MIERCOLES 22 DE NOVIEMBRE DE 2000
Ť Emilio Pradilla Cobos Ť
Territorios de la violencia
Lo sucedido en Tepito la semana pasada puso otra vez a discusión el tema de la violencia urbana y sus territorios. Tepito, como otros lugares "violentos" de la ciudad, ha estado ahí durante décadas con su imagen colectiva, mezcla de tradición, comunidad y delincuencia.
Tepito, localizado estratégicamente en el centro de la ciudad, se convirtió en los tiempos del proteccionismo comercial en el corazón de la falluca ante la permisividad de las autoridades federales que gobernaban al DF; ahí encontraron funcionarios corruptos una fuente de enriquecimiento; y en todo esto millones de capitalinos también cooperaron al adquirir productos de importación prohibida o que el comercio formal expende a precios muy elevados.
Las viviendas tepiteñas se transformaron en bodegas de mercancía de contrabando y sus calles en un tianguis permanente, donde la masa de vendedores y compradores hace imposible la circulación, y la delincuencia tiene un escenario favorable.
Esta situación se consolidó y se volvió parte estructural de la ciudad. La crisis de los años ochenta añadió ingredientes a la escasez de productos nacionales, el crecimiento del desempleo y con éste de la delincuencia. Las reformas neoliberales y, sobre todo, la apertura comercial no eliminaron el contrabando, pero globalizaron las mafias del narcotráfico y el tráfico de armas en el marco de la explosión de la delincuencia urbana y la comercialización de mercancía robada.
Una ola de comerciantes ilegales venidos del extranjero se asoció y compitió con los locatarios y usando el mercado o la fuerza avanzaron territorialmente hasta casi llegar al Zócalo capitalino, generando un factor importante de deterioro del patrimonio histórico: la bodeguización de los inmuebles patrimoniales, hecho aún más rentable por la proliferación del comercio ambulante que crisis y neoliberalismo han fomentado.
A la zona llegan legal o ilegalmente masas enormes de mercancía de todo el mundo, sobre todo de Asia, que surten a compradores directos, ambulantes e intermediarios de todo el país y de Centroamérica. A la sombra de este "libre mercado" se han amasado enormes fortunas, poderes armados y una trama de relaciones sociales que integra a introductores, vendedores al mayoreo y menudeo, diableros, vecinos, ambulantes, intermediarios y pequeños y grandes compradores. Todo ello se formó a la vista de las autoridades federales y locales con la complicidad de policías y el Poder Judicial hasta convertirse en un verdadero nudo gordiano.
Al llegar la presente administración capitalina, el problema era ya casi insoluble por su dimensión y la complejidad de la trama social; la diferenciación de atribuciones administrativas, policiales y judiciales, respecto a lo que allí ocurre, añadió un nuevo factor. La ciudadanía y las autoridades conocen la situación, pero ante la dificultad enorme de resolverla se toma como parte de la realidad urbana.
Por todo lo anterior, lo sucedido la semana pasada es sólo la punta del iceberg. El Gobierno del DF actuó con prudencia para no llegar a un enfrentamiento mayor, con alto grado de violencia y resultados imprevisibles. Los medios de comunicación, como se ha vuelto costumbre, más que informar, convirtieron el hecho en un show mediático de masas, repitiendo análisis superficiales que hacen ver el problema como de policías y ladrones, sin que falten los ataques habituales al gobierno de la ciudad.
El problema sigue ahí, como en otros lugares de la ciudad y del país. Su solución no pasa por el aumento de presupuesto para seguridad, así como del número de policías, armas y vehículos, ni por tomar decisiones ciegas al aplicar masivamente la fuerza. Hay que desmantelar las mafias del crimen organizado globalizado, impulsar la economía local para generar mucho más empleo estable y recuperar los ingresos perdidos por los trabajadores en 20 años, reconvertir la economía focalizada en este territorio y otros de la ciudad, ampliar la oferta formal de productos para compradores de muy bajos ingresos, cambiar los hábitos de compra, reordenar físicamente las colonias y lograr que la gente vuelva a vivir en ellas, dotarlas de servicios adecuados, reorganizar y moralizar las policías y el sistema judicial, y coordinar acciones metropolitanas con el gobierno federal, entre otras muchas cosas.
Hay que hacerlo, pero tomará mucho tiempo; la solución requiere de políticas económicas, sociales y urbanas de largo plazo, en las que participen gobierno, empresas, medios y ciudadanía.