada en la zona de los Pedregales, en la delegación Coyoacán, donde se refleja una "profunda insatisfacción de los entrevistados frente a los que por definición son garantes de la ley (autoridades y policías) y ante quienes por oficio (los políticos) deberían luchar por su cumplimiento".

Ante esta situación, los diputados locales reconocen la necesidad de involucrar a la ciudadanía en los procesos de evaluación de la gestión pública, en la exigencia de una rendición de cuentas claras, "ya que la política de sobornos siempre lesiona la calidad de vida de los mexicanos".