SABADO 18 DE NOVIEMBRE DE 2000
Ť EL TONTO DEL PUEBLO
ACO: historia de 30 mil estafas
Ť Jaime Avilés Ť
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Alcancías fraudulentas. No hace muchos años, la quiebra de una caja de ahorros, donde la inmensa mayoría de los habitantes del país tenía invertido su patrimonio, provocó el desgarramiento del sistema político de Albania. El fenómeno, toda proporción guardada, se repite hoy, hoy, hoy, en no pocas ciudades del centro y del norte de México, donde miles de personas han perdido el dinero de toda su vida por culpa de estafadores que manejaron esos fondos por medio del sistema de "pirámides" y terminaron huyendo con una fortuna considerable.
El tema -que indigna porque en estos casos no hay Fobaproa que valga para salvar a quienes ahora nada tienen- tarde o temprano será motivo de un nuevo escándalo, que podría estallar muy pronto en el Distrito Federal, una vez que entre en funciones el gobierno de Vicente Fox y una pequeña banda de delincuentes de cuello blanco pierda sus actuales influencias dentro del primer círculo de Los Pinos.
De acuerdo con una investigación del tonto del pueblo -en la que a través de Internet contribuyeron decisivamente muchos lectores-, alrededor de 30 mil personas han sido defraudadas, en semejantes circunstancias, por la firma ACO Autoconstrucción SA de CV, que preside el magnate Roberto Díaz Arciniega. Hasta ahora, su empresa ha logrado frenar cinco órdenes de clausura, gracias a las maniobras del bufete B'kelnek, del abogado Miguel Angel Borja, que es también representante legal de un familiar del presidente Ernesto Zedillo.
Una fuente de la Cámara de Diputados sospecha, por otra parte, que don Roberto podría ser protagonista de una amarga paradoja: el dinero que estafó a sus clientes fue depositado en la cuenta número 3517144 de Banca Unión, y tras el derrumbe de aquella "institución nacional de crédito", ese capital podría volver a sus manos gracias al "rescate" instrumentado por Zedillo, mientras los ingenuos que financiaron todo no cuentan en los hechos con protección legal de ninguna especie.
Para redondear el cuadro o cuadrar el círculo, Díaz Arciniega aparece como precursor de las cajas de ahorro -especie de banca paralela-, porque en 1994, y después de un pleito de tres años, la Suprema Corte le otorgó el derecho de amparo contra una disposición del Banco de México y de la Secretaría de Hacienda, que en 1991 prohibieron los mecanismos de autofinanciamiento inmobiliario ideados por don Roberto. El fallo sentó jurisprudencia y abrió las puertas para que otros vivales aprovecharan la nueva situación jurídica y reprodujeran el esquema operativo.
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Historia de un emprendedor. A lo largo de su vida, Roberto Díaz Arciniega ha creado varias docenas de empresas mercantiles, muchas de ellas efímeras por inconsistentes, de las cuales una, contra todo pronóstico, lo volvió millonario. ACO surgió en 1988, último año del sexenio de Miguel de la Madrid, en un momento en que la economía nacional experimentaba los efectos traumáticos de su reconversión al neoliberalismo. Entre devaluaciones, fuga de capitales y demás calamidades, la flamante empresa debutó con éxito y durante sus primeros doce meses vendió planes de financiamiento para la construcción de unas cien viviendas.
Los clientes entregaron 50 por ciento de anticipo en efectivo, firmaron contratos comprometiéndose a pagar en plazos mensuales lo demás y aceptando que la totalidad del crédito les fuese devuelto sin intereses en el tiempo de antemano convenido. En los hechos, don Roberto no consagró tales fondos a los propósitos que había ofrecido sino que los utilizó para cubrir las pérdidas causadas por sus anteriores negocios. Como bien sostiene una de las fuentes de esta columna, "organizó su propio rescate financiero con cargo a una clientela cautiva".
No obstante, se edificaron algunas casas. En primer lugar las de los clientes más difíciles de aplacar; después las de otras personas que pagaron más de lo pactado en un principio, y lo hicieron de buena fe, convencidas de que los tropiezos de la macroeconomía mexicana debían ser combatidos con los redoblados esfuerzos de los ciudadanos. Y mientras tanto, el empresario continuó sorprendiendo a un número creciente de incautos.
A finales de 1988, don Roberto viajó a Sudamérica, donde observó que en varios países proliferaban los negocios de autofinanciamiento como el suyo y se preguntó por qué este esquema de inversión no existía en México. Averiguó entonces que la Ley Federal de Protección al Consumidor prohibía los "sistemas de comercialización inmobiliaria". Pronto, sus abogados descubrieron la forma de sacarle la vuelta a esta norma restrictiva y en 1989 salió al mercado el Plan de Ahorro ACO.
Este concedía a cada cliente participación en un fideicomiso cuyos miembros aportarían mensualidades para recibir un crédito sin intereses en un plazo variable. Con ese dinero, ACO les construiría sus casas, produciendo así un autofinanciamiento virtual, aunque a los ojos de la ley éste aparecía como una mera operación de compraventa de materiales como ladrillos, varillas, cemento, arena y planos arquitectónicos. Hasta ahí todo iba muy bien...
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Una visita al reclusorio. Después de tocar puertas en muchos bancos, Díaz Arciniega obtuvo el apoyo de Serfin. La Procuraduría Federal del Consumidor echó mano de todas sus argucias leguleyas para frenarlo, pero don Roberto supo eludir todas las dificultades. Muchos de sus clientes originales rescindieron su contrato inicial y se adhirieron gustosos al nuevo proyecto. En la práctica, el éxito del plan abrió un nuevo nicho de mercado y entonces aparecieron los competidores, al margen de la banca nacionalizada por López Portillo y reprivatizada por De la Madrid.
