MIERCOLES 22 DE NOVIEMBRE DE 2000
Ť Investigar permisos que otorgó Carabias, exigen
Los pescadores de Yucatán son depredadores: campechanos
Ť Celestuneros piden castigo para destructores de embarcaciones
Luis Boffil y Lorenzo Chim, corresponsales Ť Trabajadores y empresarios de la pesca de Celestún, Yucatán, demandaron un castigo ejemplar para sus similares de Isla Arena, Campeche, quienes el sábado anterior detuvieron a 32 pescadores yucatecos y les destruyeron 16 cayucos, cinco lanchas con motor y dos barcos de mediana altura.
En Campeche, los grupos parlamentarios del Congreso local exigieron se investiguen los presuntos hechos de corrupción en que habría incurrido Julia Carabias Lillo, titular de la Semarnap, al otorgar a un reducido grupo de permisionarios de Yucatán 400 autorizaciones para pescar especies marinas en aguas de la entidad vecina durante cuatro años.
Industriales de Celestún, Yucatán, encabezados por Renán Solís Molina, propietario de la empresa Impesmar, culpó del problema al gobernador de Campeche Antonio González Curi por su indiferencia y negativa de arreglar el asunto.
Junto con él, los demás pescadores afectados advirtieron que no cederán ante la presión de sus homólogos campechanos y continuarán la captura mientras tengan el permiso de la Semarnap.
Además del castigo a los destructores de sus embarcaciones de trabajo, pidieron también una sanción para Sonia Cuevas Kantún, alcaldesa de Calkiní, quien habría incitado a la violencia y sería autora intelectual de la destrucción de las embarcaciones yucatecas.
El gobernador yucateco Víctor Cervera Pacheco informó a su vez que apoyará a los pescadores e industriales afectados con la quema de sus embarcaciones, aunque declinó intervenir en el conflicto ya que, según él, corresponde a las autoridades federales terminar el problema.
En Campeche, el diputado César Iván Arcila Amézquita, a nombre de la fracción priísta, demandó que el Congreso analice las disposiciones constitucionales en materia de responsabilidades de los servidores públicos, para solicitar al Congreso de la Unión que Julia Carabias sea sometida a juicio político por propiciar enfrentamientos entre pueblos hermanos.
Luego de exigir que se invaliden los 400 permisos otorgados a los pescadores yucatecos, Arcila dijo que "Carabias es hoy factor de desequilibrio social entre Celestún e Isla Arena; ha alentado a voraces permisionarios como Renán Solís o Leonel Rosado, a quienes benefició con los permisos, y mantiene en suspenso la hermandad de estos pueblos, que no debe ser violentada por la sobrada irresponsabilidad de Julia Carabias".
Carlos Emilio Baqueiro Cáceres, también del PRI, reflexionó en el sentido de que los pescadores, "son los campesinos del mar, sus riberas y sus costas, son sus parcelas, en las que día a día arriesgan su vida".
Dijo que si bien es cierto que en Campeche se superó la producción récord de pulpo -más de 6 mil toneladas-, eso se debió que este año no se permitió que incursionaran los celestuneros a depredar el recurso.
Ana María López Hernández, diputada por el PT, pidió incluso que se declarara persona non grata al delegado de Semarnap en Campeche Carlos Alberto Rihani Vales, quien es yucateco y "todo el tiempo ha beneficiado a los pescadores de esa entidad. No es posible que dos o tres permisionarios de Yucatán, que ya depredaron la pesquería en sus costas, hoy quieran venir por lo que queda de Campeche" agregó.
El panista Tomás Gutiérrez Pérez se solidarizó con las propuestas de sus homólogos del PRI, PRD y PT, aunque al final de cuentas no se pusieron de acuerdo en algún punto de acuerdo que concretara su solicitud.