MIERCOLES 15 DE NOVIEMBRE DE 2000
Ť La autopista Juan Capitán-El Chihue acorta la distancia a EU
El fraude cavacista sería de mil millones de pesos
Martín Sánchez Treviño, corresponsal, Ciudad Victoria, Tamps., 14 de noviembre Ť La denuncia contra cinco funcionarios del gabinete del ex gobernador Manuel Cavazos Lerma por un fraude de por lo menos mil millones de pesos en la construcción de una autopista de 44 kilómetros que acortaría los tiempos entre la frontera de Estados Unidos y el centro de México, ha causado controversia porque el ex mandatario fue exonerado por la Unidad de la Contraloría Estatal.
En su último informe de gobierno (1992), Cavazos Lerma estableció que en la obra se habían ejercido mil millones de pesos y que se cambió el concepto de ejecución -de concesión a administración- por falta de financiamiento.
El proyecto fue concursado en 1996, dos año después de que la empresa Tribasa había dejado tirada la construcción, la cual difirió su conclusión arguyendo que el dinero se había encarecido.
La concesión por 30 años fue otorgada por el gobierno estatal a Pycsa, una empresa con sede en la ciudad de México y propiedad de la familia Melgarejo, la cual es también dueña del edificio El Caballito.
La propuesta de Pycsa con la que se le adjudicó la concesión fue de 536 millones de pesos, con financiamiento de la casa de bolsa Inverlat -que para entonces había comprado las sucursales del Banco Comercial Mexicano
Sin embargo, la empresa ganadora se negó a ejecutar la obra porque las casas de bolsa hicieron ajustes en sus finanzas, producto del error de diciembre de 1994. Un año y medio después, en 1997, el gobierno estatal canceló la concesión a Pycsa por haber incumplido con las cláusulas del convenio y decidió ejecutarla con recursos propios por administración.
Autopista del tesoro
La obra fue concursada bajo el concepto de carretera estatal por una parte porque los asesores de Cavazos Lerma lo convencieron de que si se planteaba de esa manera la concesión estaría en manos del estado y no de la Federación y el peaje se quedaría en la entidad.
Al frente de la obra fue designado Pedro Hernández Carrizales, secretario de Desarrollo Social cavacista, de profesión arquitecto aunque más conocido por bohemio, aficionado a las cartas, lectura de la mano y amante de lo esotérico. Es considerado el gurú de Cavazos Lerma.
Según el informe de Aída Acuña Cruz, titular de la Contraloría, los cinco funcionarios involucrados en el fraude entre los que figuran Juan Flores Adame, Vicente Goitortuo Mosqueda, Manuel Durán Córdova y Salvador Padilla, realizaron las obra sin proyecto ejecutivo, aplicaron dinamita en exceso en los taludes, los cortes registran un mal acabado y al ser de 90 grados, dañaron la estructura, lo que provoca riesgo de derrumbes.
El estudio técnico establece que la mayoría de los drenajes no se hicieron y los terraplenes presentan severas fallas en los 44 kilómetros de la vía por lo que se violo la Ley Estatal de Obra Pública y omitieron las recomendaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Además, la empresa contratada para supervisar la obra fue subcontratada para realizar trabajos en la misma carretera.
La obra se hizo apresuradamente, pues la meta era concluirla en menos de 12 meses, antes de que Cavazos entregara el poder.
Versiones de jornaleros que fueron despedidos unos meses antes de concluir el sexenio, revelaron que en el trazado carretero se hallaron varias vetas de oro, sin que se sepa qué se haya hecho de este asunto.
Asimismo, la tenencia de la tierra por la que atraviesa la vía es irregular y no obstante las quejas de los campesinos del Ejido Juan Capitán el derecho de vía no fue liquidado, pues con engaños y argumentos legaloides los hicieron firmar una donación.
Afectaron una zona arqueológica
Una exploración realizada a finales de 1999 por investigadores de antropología e historia de la Universidad Nacional Autónoma de México estableció que la ruta de la autopista afectó localidades donde hay restos arquelógicos de hasta 180 millones de años.
Juicio político a Cavazos
Luego que la Contraloría exoneró al ex mandatario, el PAN y el PRD insisten en que debería ser sometido a un proceso judicial. Además, los panistas presentaron ante la Procuraduría una denuncia, en marzo pasado contra Cavazos Lerma por presuntas irregularidades en la construcción de la obra.
El gobernador Tomás Yarrington Ruvalcaba -secretario de Hacienda cuando se presupuestó y ejecutó la obra-, también exonerado del caso, dijo que la carretera es fundamental para la actividad comercial pero que es necesario definir los costos y aclarar las irregularidades.
Como parte demandante, la Contraloría considera que toda la inversión original se fue en "saco roto" y la Procuraduría ya investiga.
La controversia de fondo se da entre la oposición y el poder Ejecutivo porque la Procuraduría ha omitido la denuncia de hechos presentada por el PAN y da cauce a la demanda penal interpuesta por la Contraloría.