VIERNES 17 DE NOVIEMBRE DE 2000
Ť Magdalena Gómez Ť
Paramilitares, la punta del iceberg
Estos días hemos visto un anticipo de lo que implicará abordar la solución del conflicto en Chiapas. La detención de los líderes de Paz y Justicia y el intento de desarmar paramilitares en Los Chorros han exacerbado el clima de confrontación y venganza que generó la acción de estos grupos bajo amparo oficial.
El frustrado operativo, que pudo ser más grave aún, se ve envuelto en un clima poco claro en virtud de que fue un golpe anunciado, lo cual genera dudas respecto a la intención del mismo. Por ello resulta necesario que la PGR aclare lo sucedido. Si hubo una "filtración", ésta provino de gente que se mueve en los círculos que planearon el operativo y que tiene interés en sabotear estas acciones que, si bien tardaron demasiado en decidirse, demuestran que es factible restablecer el estado de derecho.
Por lo pronto, ya cambió la ubicación física de armas y dirigentes de estos grupos; difícilmente se van a dejar sorprender. Es de suponer que la PGR cuenta con información suficiente para proceder incluso contra actores propiciadores; sin embargo, no resulta previsible pensar que se va a llegar hasta ese punto. Bien sabemos que dentro de los saldos del sexenio queda la amplia red de complicidades directas e indirectas.
Habría que considerar que los resultados de las elecciones federales del 2 de julio y de las estatales del 20 de agosto provocaron en los paramilitares la sensación de desamparo por el fracaso del priísmo y la consiguiente escisión entre ellos. Esto explica que Samuel Sánchez, de Paz y Justicia, afirme desde la cárcel que fueron divididos por Albores y que hable del ala radical atribuyéndola a los que están libres. ƑQué tanto aprovechó la PGR esta situación?, Ƒpor qué liberaron de inmediato a los detenidos anteriormente en San Bartolomé de los Llanos?, Ƒpor qué en el caso de Paz y Justicia se optó por la detención y no por el cateo de sus casas para encontrarles armas?, Ƒquién le dio a la PGR el aval político para estas acciones? Sólo recordemos que la PGR formó parte de la resistencia para reconocer que se trata de grupos con un claro componente militar y prefirió abordarlos como conflictos intracomunitarios y como grupos de civiles armados. El asunto no es trivial, no se trata de un simple cambio de nombre.
Independientemente de los resortes que motivaron estas acciones, podrían preparar las condiciones para detener la impunidad con que han actuado los grupos paramilitares; el problema radica en que vistas aisladamente y sin una nueva estrategia frente al conflicto, sus resultados pueden ser contraproducentes.
En las postrimerías del sexenio y ante la definición de posiciones del próximo gobierno federal, se juega la decisión sobre la continuidad o la ruptura de la línea zedillista frente al EZLN. Las tensiones y jaloneos están a la orden del día. Así lo muestra la decisión de expropiar terrenos al ejido Amador Hernández para proyectos militares considerados de "utilidad pública". Sin duda, los operativos de última hora de la PGR se inscriben en esta disputa. Debemos estar atentos porque existe la posibilidad de que algunos sectores interesados en justificar la presencia del Ejército en Chiapas pueden aprovechar estos incidentes para "demostrar" que esa entidad no se puede gobernar civilmente, también para argumentar sobre la necesidad de una amnistía a los paramilitares o para reforzar la tesis ya anunciada de que en la mesa de diálogo deberá incluirse a estos grupos.
También hemos visto en estos días que la guerra del pueblo contra el pueblo ha dado sus resultados. Los paramilitares resentidos ya culpan a los desplazados de las acciones de la PGR. Y en todo esto el Ejército aparece atrás de la foto, igual que el día que "observó" la masacre de Acteal. Que por fin se proceda contra los paramilitares debería significar un reconocimiento, así sea implícito, de que la estrategia seguida hasta hoy ha tenido altos costos y escasos beneficios.
Si el muy próximo presidente de la República piensa seriamente retomar el camino del diálogo, debe crear condiciones. No se puede emprender la solución de las causas que dieron origen al conflicto armado en Chiapas sin fijar como punto de partida que el Ejército retome el ejercicio estricto de sus facultades constitucionales y que la cabeza de conducción del diálogo razone y actúe desde la óptica civil.
El terreno, sin duda, está minado; los paramilitares son la cara visible, la punta del iceberg de un trabajo sucio que caminó este sexenio en sentido contrario al diálogo y a la búsqueda de la paz con justicia y dignidad. La nueva Cocopa tiene materia para hacerse presente de manera urgente, el equipo de transición para valorar de manera integral toda esta problemática, y la sociedad civil para reactivarse y fortalecer su trabajo más allá de los juegos de luces que anuncia el festejo por la asunción de un nuevo gobierno.