VIERNES 17 DE NOVIEMBRE DE 2000

Ť Busca el partido probar el "fraude" electoral

Hoy, reunión PRD-Tribunal Electoral por el caso Tabasco

Ť Insiste el sol azteca en que Ojesto no intervenga en el asunto

Ť Preocupa a magistrados la posibilidad de perder credibilidad

José Gil Olmos y Jesús Aranda Ť El Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática anunció que este viernes se reunirá con los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para solicitar una revisión exhaustiva de las pruebas del "fraude" electoral en Tabasco.

Martha Dalia Gastélum, secretaria de Asuntos Electorales, aseguró que irán hasta las últimas consecuencias en su petición para que el presidente de dicho tribunal, Fernando Ojesto Martínez Porcayo, sea "excusado" de revisar el caso, pues lo prejuzgó, y que sea sometido a juicio político por la Cámara de Diputados.

Explicó que acudirán al tribunal este viernes a entregar una copia del recurso de revisión constitucional que se entregó a las autoridades electorales de Tabasco y a solicitar a los magistrados que Ojesto no intervenga.

Lorena Villavicencio, secretaria de Políticas y Alianzas, descartó que, para presionar en torno al caso Tabasco, el sol azteca vaya a tomar una determinación semejante a la del PRI, partido que externó que no asistiría a la toma de posesión de Vicente Fox si no se hace un recuento de votos en Jalisco.

Manifestó que hay confianza en las autoridades electorales, y que el TEPJF está a prueba, pues se han entregado todos los documentos que muestran las irregularidades en las elecciones tabasqueñas.

Demandó que los miembros de ese tribunal valoren en forma adecuada los datos aportados para que se "reconozca el triunfo" del candidato del PRD, Raúl Ojeda Zubieta, o se realice una nueva elección.

En conferencia de prensa, ambas perredistas reiteraron la denuncia de que el Tribunal Electoral de Tabasco "transgredió los principios de legalidad, certeza, exhaustividad y congruencia", toda vez que desestimó las pruebas de las irregularidades, se negó a estudiarlas a fondo e incluso "se manipularon" las causales.

Impugnarían al presidente del TEPJF por violación a la ley

Por otra parte, se informó que el PRD está en condiciones de solicitar al pleno de magistrados electorales que Ojesto no intervenga en la calificación de los comicios de Tabasco, pues violó la ley al adelantar un comentario sobre un tema que conocería y juzgaría.

Ello, ante la decisión del presidente de ese tribunal de esperar a que el caso Tabasco llegue a dicho órgano para decidir si se excusa o no de conocer el asunto.

Trascendió que al interior del TEPJF no hay consenso entre los magistrados electorales sobre la conveniencia de que su presidente renuncie o, al menos, se excuse de calificar ese proceso electoral.

Lo cierto, se informó, es que hay magistrados electorales, ministros y consejeros de la Judicatura Federal que están "muy preocupados" con el desarrollo de ese asunto, pues está en juego la credibilidad misma del tribunal.

Incluso, en círculos judiciales causaron sorpresa las declaraciones de Ojesto del pasado miércoles, cuando aseguró que no tenía pensado renunciar ni pedir licencia.

Ello, a pesar de que el propio Genaro Góngora Pimentel, presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, habría planteado a Ojesto desde el pasado viernes la necesidad de que dejara el cargo para evitar un mayor desgaste a la imagen del TEPJF.

En forma pública, Góngora dejó en claro que ese tribunal es "una institución que está más allá de cualquier persona", lo cual fue interpretado como un deslinde del asunto y no un espaldarazo al controvertido magistrado.

Por diferentes medios, se dijo, funcionarios judiciales han instado a Ojesto a reconocer que se equivocó y a que deje su puesto, pues, de otra manera, "nadie le va a creer al Tribunal Electoral cuando dictamine el caso Tabasco, ya sea que le dé la razón al PRI o al PRD".

Se reconoció que existe el riesgo de que reaccione el Congreso y se incline por impulsar una restructuración del tribunal, el cual apenas hace cuatro años pasó al ámbito del Poder Judicial de la Federación.

De acuerdo con la ley, el PRD tiene la opción de iniciar un procedimiento en contra del presidente del TEPJF para demandar que éste no conozca el caso, por las razones citadas.

En caso contrario, el partido del sol azteca quedaría a expensas de que el magistrado Ojesto decidiera interponer un recurso para no conocer del asunto.

En ambos casos, el pleno de magistrados de la Sala Superior se encargará de iniciar el procedimiento legal respectivo para adoptar una resolución. Si prospera la demanda del PRD en contra del magistrado Ojesto, éste tendría que ser sancionado -por lo menos amonestado de manera pública o privada- por sus propios compañeros, lo cual para un juzgador es "sumamente grave".

En todo caso, se expuso, la petición debe hacerse antes de que el TEPJF reciba formalmente la demanda en la que el PRD impugna los resultados en Tabasco, porque podría ocurrir que por turno fuera el propio Ojesto el magistrado ponente, toda vez que él hasta el momento no ha dicho que se excusará de conocer el asunto.

Según especialistas consultados, el documento que presentaría el PRD ante el Tribunal Electoral no representa mayor dificultad jurídica; basta que se argumente que el magistrado electoral violó el artículo 129 fracción IX, que establece como causa de responsabilidad "emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento".

El artículo 135 de la citada ley establece las sanciones a los juzgadores que incurran en responsabilidad: apercibimiento privado o público; amonestación privada o pública; sanción económica; suspensión; destitución del puesto, e inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

Por otra parte, la Constitución establece que si un magistrado electoral solicita licencia menor a 30 días, lo debe poner a consideración del pleno del TEPJF; pero si el permiso solicitado es mayor a ese lapso (hasta dos años) se tiene que hacer del conocimiento de la Suprema Corte para que ésta a su vez plantee el asunto ante el Senado, y éste resuelva.

Según la ley, sólo se puede renunciar al cargo por faltas graves y el procedimiento debe ser ante la Cámara de Senadores.