DOMINGO 19 DE NOVIEMBRE DE 2000

La militarización, madre de los paramilitares

Los responsables duermen tranquilos

Cinco años después del surgimiento de los grupos paramilitares, el gobierno federal reconoce su existencia. Sin embargo, insiste en llamarlos "grupos civiles armados" para deslindar a las fuerzas armadas y a las autoridades estatales y federales de cualquier responsabilidad en su organización, financiamiento, entrenamiento y protección. La investigación de la PGR sobre estos grupos no ha ido a fondo. Los personajes involucrados, militares, funcionarios públicos y dirigentes del PRI, no han sido investigados, ni juzgados. Detrás del escándalo está uno de los saldos pendientes de la democratización del país

Jesús RAMIREZ CUEVAS

La reciente detención de algunos integrantes del grupo Paz y Justicia y el operativo frustrado de la Procuraduría General de la República (PGR) contra paramilitares en la comunidad de Los Chorros, en Chenalhó, han puesto en evidencia lo que el gobierno de Ernesto Zedillo ha negado sistemáticamente: que en Chiapas actúan grupos paramilitares.

Ahora la PGR reconoce que sí existen. Sin embargo, el mismo concepto de paramilitares (aunque muchos políticos lo ignoran, incluyendo el presidente Ernesto Zedillo) significa aceptar que los miembros de las fuerzas armadas tienen vínculos con ellos.

El fracasado operativo en Los Chorros dejó muchas dudas. "Patearon el avispero y luego se van", cuestionaron muchos actores del conflicto en Chiapas. ƑPor qué hasta ahora actúan contra los paramilitares?, Ƒy que hay detrás de estos operativos?, se preguntan muchos.

En todos los medios de comunicación se publicó lo impensable hace poco tiempo: en Chiapas operan más de 15 grupos paramilitares. Estos grupos surgieron en 1995 tras la ofensiva militar del Ejército Mexicano contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). En pleno diálogo de San Andrés, el gobierno optó por el desgaste de las bases zapatistas al constatar el apoyo de miles de indígenas al movimiento rebelde.

Los paramilitares fueron impulsados, armados y entrenados desde el gobierno y el Ejército federal, bajo el mismo esquema de otras experiencias antiguerrilleras de Centro y Suramérica. El objetivo de estos grupos ha sido enfrentar directamente a los indígenas que simpatizan con la guerrilla y generar un clima de guerra civil entre campesinos, estrategia dentro de la cual el Ejército justificaría su presencia en las comunidades como una fuerza pacificadora (recuérdese el informe de la PGR sobre la matanza de Acteal perpetrada por paramilitares: fueron "conflictos intercomunitarios e intrafamiliares" y la llegada de los soldados a Chenalhó).

Los paramilitares -"invisibles" para el Ejército- han sido responsables de cientos de muertes, han atacado decenas de comunidades y han cometido todo tipo de delitos en más de 30 municipios. Actualmente, hay más de 15 mil indígenas refugiados de guerra como consecuencia de sus ataques y amenazas.

(Por cierto, en el operativo de Los Chorros nadie reparó en los más de 10 mil tzotziles refugiados que hay en Chenalhó por la violencia paramilitar, hecho que ha sido minimizado por funcionarios del gobierno argumentando que no regresan a sus casas por consigna política. Si la PGR ahora los persigue y busca sus armas, Ƒcuál es la verdad, si después de casi tres años de ocurrida la matanza de Acteal ni los militares ni la policía han decomisado las armas que se utilizaron?)

