VIERNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2000
Ť El sábado les destruyeron embarcaciones
Demandan penalmente a pescadores campechanos de la Isla Arena
Luis Boffil y Lorenzo Chim, corresponsales, y Matilde Pérez Ť Pescadores de Celestún, Yucatán, interpusieron una denuncia en el Ministerio Público federal en contra de sus homólogos de Isla Arena, Campeche, quienes el sábado pasado los detuvieron, les destruyeron varias embarcaciones y les decomisaron especies marinas.
En Campeche, el Congreso local aprobó un punto de acuerdo mediante el cual protesta "enérgicamente" contra la Semarnap por el otorgamiento a pescadores yucatecos de permisos para la captura de especies marinas frente a Isla Arena, y exigen la revocación de los mismos y que la Contraloría Federal investigue si funcionarios federales incurrieron en actos de corrupción al beneficiar a los permisionarios de la entidad vecina.
Sin embargo, en la ciudad de México, la dependencia aclaró que el número de embarcaciones autorizadas para las delegaciones federales de Campeche y Yucatán es exactamente el mismo para las comunidades de Isla Arena y Celestún. "Los permisos de pesca autorizados se han otorgado a los pescadores debidamente acreditados, con estricto apego a la ley", se dijo.
Las aguas no están sujetas a división
Las aguas marinas no pueden estar sujetas a la división político administrativa de las entidades federativas, ya que de acuerdo con la Constitución, son propiedad de la nación. Por ello "no se puede aducir que existan límites geográficos para los pescadores de cada entidad federativa", afirma la dependencia en un comunicado dirigido a la prensa.
Las acciones violentas ocurridas el sábado no tienen soporte jurídico de ninguna especie. "La secretaría refrenda su determinación de que todos los conflictos entre comunidades de pescadores se resuelvan mediante el diálogo, los acuerdos colectivos y estricto apego a la ley".
Agregó que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente lleva a cabo sus funciones de vigilancia con el apoyo de la Armada de México y, desde el inicio de la temporada de pesca, el primero de agosto, se han decomisado artes de pesca no permitidas, tanto a los pescadores de Celestún como de Isla Arena.
Por la tensión en la región, el subsecretario de Pesca Carlos Camacho Gaos sostiene reuniones en la ciudad de México con la presidenta municipal de Isla Arena, Sonia Jacqueline Cuevas Kantún, el representante del gobierno de Campeche en el Distrito Federal, Fernando Rafful Miguel y los pescadores de Isla Arena, entre otras autoridades implicadas en el problema.
Este jueves, los 40 pescadores celestunenses afectados denunciaron en el Ministerio Público federal de Mérida, Yucatán, la violación de sus derechos laborales y culparon a las autoridades gubernamentales de Campeche de incumplir los acuerdos tomados con la Semarnap, que concedió más de 200 permisos para que los trabajadores yucatecos incursionen en aguas de aquella entidad y laboren en la captura de pulpo y demás especies comerciales. Señalaron que no tomarán represalias contra sus homólogos de Campeche, y expresaron en que la ley les otorgue la razón.
Empresarios culpan al gobernador.
Un grupo de empresarios de Celestún, encabezados por Renán Solís, quien resultó afectado por la quema de dos de sus embarcaciones, culpó al gobernador Antonio González Curi y a la alcaldesa de Calkiní, Sonia Cuevas Kantún, de propiciar la violencia en contra de los yucatecos.
Los empresarios advirtieron que analizan un proyecto para bloquear la compra de productos marinos a Isla Arena, debido a que gran parte de la economía de ese territorio depende de la comercialización a clientes, irónicamente, de Yucatán, debido a los buenos precios ofertados.
En la entidad vecina, los diputados del PRI, PAN, PRD y PT acordaron también que se reúnan los elementos de prueba necesarios y se determine la posibilidad de presentar demanda de juicio político en contra de la titular de la Semarnap, Julia Carabias, por haber otorgado permisos de explotación de recursos pesqueros, favoreciendo intereses de particulares, con lo que generó un conflicto social entre comunidades vecinas.
Responsabilizaron a Carabias Lillo de los enfrentamientos y conflictos entre pescadores de la región, ya que "en acto unilateral, la dependencia federal no consideró la problemática que impera en la región y, como consecuencia, ha generado severos perjuicios a los pescadores de Isla Arena, cuyo único sustento económico radica en la actividad pesquera.