JUEVES 16 DE NOVIEMBRE DE 2000

Ť Foro sobre el tema en la Iberoamericana

Académicos: rezago de México en la prevención de la tortura

Ť El marco jurídico vigente "abre espacios de impunidad y permisividad" Ť Urgente, una reforma legislativa, plantean

María Esther Ibarra Ť México se encuentra rezagado, incluso frente a países latinoamericanos, en la prevención y erradicación de la tortura, pues el marco jurídico vigente en la materia, "lejos de garantizar la integridad personal de los detenidos, abre espacios de impunidad y permisividad" para la obtención de confesiones mediante esa práctica.

Durante el foro Mecanismos de prevención y sanción de la tortura en México, efectuado ayer en la Universidad Iberoamericana (Uia), coincidieron en ese planteamiento los académicos Santiago Corcuera y Miguel Sarre, y Agniezka Raczynska, coordinadora de Acción de Amnistía Internacional (AI), sección México.

Lo más deplorable, convinieron, es que a pesar que el país cuenta con un bagaje de normas constitucionales y ordinarias que prohíben la tortura, el gobierno mexicano no aplique medidas enérgicas para evitar que las propias autoridades responsables de impartir justicia y miembros de las fuerzas armadas cometan toda clase de arbitrariedades para obtener información de los detenidos o fabricar culpables.

Por eso consideraron urgente una reforma legislativa al marco jurídico vigente, en particular al papel del Ministerio Público, para retirarle las facultades de recabar y desahogar la prueba confesional, pues es una de las instancias del sistema jurídico que "legaliza" la tortura en el país, todo ello aunado a la corrupción que persiste en la impartición de justicia.

En las enmiendas, insistieron, se debe incluir que, en los casos de tortura por parte de militares, éstos sean juzgados por la justicia civil y no por los tribunales especiales castrenses, para evitar que puedan sustraerse de la acción de la justicia.

Si bien Santiago Corcuera, coordinador del Programa de Derechos Humanos y de la maestría en Derechos Humanos de la Ibero, no desestimó la corrupción de los funcionarios responsables de impartir justicia como causa de la tortura, destacó que el problema central es el "ineficiente" marco jurídico del país.

Explicó que la ley en contra de la tortura en el país concibe esa práctica cuando un funcionario público inflige sufrimientos graves a una persona, mientras que la Convención Americana sobre Derechos Humanos no considera el término "grave" para condenar y sancionar cualquier acto contrario a la integridad física de la persona.

Miguel Sarre, director del Centro de Estudios de Derecho Público del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), también recalcó que el problema es la falta de leyes adecuadas para prevenir y erradicar la tortura, pues manifestó que contrario a lo que se diga, en México el marco legal favorece esa práctica.

Por eso, Corcuera insistió en que se debe adoptar la recomendación del relator especial de las Naciones Unidas para la Tortura, Nigel Rodley, en el sentido de que no deben tener valor probatorio las declaraciones hechas a los detenidos, a menos que se hagan ante un juez y no ante un MP.

Entre otros factores que "alientan" la práctica de la tortura, mencionaron la deficiente capacitación de los cuerpos de seguridad pública; la sobrecarga de trabajo y la falta de tecnología; la inadecuada selección del personal, sus bajos salarios y deficientes prestaciones, así como la creencia de que la aplicación de una mayor dureza contra los delincuentes permite disminuir los índices delictivos.

Esos argumentos, dijeron, han sido utilizados constantemente por las autoridades para justificar los casos de tortura, incluso al interior de las prisiones, donde se practica "no sólo como una rutina de investigación e inteligencia preventiva interior, sino como método para la preservación del orden y la disciplina" en los reclusorios.

Otro problema, mencionaron, es la falta de independencia de las procuradurías de Justicia en relación con el Poder Ejecutivo (tanto a nivel estatal como federal), lo cual genera una "gran deficiencia en las investigaciones sobre casos de violaciones de derechos humanos".

Esta falta de independencia "impide la objetividad y profundidad, pues el servidor público a cargo de las investigaciones responde más a intereses institucionales o políticos, que a una efectiva aplicación de la justicia. Esto provoca el retraso y la complicidad en graves violaciones a los derechos humanos".

Al respecto, en entrevista, Corcuera consideró positiva la propuesta del equipo de transición de Vicente Fox de transformar desde el nombre y las funciones de la Procuraduría General de la República, en el sentido de "ciudadanizar" o "civilizar" esa dependencia, con la iniciativa de que quien ocupe ese cargo no dependa del Ejecutivo.