MIERCOLES 15 DE NOVIEMBRE DE 2000
Ť Informe 1999-2000 de la dependencia
Ha sancionado Secodam a más de 51 mil funcionarios en seis años
Ť Se impusieron casi cinco mil multas por 3 mil 179 millones de pesos Ť 339 quejas contra personal del Programa Paisano
Gustavo Castillo García Ť La Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) ha impuesto, en lo que va del sexenio, sanciones administrativas a 51 mil 17 funcionarios públicos, de las cuales 4 mil 945 fueron de tipo económico por un monto de 3 mil 179 millones 14 mil pesos, cifra que equivaldría a casi dos veces los recursos (mil 981.8 millones de pesos) que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) destinó al pago de capital, de intereses, comisiones y gastos de la deuda pública del Gobierno del Distrito Federal durante el primer trimestre de este año.
Datos obtenidos del Informe de Labores 1999-2000 de la Secodam, indican que entre septiembre del año pasado y agosto del presente, se sancionó a 11 mil 781 servidores federales y que en mil 22 casos se impusieron penalidades económicas por un monto de 766 millones 18 mil pesos, cantidad que equivale a más de dos veces, los recursos (337 millones de pesos) que el gobierno federal destinó en el primer trimestre de este año al Fondo de Aportaciones para Educación Tecnológica y de Adultos dentro del Ramo 33, según el informe de finanzas públicas enero-marzo del 2000 elaborado por la SHCP.
El documento de la Secodam, del cual La Jornada posee una copia, menciona que la dependencia que encabeza Arsenio Farell Cubillas formuló en lo que va de la administración de Ernesto Zedillo 3 mil 269 denuncias penales, al detectar quebrantos que suman mil 237 millones 570 mil pesos.
Esta cantidad supera los mil 34 millones de pesos que el gobierno federal destinó al Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública en todo el país, durante el primer trimestre de este año.
"A fin de resarcir a la Tesorería de la Federación el importe de los daños económicos causados por conductas ilícitas de los servidores públicos, se calificaron 24 pliegos de responsabilidades", cuyo monto ascendió a 87 millones 2 mil pesos.
Respecto del Sistema Nacional de Quejas, Denuncias y Atención Ciudadana, se registró en estos seis años 4 millones 3 mil 231 solicitudes, de las cuales 978 mil 118 "están relacionadas con presuntas irregularidades cometidas por servidores públicos.
"De las 978 mil 118 solicitudes ciudadanas relacionadas con presuntas irregularidades, 85.5 por ciento se atendieron en forma inmediata, solucionando la problemática expuesta donde ocurrieron los hechos, y únicamente en 14.5 por ciento de los casos se integró el expediente de queja o denuncia correspondiente", indica el informe.
En cuanto a la supervisión del personal del Programa Paisano, entre octubre de 1999 y enero último, la Secodam captó 339 quejas y denuncias, así como 287 irregularidades imputables a funcionarios del Servicio de Atención Tributaria (SAT), la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República (PGR) y Banjército.
De las 339 totales, 209 "promociones fueron interpuestas contra autoridades del SAT y se refiere en 90 por ciento de los casos a revisiones aduaneras (a solicitud de dádivas de parte de los policías fiscales); 42 correspondieron a servidores de la PGR y de éstas, 20 a los funcionarios destacados en los Puntos de Revisión Carreteros (Precos), y que se relacionan con presuntas conductas de deshonestidad, maltrato y prepotencia".
Contra Gobernación se atendieron 66 quejas, mientras que otras 22 fueron presentadas contra Banjército, "derivadas del trámite de importación temporal de vehículos".
Como resultado de estas irregularidades se investiga a 434 servidores públicos "para deslindar responsabilidades".
El informe señala que "durante la presente administración se hicieron del conocimiento del Ministerio Público seis casos de enriquecimiento ilícito, presumiblemente imputable a servidores públicos con altos puestos en la Administración Pública Federal (subsecretarios, secretario particular, subprocurador y secretario técnico)".
Deben resaltarse los casos de Pablo Chapa Bezanilla, ex subprocurador de la PGR y ex fiscal de los casos Colosio y Ruiz Massieu, quien fue inhabilitado por 15 años para ocupar cargos públicos y debió enfrentar procesos penales por mentir en sus declaraciones patrimoniales; Sigfrido Paz Paredes, ex subsecretario de Turismo, fue inhabilitado por 18 años y multado por más de 47 millones de pesos, fue llevado a los tribunales federales acusado de uso indebido de atribuciones y ejercicio abusivo de cargo.
Justo Ceja, ex secretario particular del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, hoy prófugo, fue inhabilitado a la administración pública durante 18 años por haber falseado sus declaraciones patrimoniales, y a Jorge Anastasio Stergios Gómez (prófugo), ex visitador general de la PGR, se le sancionó con 20 años de inhabilitación y multa por más de 4 millones de pesos, por no haber actuado "con honestidad".
El caso más reciente en que la Secodam presentó una denuncia, fue en septiembre pasado, cuando el ex director de bienes asegurados de la PGR, Francisco Miranda Noricumbo, fue acusado penalmente por irregularidades.
Por otra parte, del 1o. de septiembre de 1999 al 31 de agosto de este año la Secodam ha sancionado a 22 empresas, inhabilitándose a 19 de ellas para participar en licitaciones públicas por plazos de hasta dos años y en términos globales se les impusieron multas por 3.4 millones de pesos.
Entre las sancionadas está Bayer de México, por un año y ocho meses, entre otras.
Auditorías funcionales
El informe asegura que el fortalecimiento de los mecanismos de vigilancia, control y fiscalización establecidos durante la presente administración ha permitido subsanar daños patrimoniales al erario y contar con autoridad para sustanciar procedimientos disciplinarios y aplicar las sanciones establecidas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Señala que los órganos de control interno (OIC), mejor conocidos como contralorías internas de cada dependencia, han permitido integrar 228 programas anuales de control y auditoría, "lo que generó mil 734 reportes de recomendaciones y observaciones relevantes. La actuación de los OIC también posibilitó la recuperación de 2 mil 295 millones de pesos en salvaguarda del patrimonio nacional".
Abunda: "Para medir cuantivamente el impacto de la función de control y auditoría en las dependencias, entidades paraestatales y en la PGR, entre octubre de 1999 y agosto del 2000 se analizaron mil 734 reportes del costo de las contralorías internas y las recuperaciones de recursos federales derivadas de irregularidades que afectan el patrimonio.
"De su revisión se estimó una recuperación de 2 mil 295.6 millones de pesos y un costo de 2 mil 174 millones de pesos, por lo que la función de control y auditoría continúa siendo autofinanciable".