VIERNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2000
Ť La mandataria capitalina debe ejercer ese derecho, señala el procurador
Solicita Del Villar vetar reformas a la ley del TSJDF
Elia Baltazar Ť El procurador capitalino, Samuel del Villar, solicitó a la jefa de Gobierno, Rosario Robles, ejercer su derecho a veto en el caso de las reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del DF, aprobadas por la Asamblea Legislativa el 9 de noviembre pasado, ya que rompen el esquema de corresponsabilidad de los ministerios públicos investigador y adscrito en los procesos y devuelven la mesa de turno al máximo órgano judicial, con el argumento de acabar con los jueces de consigna.
En el análisis que ayer envió Del Villar a Robles se establece que el decreto aprobado por los legisladores, a petición del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF, Luis de la Barreda, se funda en "una arbitraria presunción legislativa, absoluta e inaceptable, sobre la falta de integridad e imparcialidad del Consejo de la Judicatura y de los jueces penales del TSJDF en su conjunto".
Para Renato Sales, coordinador de asesores del procurador, este criterio denosta más la imagen del TSJDF que de la PGJDF, pues se presume sin elementos la falta de integridad de los jueces, al acusarlos de obedecer consignas. En todo caso, dijo, si se presumen comportamientos irregulares entre los jueces, habría que mejorar los criterios de selección de éstos.
Se apunta también que la reforma, aprobada por los diputados de PRI y PAN, "contraviene también la legislación que establece el proceso penal debido", al ignorar lo que ordena el artículo 286 bis del Código de Procedimientos Penales, que obliga al Ministerio Público a ejercitar la acción penal ante un juzgado u órgano jurisdiccional, y no ante una unidad administrativa, que es en lo que se convierte la mesa de turno, a partir de la propuesta hecha por De la Barreda, según explicó Sales.
En su escrito, el titular de la PGJDF asegura, además, que con su decisión los legisladores desintegran el esquema de corresponsabilidad y unidad del Ministerio Público, al quebrantar su integridad orgánica y funcional. Su opinión se fundamenta en el trabajo compartido que hasta ahora llevaban a cabo los ministerios públicos investigador y adscrito a los juzgados, sobre la integración debida de las averiguaciones previas consignadas ante los tribunales, como establece la Ley Orgánica de la PGJDF.
Se agrega que la ALDF vulneró con sus reformas el orden constitucional, al asumir facultades que no se le han atribuido expresamente en el artículo 122 de la Constitución mexicana.
Además, el procurador asegura que en el decreto de reformas y adiciones a los artículos 51, 174, 175, 176 y 177 del Tribunal Superior de Justicia del DF "se sujeta a la población de la capital a la irresponsabilidad territorial en el procedimiento jurisdiccional".
Lo anterior, debido a que la ciudad de México es la única entidad del país que no está dividida en partidos judiciales, que permiten a los jueces tomar un caso de acuerdo con la zona en que se cometió, explicó Renato Sales. "Es decir, si se cometió un ilícito en la zona norte de la ciudad, éste debía corresponder a un juzgado del Reclusorio Norte, y no enviarlo al Sur".
A partir de esta consideración, Del Villar plantea a Robles el restablecimiento de la competencia y responsabilidad territorial en el proceso jurisdiccional, con la reinstauración de los partidos judiciales, para que el DF deje de estar en un estado de excepción.
Lo anterior permitirá que el juez donde se hubiera cometido el delito sea el competente para conocer de los hechos, mientras que la competencia territorial se definirá en atención al número de habitantes de la zona donde se encuentre el juzgado y el equilibrio en las cargas de trabajo.
Corresponderá al Consejo de la Judicatura expedir las reglas correspondientes para ampliar o reducir la competencia territorial, a partir de la carga de trabajo de cada juzgado, puntualiza.