MIERCOLES 15 DE NOVIEMBRE DE 2000
Ť Detenidas, las pláticas sobre gasto entre el PJF y Fox
Se pospone al 2001 el tema de la reasignación de tribunales
Ť Espera la Judicatura un aumento presupuestal equivalente a 3% del PIB el año entrante, para cumplir metas y programas
Jesús Aranda Ť Las pláticas entre el Poder Judicial de la Federación (PJF) y el equipo de Vicente Fox, en materia de presupuesto, están detenidas, en consecuencia, la propuesta de integrar los tribunales (Contencioso Administrativo, Fiscal, Agrario y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje), que actualmente están en la esfera del Ejecutivo, a la Judicatura federal, se pospone al menos para el año entrante, confirmaron fuentes judiciales.
Mientras tanto, continúa la preocupación en medios judiciales porque el nuevo gobierno desconozca la urgencia de incrementar en 100 por ciento el presupuesto de la PJF, para garantizar así "el cumplimiento de programas y metas más inmediatas", en un ámbito en el que anualmente se revisan más de 300 mil solicitudes de amparo en juzgados y tribunales.
En virtud de que se han estancado las negociaciones para integrar al presupuesto del Poder Judicial federal los recursos que actualmente están asignados a los tribunales administrativos, que el equipo de Fox ha propuesto pasen a la esfera judicial, resulta prácticamente imposible que la Judicatura federal acepte la integración de esos órganos, porque simplemente no contaría con los recursos para mantenerlos.
Y como se requiere de una reforma constitucional y legal para reasignar los tribunales, las fuentes consideraron que este tema será pospuesto "al menos" para el próximo año.
Los informantes agregaron que si bien el gasto "al que aspira" el Poder Judicial federal es del orden de los 35 mil millones de pesos (que equivaldría aproximadamente al 3 por ciento del PIB), se consideraría como un verdadero triunfo el que se incrementara de 8 mil millones de pesos que recibió este año, a 17 mil millones de pesos para el ejercicio fiscal 2001.
En este contexto, de acuerdo con un documento interno elaborado por la Suprema Corte, el presupuesto que recibió el año pasado el Poder Judicial federal fue a todas luces insuficiente. Lo que permitió la creación de 25 nuevos órganos jurisdiccionales fue que la Suprema Corte tenía "economías", es decir, ahorros presupuestales que el pleno de ministros decidió "otorgárselos" al Consejo de la Judicatura Federal para que éste no frenara la instalación de juzgados y tribunales en el país.
Según este documento, si carece el próximo año de más "economías", el Consejo de la Judicatura federal no estará en condiciones de instalar nuevos órganos jurisdiccionales porque requiere un incremente de su presupuesto en al menos 100 por ciento.
Actualmente, el Poder Judicial federal representa 0.6756 por ciento del presupuesto de egresos de la Federación; y si estos números se comparan con las asignaciones a las secretarías de Estado y poderes de la Federación, el porcentaje de asignación asciende a 2.2304 por ciento.
Mayor demanda de recursos
Del total de su presupuesto, el Poder Judicial de la Federación destina 85 por ciento a cubrir sueldos y prestaciones de sus cerca de 23 mil empleados. Además, el pleno de la Corte estimó que las necesidades de recursos se incrementarán en virtud de que a partir del próximo año "el manejo de los sueldos será en cantidades brutas y no netas". Esto representa un aumento de 25 por ciento en las necesidades presupuestarias.
En su análisis se contempla también que el próximo año se deberá considerar la retabulación de sueldos y salarios del personal; así como el impuesto de 2 por ciento sobre nómina que establecen legislaciones del Distrito Federal y otras entidades.
Todo esto, sin tomar en cuenta que para este año, el presupuesto de la Judicatura federal sufrió un recorte de mil 500 millones de pesos.
Para la Suprema Corte, el asunto del presupuesto tiene radical importancia, porque representa un paso decisivo en la autonomía del Poder Judicial: "impedirá la influencia indebida sobre la función jurisdiccional y permitirá garantizar los recursos económicos suficientes y permanentes para que la actividad judicial alcance los niveles mínimos exigidos".