Ť En comisiones, iniciativa en torno al asunto
Senadores buscan revertir la pobreza en 3 estados del sur
Ť Hay riesgo de balcanización en la zona, advierte Carlos Rojas
Ť En Oaxaca, Chiapas y Guerrero, la mayor desigualdad
Andrea Becerril Ť Las fuerzas políticas representadas en el Senado de la República presentaron ayer "la iniciativa del sur", una serie de propuestas tendentes a sacar a Chiapas, Guerrero y Oaxaca de la grave situación de pobreza, marginación y abandono en que se encuentran, ya que si las desigualdades continúan aumentando en esas entidades, existe el riesgo de estallidos violentos y peligra "el carácter de México como nación unida e independiente".
Carlos Rojas, ex secretario de Desarrollo Social, autor de la iniciativa que logró el respaldo del PRD, el PAN y el Verde Ecologista, fue más directo: de no atenderse la situación de los 10 millones de mexicanos que radican en esos tres estados, que son más de 10 por ciento de la población nacional y concentran la más profunda desigualdad del país, hay riesgo de balcanización y la inconformidad pudiera derivar en conflictos violentos.
El ahora senador del PRI detalló que tan sólo en Chiapas, dos de cada 10 niños no saben leer ni escribir y 65 por ciento de ellos padece desnutrición; en general, el precario desarrollo del sur, que no es privativo de esa región, combina con mayor agudeza la desigualdad y la ausencia de oportunidades, factores que han sido determinantes para la expresión violenta de las inconformidades sociales.
En entrevista posterior, después de que el pleno turnó a comisiones la propuesta, Rojas precisó que se plantea de manera concreta que en los próximos presupuestos se incluya un fondo especial para el sur, de alrededor de uno por ciento del producto interno bruto, unos 50 mil millones de pesos, repartidos a lo largo de seis años y distribuidos entre los tres estados, a fin de permitir la integración regional.
No es mucho, dijo, si se toma en cuenta que tan sólo en este año se destinarán al Fobaproa 30 mil millones de pesos, y en este caso no es sólo un asunto de justicia social, sino incluso de soberanía, toda vez que la pobreza ha sido determinante para el surgimiento de conflictos armados en esos estados y representa un grave riesgo para éstos y la unidad del país.
En la tribuna senatorial, el priísta guerrerense Héctor Astudillo Flores dio lectura a esa iniciativa, en la cual se destaca que esa zona debe constituirse en "la más elevada de las prioridades", además de continuarse después con un esfuerzo sostenido para el impulso de otras regiones que también demandan el apoyo del Estado mexicano, entre ellas las zonas indígenas del país, como las que se asientan en las Huastecas, las regiones maya y chontal del sureste y la Sierra Tarahumara.
Lo esencial, sin embargo, es Chiapas, Guerrero y Oaxaca, pues mientras la economía nacional crece de manera consistente, esas entidades reducen su participación en la riqueza nacional y hoy, descontando los energéticos, llega sólo a menos de 5 por ciento del PIB.
El priísta advirtió que en esos tres estados del sur prácticamente todos los indicadores de bienestar social, de ingreso, de infraestructura física y de equipamiento se encuentran por debajo de los promedios nacionales.
Su población tiene una débil cobertura de salud y seguridad social y la esperanza de vida al nacer es menor en casi 5 años a la media nacional. Una gran proporción de viviendas carece de agua potable y otros servicios básicos, incluyendo la electricidad, pese a que en Chiapas se produce la mayor parte de la energía hidroeléctrica del país.
Además, "la transgresión a los derechos humanos de los campesinos, las mujeres, los indígenas y los pobres se acentúa en esos estados del sur. Ahí, el atraso, la dispersión de la población y la persistencia de los modelos de exclusión, expulsión y explotación han arraigado sistemas sociales que resultan intolerables para la sociedad mexicana. En esos estados las comunidades indígenas viven el embate de condiciones económicas y sociales fuera de su control y ven erosionarse las bases de su reproducción sin contar, en la mayoría de los casos, con recursos y alternativas".
Las comunidades se empobrecen, los recursos se agotan, la población crece, los jóvenes emigran, la violencia repunta en las regiones indígenas y los conflictos internos se multiplican. "Hoy el riesgo principal para los pueblos indígenas no es la prolongación de la marginalidad, sino el desbordamiento de procesos de descomposición al interior de las comunidades".
El priísta continuó detallando que pese a la diversidad de la riqueza en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, lo que sus pobladores comparten es la pobreza, la explotación irracional y la destrucción de las selvas y los bosques del sur. Y a manera de ejemplo, advirtió que la selva Lacandona en 1960 contaba con una superficie total de 1.2 millones de hectáreas y en la actualidad no es mayor a las 325 mil. Tenía unos 12 mil habitantes y ahora son más de 215 mil. De continuar ese ritmo de depredación, "desaparecerá en 15 años".
Un riesgo similar se observa en los Chimalapas, en Oaxaca, en la Montaña, la zona lagunaria de las costas Chica y Grande de Guerrero, así como en otras regiones consideradas de alto riesgo ecológico.
Un panorama claro de las precarias condiciones de vida en el sur se sintetiza en que dos terceras partes de sus habitantes están atrapados en la pobreza extrema, y no existen señales de que sea posible incorporar al desarrollo a los grupos y comunidades marginados que ahí radican. "Hay agravio e incertidumbre que se expresa a veces en actos que rebasan los cauces de la democracia, la legalidad y la tolerancia".
Al final, Rojas Gutiérrez precisó que la mejor manera de evitar que las inconformidades sociales se manifiesten por la vía de la violencia es el desarrollo y un proyecto que garantice el respeto a los derechos humanos y una justicia expedita. Todo ello, dijo, está incluido en esa iniciativa, que fue turnada a comisiones.