*Paramilitares y el Consejo de Seguridad estatal

Existe una pista que no han seguido las autoridades judiciales que puede explicar la relación de las instancias oficiales con los grupos paramilitares. Se trata de los comités municipales de seguridad pública creados en 1997. Cualquier revisión de las listas oficiales de estos organismos encontrará que hay nombres que coinciden con quienes han sido señalados como paramilitares. Incluso el Cisen utilizó los mismos consejos para reclutar informantes en todo el estado. Estos comités municipales fueron constituidos por orden del Consejo de Seguridad Pública estatal, máximo organismo de decisión en el estado. Este consejo es presidido por el jefe de la séptima Región Militar, el gobernador y su gabinete, los jefes policiacos del estado y los representantes de las dependencias federales. Ahí se toman las principales decisiones, ahí se han definido las estrategias gubernamentales durante estos años. Este órgano ha servido al Ejército para ejercer el poder político en Chiapas y a través de su estructura municipal se incorporó a los paramilitares a la seguridad estatal. En este organismo eran discutidas las inversiones públicas federales y estatales, y palomeadas por las fuerzas armadas con objetivos claramente contrainsurgentes. Los recursos aprobados beneficiaron en gran medida a estos grupos paramilitares.

Otro aspecto importante de la actuación de estos grupos es su relación directa con la militarización. Los paramilitares han proliferado en las regiones Norte, Altos y Selva, donde es mayor la influencia rebelde y donde más bases militares existen.

Nada dice la PGR sobre el suministro y la venta de armas, el entrenamiento para sus integrantes, la tolerancia para sus acciones, su participación en operativos contrainsurgentes junto con policías estatales y soldados, y en tareas de vigilancia y control de poblaciones y territorios. La mayoría de las veces con la anuencia de mandos militares.

Para acabar con los paramilitares -como dice querer la PGR-, el gobierno federal tiene que renunciar a la estrategia seguida hasta ahora y retirar a los soldados de las comunidades indígenas, pues es claro que los soldados han servido como apoyo y garantía de impunidad a los paramilitares. (Recuérdese el operativo de la PGR en Los Chorros. Frente al cuartel militar de Majomut, los priístas dispararon contra los judiciales sin que interviniera el Ejército y les bloquearon el paso en Yabteclum, donde hay otro cuartel militar. ƑPura coincidencia? ƑPor qué no actuaron en otros lugares descampados o donde no hay soldados? No sabemos.)

*La otra cara de una estrategia militar

Un personaje conspicuo en esta historia es el general Mario Renán Castillo, quien estuvo al mando de la séptima Región Militar de 1994 a 1997 (justo un mes antes de que ocurriera la matanza de Acteal). En ese lapso surgieron al menos seis grupos paramilitares (Paz y Justicia, Los Chinchulines, Máscara Roja, Alianza San Bartolomé de los Llanos y Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista).

Renán Castillo, egresado de Fort Bragg y doctorado en psicología militar, es uno de los exponentes de la "guerra irregular", de la guerra de baja intensidad.

En el Manual de guerra irregular editado por la Secretaría de la Defensa Nacional en 1994, y en otros similares, se considera como parte de la estrategia antiguerrillera la creación de grupos paramilitares o fuerzas de "autodefensa'' integradas por civiles reclutados entre la población, como estructura paralela subordinada al Ejército y dedicada a operaciones de contraguerrilla y restauración del orden. En el caso de Chiapas, los paramilitares quedaron subordinados a la Fuerza de Tarea Arco Iris, grupo de elite aerotransportado creado por el general Renán Castillo.

Esta "guerra irregular" es una guerra sucia, ilegal, y por tanto, ha sido encubierta por el gobierno actual y por los mandos militares responsables en Chiapas.

*Las dudas

El operativo de la PGR en Los Chorros dejó muchas incógnitas. Se ha cuestionado en los medios de comunicación, así como en el Congreso, el hecho de que faltando unos días para que termine la actual administración se haya decidido actuar contra los paramilitares. El Ejército diseminado por toda la zona no fue notificado y no intervino, cosa inexplicable, ya que hay 19 campamentos militares en la región, con más de 5 mil soldados. Los militares controlan lo que pasa en ese municipio, como en otros del estado. Un dato curioso es que en el boletín de prensa de la Sedena se informó que los soldados realizaron labor social en Los Chorros al día siguiente de los enfrentamientos entre indígenas priístas y policías judiciales, donde habrían entregó 218 despensas. Tras la matanza de Acteal el Ejército desplegó unos 5 mil hombres en el municipio de Chenalhó para coadyuvar con las autoridades civiles en la investigación de los crímenes y evitar más violencia. Algo que por lo menos el 12 de noviembre no se cumplió.

