VIERNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2000
Ť El primero en irse, el de la PGR: Echeverría
El gobernador de Nayarit pedirá remover a delegados federales
Ť Una vez que Vicente Fox tome posesión como presidente, dice
Jesús Narváez y Alfredo Valadez, corresponsales Ť El gobernador de Nayarit Antonio Echeverría Domínguez afirmó este jueves que una vez que Vicente Fox Quesada tome posesión como presidente le solicitará que sean removidos del cargo la mayoría de delegados de las dependencias federales en la entidad.
El mandatario nayarita abundó: "Uno de los primeros en irse deberá ser el delegado de la Procuraduría General de la República Jesús Raya Martínez debido a las numerosas denuncias de la ciudadanía por abusos de la Policía Judicial Federal".
Aunque no detalló las irregularidades en que habrían incurrido los funcionarios, Echevarría Domínguez insistió en que hará llegar la información necesaria a Fox Quesada para que, con base en denuncias que ha recibido en diversas consultas públicas, disponga cambios en delegaciones federales, pues "la demagogia, el engaño y la mentira han alejado a los ciudadanos de las instituciones".
Añadió que es necesario recuperar la confianza de la gente en las dependencias, y "esto sólo será posible si decimos la verdad sin tapujos".
Encubrirían a narcotraficantes policías de Santiago Ixcuintla
Por otra parte, la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos del Municipio de Santiago Ixcuintla, el segundo en importancia de Nayarit, exigió que se investigue a policías locales que encubren a narcotraficantes.
El presidente del organismo, Julio Pereza Rincones, afirmó que en dicha localidad existen decenas de expendios de cocaína al menudeo y dijo contar con videograbaciones que sostendrían su aseveración y pretende entregar "a autoridades confiables". Explicó que "son casas donde la policía y mucha gente del pueblo saben que se llevan a cabo acciones relacionadas con el narcotráfico".
Aseguró conocer domicilios en las colonias Infonavit, Nuevo México, Primero de Enero y Cuauhtémoc, en la cabecera municipal de Santiago, donde se venden drogas, fuera de las cuales policías municipales "espían a los compradores para obligarlos a entregarles dinero bajo la amenaza de llevarlos a la cárcel, pero -insistió- jamás hacen nada contra los dueños".