VIERNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2000
Ť Aun así, procedería primero la solicitud española
Juez pide a Argentina confirme si Cavallo pidió la repatriación
Ť ONG exigen que el cambio de poderes no detenga el proceso
José Galán Ť El juzgado cuarto de distrito en materia de procesos penales federales solicitó un informe oficial al gobierno argentino para comprobar si es cierto que la defensa de Ricardo Miguel Cavallo ha iniciado en Buenos Aires trámites para solicitar la repatriación del ex militar, acusado en la Audiencia Nacional de España de genocidio, tortura y homicidio.
Sin embargo, el juez debe resolver primero el juicio de extradición solicitado por las autoridades españolas, y una vez que otorgue su resolución, daría entonces trámite al otro expediente, en caso de que sea presentado por las autoridades argentinas. Si la resolución que emita es por la aprobación de la extradición a España, procedería por haber sido radicada primero en el juzgado.
De todas formas, ambas serían ventiladas en el ámbito diplomático por la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero la petición argentina quedaría sin efecto si tanto el juez como la cancillería determinan que Cavallo sea extraditado a España.
Esta semana el juez cuarto, Jesús Guadalupe Luna Altamirano, recibió un escrito de la defensa de Cavallo, en el que se le informó del inicio en Buenos Aires de un juicio de extradición presuntamente por el delito de robo y que, al ser ciudadano argentino y estar sujeto a la jurisdicción de los tribunales de la capital argentina, debía ser tomada en cuenta antes de adoptar una resolución para aprobar el traslado del ex director del Renave a España.
El juez decidió enviar lo que en términos diplomáticos y judiciales se conoce como una ''carta rogatoria'', a fin de conocer la situación jurídica de Cavallo. Esta carta rogatoria es enviada a las autoridades del gobierno argentino por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Aunque exista en curso alguna petición por parte de Argentina o de cualquier otro gobierno para solicitar la extradición de Cavallo, eso no implica que el juez Luna Altamirano modifique los plazos para emitir su opinión respecto de la petición española. Es decir, cualquier información oficial argentina no presentará ningún obstáculo para que el juez presente su opinión, probablemente a finales de mes, a la cancillería mexicana.
En tanto, defensores de derechos humanos solicitaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores ajustarse a los acuerdos alcanzados para la extradición de Ricardo Miguel Cavallo y no permitir que el relevo presidencial afecte el procedimiento.
En una carta dirigida a la titular de la dependencia, Rosario Green, 36 organizaciones no gubernamentales y ciudadanos externaron su preocupación por el curso del juicio de extradición, dado que el plazo vence en 20 días.
''Todo esto ocurrirá sobre el final de la presente administración. Por ello deseamos resaltar la oportunidad histórica en la que se encuentra el gobierno mexicano para demostrar su liderazgo en el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y mostrar, además, su compromiso solidario con la justicia y su disposición para luchar contra la impunidad''. (Con información de Alma E. Muñoz)