Una hipótesis que se maneja es que se quiere amnistiar a los paramilitares, como han sugerido en otro momento sectores oficiales (el gobernador Roberto Albores propuso una ley de amnistía para ellos en 1998). Otra es que se quiera presentar a los paramilitares como un contrapeso a los zapatistas en la mesa de negociaciones (en el diálogo de San Andrés con el EZLN, Gustavo Iruegas y los representantes del gobierno quisieron sentar frente a frente a los paramilitares con los zapatistas).

Una hipótesis más que se maneja es que el Ejército quiso evidenciar la ineficacia de las autoridades civiles para enfrentar los problemas en el estado y mantenerse como una fuerza de control necesaria para el próximo gobierno.

Otra pregunta que surge es si se trata de un ajuste de cuentas o si son actos para simular que sí se realizan acciones contra los paramilitares.

Un ejemplo de ello es que algunos de los principales dirigentes que organizaron la matanza de Acteal siguen libres (como los que encabezaron la "rebelión" contra la PGR en Los Chorros). Las armas que usaron para atacar a los judiciales Ƒserían las mismas que se usaron en Acteal?

*Militarización y paramilitarización: vidas paralelas

La presencia de los paramilitares coincide con los campamentos militares diseminados en el estado (más de 200). Particularmente se les ha relacionado con los cuerpos de elite del Ejército como los GAFE (Grupo Aerotransportado de Fuerzas Especiales) en los Altos, la Selva y el Norte del estado y las CINE (Compañía de Infantería No Encuadrada), especializadas en contrainsurgencia.

Las tropas elite del Ejército tienen cuarteles propios en el municipio Salto de Agua (donde opera Paz y Justicia); en Altamirano (donde opera el MIRA); en Maravilla Tenejapa, municipio Las Margaritas (donde opera parte del MIRA, con apoyo de la Sedeso); en Boca Lacantum, zona de Marqués de Comillas, y la sexta se ubicó en Nuevo Orizaba, municipio Montecristo de Guerrero (creado por Albores, donde operan Los Chinchulines y el MIRA).

Según indagaciones del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC), actualmente operan en Chiapas 16 grupos paramilitares: Desarrollo, Paz y Justicia, Los Chinchulines, Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista, Máscara Roja, Alianza San Bartolomé de los Llanos, Los Quintos, Los Puñales, Los Aguilares, OCOPECH, Los Tomates, Los Plátanos, Los Chentes, Los Carrancistas, Frente Civil y la Organización Clandestina Revolucionaria.

Hay evidencias, nunca investigadas por las autoridades judiciales, que los vinculan con elementos de las fuerzas armadas y de Seguridad Pública estatal, así como con dependencias de los gobiernos estatal y federal.

Y el Ejército, Ƒqué papel juega en todo esto? Los lugares donde realiza labor social, donde reparte despensas, realiza cortes de pelo o asistencia social coinciden casi siempre con los mismos lugares donde se ha denunciado la presencia de paramilitares (el caso más notorio es Chenalhó, donde los campamentos militares corresponden con los pueblos donde hay civiles armados).

El capitán Parra mencionado en el expediente de la PGR sobre la matanza de Acteal fue señalado por dos generales retirados como el oficial que permitió el paso de armas de los priístas antes de la matanza del 22 de diciembre de 1997. Hay testimonios, sin investigar, que explican cómo en el campamento militar de Santa Martha en Chenalhó se entrenó y adiestró a jóvenes que después participaron en la misma acción (incluso se les propocionaba un salario y se les pasaban películas pornográficas).

Está también el caso de los Centros de Atención Social de la Sedeso en la zona de conflicto, cuya ubicación coincide con la existencia de paramilitares en esos pueblos. Así se entiende que haya correspondencia de la estructura electoral del PRI con estos grupos y que se den casos como los de los diputados priístas Norberto Santís López, Cancino Cevallos y Samuel Sánchez o presidentes municipales o miembros de cabildos de muchos municipios del Norte, Selva y los Altos que al mismo tiempo han sido dirigentes de estos grupos.