Los nuevos banqueros salinistas experimentaron celos ante los aventureros que les estaban comiendo el mandado en este ramo y, en 1991, el Banco de México prohibió la creación de fideicomisos como el don Roberto. Las empresas que estaban en el ajo fueron auditadas con severidad, y después Hacienda les ordenó liquidar sus negocios. Todas se sometieron sin chistar, excepto ACO, que recurrió al amparo, mismo que ganaría, como ya está dicho, tres años después.
En ese lapso, ACO suspendió la venta de planes de autoconstrucción y al interrumpir el flujo de dinero a sus caudales, dejó volando a centenas de clientes que ya habían pagado y sólo aguardaban su recompensa. Pero entonces don Roberto fundó Nacional de Compras SA de CV, mejor conocida como Nacosa. Era la ingeniosa repetición del mismo esquema, sólo que en esta oportunidad, las autoridades reaccionaron de otro modo. Un jueves de febrero de 1992, el Ministerio Público Federal envió un comando de agentes judiciales a las oficinas de Barranca del Muerto 530 -donde aún opera ACO-, en esta ciudad, y arrestaron de golpe a secretarias, empleados, clientes y un repartidor de pizzas que en ese instante entregaba un pedido.
Todo el personal fue encerrado en un salón durante siete horas. El delito que se les achacaba era "realizar operaciones financieras reservadas a la banca", y como ésta era una falta grave de acuerdo con el código vigente, el castigo previsto era de diez años de cárcel. Una vez que los judiciales, por eliminación, liberaron a todos los presentes, comenzando por el repartidor de pizzas, don Roberto y cuatro de sus socios fueron remitidos al Reclusorio Oriente, donde sólo permanecieron el fin de semana, y salieron el lunes por la tarde. El juez dictaminó que las actividades de Nacosa no eran ilegales porque no se habían llevado a cabo. Don Roberto, sin embargo, captó el mensaje del poder, y se alejó de ese tipo de negocios por un tiempo.
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El retorno del coloso. Cuando en 1994 la Suprema Corte falló en su favor, ACO y Nacosa transformaron su imagen pública. ACO reapareció bajo el nombre de ACO Mi Alcancía, y Nacosa como ACO Comercial. Don Roberto contrató representantes de ventas en todo el país, mientras cientos de clientes insatisfechos demandaban la devolución de sus ahorros. Dentro del esquema emergente se formaron nuevos grupos de miembros del fideicomiso, que empezaron a obtener sus adjudicaciones con rapidez en detrimento de quienes llevaban, y llevan aún, años esperando.
De nueva cuenta, la empresa se fue para arriba. Con el capital fresco de su flamante clientela, don Roberto creó la controladora Ottawa SA de CV, algunas empresas dedicadas a la construcción, agencias inmobiliarias y una firma de seguros para viviendas. Cada vez que el magnate requería fondos para impulsar un nuevo negocio, organizaba otro grupo de clientes que se los proveían sin chistar.
En 1996, en medio del auge, don Roberto despidió a casi todo el personal y colocó en su lugar a sus parientes y amigos. En una convención efectuada en el balneario marino de Ixtapa-Zihuatanejo, el equipo de recambio se propuso una meta: "consolidarse como la firma de autofinanciamiento número uno a nivel mundial". Meses más tarde, al volver de un congreso de empresarios en Brasil, dijo a sus empleados que pronto serían miembros de un consorcio "más grande que la Coca-cola".
Pero entonces comenzaron los problemas de la riqueza. Los parientes y amigos de don Roberto, colocados en puestos ejecutivos, formaron nuevos grupos con hombres de paja para autoadjudicarse los beneficios. Después vinieron los autopréstamos y los desvíos de fondos. Con una clientela que a la fecha cuenta por miles sus víctimas en el DF, Guadalajara, Monterrey y Morelia, ACO apeló a un antiguo recurso: abrió la cuenta de cheques número 5634224 en Serfin para realizar los traspasos de los fondos que le daban los incautos. Los cheques eran depositados en favor del fideicomiso con la leyenda "salvo buen cobro", el cajero los sellaba como recibidos, don Roberto se los mostraba a los interesados para tranquilizarlos, y cuando los documentos rebotaban por falta de fondos, aquellos no se enteraban de esa nimiedad.
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ƑY dónde están las procuradurías? De acuerdo con los testimonios recabados por esta columna, oscilan entre 30 mil y 40 mil las personas estafadas por ACO. En la Procuraduría Federal del Consumidor, un periodista amigo averiguó que existen más de 900 demandas contra don Roberto y cinco órdenes de clausura. Estas no han procedido porque Fernando Camargo Almeida, director financiero de ACO, es primo de Roberto Campa Cifrián, ex titular de Profeco. Además, las autoridades se niegan a forzar la quiebra porque eso dejaría sin esperanzas inmediatas a las víctimas y el problema se politizaría, trasladando la responsabilidad al "gobierno" de Zedillo o, dentro de sólo doce días, al gobierno de Fox.
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Moraleja de la fábula. Durante los próximos 30 años, cuando menos, el país pagará el rescate de los banqueros que se hizo en nombre de millones de ahorradores, que no han sido ni serán beneficiados jamás. ƑNada se hará, tampoco, a favor de quienes fueron sorprendidos por la banca paralela?