JUEVES 23 DE NOVIEMBRE DE 2000
Ť Representa una evasión fiscal anual de 15 mil millones de pesos: Zapata
Combate al comercio informal, demanda la Canaco capitalina
Ť Su existencia, un vicio estructural que algunos sectores del gobierno y de la sociedad desean mantener porque les representan beneficios económicos y políticos, afirma el directivo
Laura Gómez Flores Ť El presidente de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, Roberto Zapata Gil, demandó a las autoridades federales y capitalinas la aplicación de políticas que permitan abatir con éxito el crecimiento del comercio informal en la vía pública, que comprende el robo, la piratería, el contrabando y la delincuencia organizada; y representan una evasión de impuestos anual de 15 mil millones de pesos.
Pese a que estas actividades están tipificadas como delitos, la existencia de barreras y vicios estructurales que ciertos sectores de la sociedad y del gobierno insisten en mantener, porque les significan beneficios económicos y políticos, ha provocado su crecimiento exponencial en detrimento de las micro y pequeñas empresas, varias de las cuales han desaparecido, con las graves consecuencias en materia de empleo.
Sin embargo, la informalidad es mucho más grave de lo que aparenta, tanto, que algunos analistas señalan que alcanza una tercera parte de la economía nacional y está asociada a la venta de mercancía robada, tráfico de estupefacientes, robo de vehículos, venta de armas, lenocinio y explotación de menores, entre otras muchas prácticas del crimen organizado, que se mezclan con la venta de diversos productos en la vía pública.
A consecuencia de esta situación, muchos de los negocios legalmente establecidos han frenado su expansión y registran pérdidas cuantiosas, principalmente, en lo que hace a discos y fonogramas, equipos de cómputo, electrónica y vinos y licores, que no han alcanzado los niveles obtenidos en 1997, aunque se extiende al mercado de películas, ropa, calzado, electrodomésticos y juguetes.
Venta de mercancía robada
Durante su intervención en la IV Asamblea General Ordinaria de la Coparmex-DF mencionó que en una visita a concentraciones ambulantes donde se comercializa ropa y calzado pudo observarse que 45 por ciento de los productos son de procedencia extranjera, 35 por ciento son piratas, 10 por ciento son de fabricación nacional no registrada y el restante es robada.
Una situación similar se detectó en lo relativo a juguetes, donde 90 por ciento de los artículos que se expenden en la calle son extranjeros y 10 por ciento restante son marcas sin registro que no cumplen con las normas mínimas de calidad; mientras 95 por ciento de los vinos y licores que se expenden son adulterados o falsificados y 54 por ciento de los perfumes, cosméticos y de bisutería son piratas o sin marca registrada.
Ante esta violación de las leyes penales, fiscales y las que reglamentan el comercio exterior, la Cámara Nacional de Comercio mantendrá un diálogo permanente con las autoridades federales y locales, así como con legisladores para enfrentar este tipo de delincuencia organizada, sin más improvisaciones, afirmó.
Los habitantes de la ciudad de México, y en especial los empresarios, "ya estamos hartos del doble juego de las autoridades en materia de seguridad: por una parte, se dan desplantes de autoritarismo, como las incursiones nocturnas contra las discotecas después del niño ahogado; y, posteriormente, se realiza un megaoperativo con nulos resultados en Tepito, donde probamos las hieles de la ingobernabilidad", dijo Sergio Peralta.
El presidente de la Coparmex-DF consideró que "ya es tiempo" de que la Procuraduría de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública tengan mayor sensibilidad a las demandas de la población y mejor tino en el desempeño de sus cargos, pues, a la fecha, la capital, continúa siendo la más insegura de la República, donde el 95 por ciento de los delitos son del fuero común.
Por ello, la importancia de haber dado marcha atrás a la reforma del artículo 247 del Código Penal, que acaba con el protagonismo de las autoridades judiciales en cuanto falsedad de declaración y provocó que en menos de un año se encontraran privados de su libertad más de 150 personas; sin embargo, queda pendiente acabar con la corrupción y mejorar la política de seguridad que se mantuvo de regular a mala en esta gestión.