SABADO 18 DE NOVIEMBRE DE 2000
Ť José Luis Manzo Ť
Pensar antes de actuar
En el Partido de la Revolución Democrática (PRD) estamos analizando a fondo la situación del sector eléctrico, para presentar en breve una propuesta de restructuración que garantiza el interés colectivo y, al mismo tiempo, facilita y da certidumbre a la participación del capital privado, aunque de manera acotada. En este espacio he venido exponiendo partes de ese debate.
ƑQué se busca con modificar la Constitución en materia de electricidad? La intención de Zedillo, y ahora de Fox, es eliminar el concepto de servicio público de electricidad, para que sólo exista el de servicio privado. ƑCuál sería la consecuencia? a) El abasto eléctrico a la población ya no sería considerado como una función estratégica que el Estado mexicano debe garantizar, lo que ha requerido que el sector eléctrico esté bajo el control de un monopolio estatal conformado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza del Centro (LFC). b) Eliminando de la Constitución el concepto de servicio público, no habría impedimento legal alguno para vender CFE y LFC. Aun cuando no fuesen vendidas por ahora, como ofrece Juan Bueno Torio, encargado del sector eléctrico en el equipo de transición de Vicente Fox (La Jornada, noviembre 16, 2000), todas las fases del negocio eléctrico, como son la generación, la transmisión, la distribución y la comercialización, serían dominadas crecientemente por empresas privadas, que se manejarían con plena libertad pese a los controles formales que se establecieran, buscando obtener no la mejor atención al consumidor, sino la máxima ganancia posible.
No voy a reproducir aquí los resultados negativos que surgieron en otros países cuando el Estado entregó totalmente el sector eléctrico a empresarios privados, tema que fue abordado en entregas anteriores. Los lectores interesados pueden consultar La Jornada en alguna hemeroteca o en Internet.
Por lo pronto, conviene reflexionar sobre el hecho de que la propuesta de cambios constitucionales en materia de electricidad presentada por Zedillo fue rechazada durante dos años, porque no tenía un sólido sustento técnico, económico y financiero, y porque resultaba altamente perjudicial para el país. Conociendo esta situación, la sociedad le negó el respaldo. Para sacarla adelante no bastaron las fuertes y numerosas presiones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, ni el intenso cabildeo que hicieron las grandes empresas internacionales interesadas en explotar todo el negocio eléctrico, no sólo el de la generación.
Sin embargo, pareciera que ese cabildeo ha sido más eficaz con el equipo de enlace de Vicente Fox. Todo indica que esas empresas agarraron frío y asustaron con el petate del muerto al asesor de Fox en la materia, Juan Bueno Torio, a grado tal que dicho ex diputado entregó al Congreso y a los partidos políticos, como propuesta del equipo de Fox, la que preparó la empresa Enron.
Resulta poco serio que los senadores del PAN y los asesores del nuevo presidente retomen, sin más, la propuesta de Zedillo, corregida y aumentada por Enron, y pretendan aprobarla antes del 31 de diciembre, como si ese rechazo generalizado no existiera. Lo prudente sería realizar un debate serio y amplio, que incluya no sólo a los legisladores de ambas cámaras del Congreso, lo que requiere varios meses, no los pocos días que le quedan al presente año.
Insistir en legislar al vapor no sería conveniente para la gobernabilidad que busca el nuevo presidente ni para el país. Tal iniciativa está condenada al fracaso, ante la oposición del PRD y del PRI. No sería buen comienzo del gobierno de Fox tensar innecesariamente su relación con una sociedad cada vez más vigilante y exigente de que se cumplan las promesas de campaña, particularmente la de no aprobar nada sin el consentimiento mayoritario.