Otro ejemplo de las relaciones peligrosas de funcionarios es el caso de los llamados "operadores políticos interinstitucionales" del gobierno del estado que han protegido y promovido a dirigentes paramilitares: Juan Villafuerte, representante del gobierno estatal en Ocosingo y Altamirano (relacionado con gente del MIRA como Pedro Chulín, dirigente de paramilitares que fue encargado directamente por el Ejército como jefe de la seguridad en Taniperla y protegido por este funcionario), o Francisco Torres Vera, en la frontera (el mismo que difundió hace unas semanas la especie de que el subcomandante Marcos fue detenido en La Realidad, quien asistió a reuniones en los pueblos de La Trinitaria y Maravilla Tenejapa, acompañado de un coronel del Ejército, para invitar a los campesinos a que se unieran a los grupos civiles armados organizados, y promovió directamente a los paramilitares en 20 de Noviembre, de Las Margaritas).

Actualmente hay un grupo paramilitar que opera en Maravilla Tenejapa, sitio donde hay un cuartel militar de tropas especiales. Los pobladores de Amatitlán denunciaron que los paramilitares, con el apoyo de soldados de ese lugar, secuestraron, encarcelaron y expulsaron a varias familias, además de quemarles sus casas. Dicha comunidad -dominada por priístas y donde existe una oficina de la Sedeso- fue destinataria de las cooperaciones obligatorias que durante un año se exigieron a los pobladores de Río Blanco para armar paramilitares.

Desde 1997, en los municipios autónomos y pueblos que iban siendo ocupados por el Ejército las labores de vigilancia las realizaban los paramilitares, a veces con uniformes oficiales. La ofensiva contra los municipios autónomos zapatistas realizada por el Ejército y policías estatales y federales fue acompañada por integrantes de grupos paramilitares, a quienes se dio el control de los pueblos ocupados por policías y soldados. Lo ocurrido en Taniperla, Amparo Aguatinta o San Juan de la Libertad es ejemplo de ello.

Hay otros casos, como el grupo que opera en Los Plátanos, El Bosque. A pocos kilómetros hay un campamento militar y en el pueblo hay una base de operaciones mixta. Ellos participaron en el operativo militar y policiaco en El Bosque en 1998, donde murieron nueve indígenas. No es casual que los paramilitares hayan surgido en regiones clave del territorio chiapaneco donde se libra la guerra silenciosa. En el estado más militarizado del país, no es creíble que con miles de soldados desplegados el Ejército Mexicano no haya intervenido para desmantelar ni un solo grupo paramilitar, y ni siquiera haya detenido a un solo integrante de los mismos.

Esta paramilitarización en Chiapas no se entiende sin el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, Seguridad Pública del estado, funcionarios estatales y federales, presidentes muncipales, diputados, todos ellos del PRI (en algunos casos también participan militantes del Partido del Trabajo y del Partido Cardenista).

Lo cierto es que no hay ninguna investigación seria sobre ninguno de estos señalamientos.

Por su parte, la Procuraduría General de Justicia Militar, que encabeza Rafael Macedo de la Concha, aseguró esta semana que no ha recibido ninguna denuncia vinculada con la presunta participación de militares en relación con los grupos paramilitares en Chiapas. Sin embargo, organismos de derechos humanos y la CNDH han denunciado y documentado acciones paramilitares en las que se involucra a militares.

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Es evidente que para crear un clima favorable al diálogo el nuevo gobierno tiene que deslindarse de la política contrainsurgente promovida por el presidente Zedillo. Se necesita una comisión de la verdad que investigue la contrainsurgencia en Chiapas y el surgimiento y apoyo a los grupos paramilitares. La PGR, el gobierno federal, el Ejército, no pueden ser juez y parte.

Esta comisión tendría que investigar crímenes y posibles responsabilidades oficiales en los delitos de lesa humanidad cometidos en Chiapas desde 1994.