VIERNES 17 DE NOVIEMBRE DE 2000
Ť Gilberto López y Rivas Ť
Hacia un régimen de transición
A raíz de las líneas estratégicas del Programa de Gobierno para el Distrito Federal, planteadas por Andrés Manuel López Obrador, se ha desatado una discusión respecto a la caracterización del poder ciudadano y su papel en la relación gobernantes-gobernados.
En el interior del PRD, de las organizaciones sociales y políticas que de él se desprenden, así como entre los miembros de los comités vecinales han surgido incertidumbres, pero también esperanzas, que vale la pena debatir con el fin de generar consensos mínimos desde los cuales se establezcan las coordenadas de un gobierno con poder ciudadano.
En sentido estricto, todo gobierno enmarcado en el Estado moderno y, particularmente en su forma republicana, es ciudadano. Es decir, un gobierno tiene sentido ciudadano en tanto encuentra su fuente de legitimidad en la anuencia de ciudadanos que, más allá de sus preferencias políticas e ideológicas, disputan sus intereses en la arena pública.
Sin embargo, conforme la sociedad tiende a hacerse más compleja, estos mecanismos de representación se tornan insuficientes para satisfacer la demanda creciente de los ciudadanos. Esta situación es más notoria cuando descubrimos que el sistema de partidos se convierte en una estructura vertical, discrecional en el manejo de intereses y que, por su propia naturaleza institucional, no logra cumplir las expectativas del electorado.
Ante ello, comienza a crecer entre los ciudadanos la necesidad de participar políticamente más allá del momento efímero en que se deposita el voto. De hecho, durante mucho tiempo, México vivió atrapado en las redes institucionales de un gobierno que, a través del clientelismo y el corporativismo político, afianzaba a priori los resultados electorales. Sin embargo, desde principios de los ochenta comenzó a surgir un sinnúmero de ONG, asociaciones civiles y organizaciones políticas y sociales que expresaban el interés de muchas personas por participar políticamente, sin que militaran en organismos partidarios.
En este contexto, surgen iniciativas para que la ciudadanía participe directamente en asuntos de vital importancia. Tal es el caso del Plebiscito por la Democracia que llevó a consulta pública la elección de las autoridades del Distrito Federal. De igual modo, el EZLN ha recurrido a consultas ciudadanas para hacer partícipe a la sociedad de su toma de decisiones. Entre las más recientes encontramos la organizada por el PRD para asumir una posición frente a la conversión del Fobaproa en deuda pública, y en torno a la aprobación de Andrés Manuel López Obrador como candidato del PRD a jefe de Gobierno capitalino.
El hecho mismo de que en estas últimas elecciones haya salido derrotado el partido del aparato de Estado, nos remite a un cuestionamiento fundamental de una elite política y de una forma de ejercicio del mando, socavada desde 1988 con el triunfo presidencial, aunque no reconocido, del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.
El poder ciudadano nos lleva a reconocer una nueva instancia de gobierno que, lejos de negar el papel que pudieran desempeñar los partidos políticos y otras organizaciones, lo complementan. Desafortunadamente, ésta no ha sido la lectura y algunas organizaciones sociales de diversos signos han visto en la creación de los comités vecinales un obstáculo para la continuidad de prácticas corporativas y clientelares o una competencia desleal al intermediarismo. En lugar de abrirse hacia la sociedad civil fomentando una participación ciudadana, prefieren subordinar la responsabilidad de ser gobierno a los intereses particulares de una organización o un partido.
La razón de este primitivismo político es a todas luces evidente: sus objeciones se desprenden del miedo a perder una base política cautiva frente a otras ofertas de organización y participación, a la vez que temen ser desplazados por una ciudadanía emergente, que no busca vivir de la política sino para la política. Quienes así actúan temen dar el paso de un gobierno de transición a un régimen de transición, que no es lo mismo.
Hoy, el reto de la izquierda es trascender la circulación de elites implicadas en un gobierno de transición, para lograr cambios profundos de un régimen que puede, de un momento a otro, exacerbar las salidas más autoritarias para su conservación.