VIERNES 17 DE NOVIEMBRE DE 2000

Ť Piden analizar efectos negativos del acuerdo


Exigen diputados revisar el capítulo agrícola del TLC

Ť PRI, PAN, PRD, PT y PVEM aseguran que ha puesto en riesgo la soberanía alimentaria y empobreció el campo

Ciro Pérez y Víctor Ballinas Ť Legisladores de PRI, PAN, PRD, PT y PVEM señalaron ayer en la Cámara de Diputados, por separado, que es necesario revisar el Tratado de Libre Comercio en su capítulo agrícola, en virtud de que ha puesto en riesgo la soberanía alimentaria, ha empobrecido al campo y ha quebrado a decenas de empresas.

Por primera vez, en la sesión ordinaria de ayer, todos los partidos resaltaron que el TLC ha resultado negativo para los campesinos y pone en riesgo el futuro alimentario del país. Pidieron apoyos para el campo, una política agropecuaria de Estado y que se revise el tratado comercial.

El diputado perredista Silvano Aureoles Conejo resaltó que en los años de vigencia del TLC, las compras de granos y oleaginosas de México a Estados Unidos crecieron más de ciento por ciento, al pasar de mil 800 millones de dólares a 4 mil millones.

De 1994 a 1999, México aumentó las importaciones de arroz en 135 por ciento; de carne bovina procesada, 233 por ciento, y de carne de pavo y desperdicios comestibles en 4 mil por ciento. Urgió a que se forme una comisión especial con diez legisladores para que analicen el impacto negativo del TLC y que los resultados se entreguen al Senado de la República para que revise dicho acuerdo.

El panista Jesús Dueñas Llerenas apuntó que el daño a los productores del campo mexicano es muy grande. "A esta tribuna han llegado ganaderos afectados por la importación de carne; productores de frijol, de caña y de maíz que han visto caer los precios y reducir los subsidios y apoyos."

Agregó que el TLC ha provocado un daño muy grande a los campesinos y a la hacienda pública del país, por lo que exigió que se revise dicho tratado.

A su vez, el diputado priísta Edilberto Buenfil Montalvo hizo un llamado desde la tribuna legislativa para que todos los partidos políticos se unan para revisar el TLC, con el fin de "hacerlo más equitativo para el país y los productores mexicanos", y defender la soberanía alimentaria. Además, urgió a que se haga una revisión sobre los aspectos de presupuesto y apoyos al campo para que no sigan afectándose por las importaciones.

El diputado perredista Arturo Herviz dijo que le sorprendía ver a priístas y panistas con una posición de preocupación, cuando antes ellos apoyaron ese tratado. Señaló que el Senado debe aprobar la Ley de Desarrollo Rural que tiene detenida y exigió apoyos y subsidios, no sólo limosnas para el campo mexicano.

En otro momento de la sesión el priísta oaxaqueño Jaime Larrazábal Bretón llevó a tribuna un punto de acuerdo para que en su entidad se trabaje en una ley de amnistía que acoja a los miembros del EPR y del ERPI. "En el sur-sureste la desatención social ha sido aprovechada por algunos para inducir a los pobres a optar por el camino de las armas, ante la insuficiencia para resolver el hambre, la insalubridad y el analfabetismo, y el rezago milenario".

Demandó que en Oaxaca haya propuesta para la reconciliación y la paz en la región de los Loxichas y propuso una ley de amnistía, que deben promover las comisiones de Gobernación, Programación, Desarrollo Social, Presupuesto y Hacienda.

Por el PRD, Héctor Sánchez dijo que pareciera que los grupos armados son responsables de la violencia en el campo y el país, "pero no queremos ver una violencia aún más grave, la institucional, que mata a miles de niños por desnutrición y a miles de mujeres por enfermedades curables".

Sánchez resaltó que en Miahuatlán y Juxtlahuaca el gobierno ha construido cuarteles militares con campos deportivos, vivienda y alimentos para los soldados, donde la gente se muere de hambre. Agregó que "Oaxaca tiene el gobierno más corrupto del que se pueda hablar", y exigió mayor presupuesto para los indígenas, que debe ser por lo menos el 10 por ciento de los recursos con que contará el gobierno federal en el 2001.

Por el PAN, el diputado Pablo Arnaud Carreño resaltó que Oaxaca, junto con otros estados del sur, ha sido de los más olvidados. Y recordó al priísta que en esa entidad son 23 los movimientos armados reconocidos oficialmente, no sólo el EPR y el ERPI, por lo que convocó a los legisladores a que la paz en esa región debe ser un asunto de política de Estado que involucre a los tres poderes de la Unión.

Indicó que en los Loxichas desde 1996 hay una "guerra de baja intensidad", producto de las operaciones contrainsurgentes. "El fin de semana pasado un grupo de diputados estuvo en los Loxichas y fue testigo de acciones encubiertas del Ejército Mexicano, que sin justificación siembra temor y genera inseguridad."

El panista propuso que la Cámara de Diputados requiera al secretario de la Defensa Nacional para que informe del esquema de contrainsurgencia y se revisen las facultades constitucionales de las fuerzas armadas, "para que deje de actuar como policía y nos aboquemos a promover el proyecto de ley de amnistía".

El debate fue largo e intenso y llegó a las injurias entre legisladores del PRI y el perredista Héctor Sánchez. Sin embargo, todos coincidieron en que es necesario un acuerdo de paz para Oaxaca, donde la pobreza y la miseria, además de ser lacerantes, son la condición de la mayoría de la población.

Se dijo que en la entidad persisten desnutrición y analfabetismo, hay carencia de caminos rurales y de hospitales, existe un alto índice de mortalidad infantil y materna, y como muestra están las obras de un hospital que lleva 5 años de construcción y no ha podido concluirse.

Por otra parte, el perredista Elías Martínez propuso que la Cámara de Diputados haga un llamado al secretario de Educación Pública y al director del Instituto Nacional de Antropología e Historia para que eviten que el alcázar del Castillo de Chapultepec se use con fines distintos a los establecidos en la normatividad vigente. Recordó que los monumentos, zonas y sitios arqueológicos son bienes de dominio público y uso común, que por ley no pueden ser objeto de aprovechamiento particular en forma alguna.