MIERCOLES 15 DE NOVIEMBRE DE 2000

Ť Uno de ellos es señalado por tener vínculos con el grupo Los Chinchulines

Liberan a dos priístas por ''falta de elementos''

Ť A José Santís se le halló una pistola a raíz del operativo de la PGR en Los Chorros

Ť La diócesis de San Cristóbal se dice extrañada por la acción en contra de los paramilitares

Elio Henríquez y Angeles Mariscal, corresponsales Ť El alcalde de Chenalhó, Chiapas, el priísta Antonio Pérez Arias, informó que ''por falta de elementos'', la Procuraduría General de la República (PGR) puso en libertad el pasado lunes al indígena José Santís López, quien fue detenido en Miguel Utrilla Los Chorros durante el operativo realizado el pasado domingo, al encontrársele un revólver calibre 38.

Por otra parte, en Tuxtla Gutiérrez, el ex diputado federal del Partido Revolucionario Institucional Rafael Cevallos Cancino, vinculado al grupo paramilitar Los Chinchulines, informó que compareció en dos ocasiones ante la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos por Presuntos Grupos de Civiles Armados, pero no se le pudo comprobar su participación en el financiamiento y protección de dicha organización.

Entrevistado este martes en su lugar de residencia, en la capital del estado, Cevallos Cancino -actual dirigente estatal de la Confederación Nacional Campesina (CNC)- se mostró molesto por las denuncias en torno a su participación con grupos paramilitares.

Sostuvo que no se le pudo demostrar nada. En concreto, en dos ocasiones rindió declaraciones ante los agentes de la PGR, una por voluntad propia y otra ante una orden judicial. En ambas se le permitió retirarse, debido a que no existían pruebas suficientes en su contra.

''Soy un revolucionario, no un contrarrevolucionario...''

Las relaciones que le han fincado con los paramilitares han sido por parte de integrantes de su propio partido, y la última fue porque es uno de los candidatos a ocupar la directiva estatal del PRI, añadió.

''Cada que hay un acto político donde tengo posibilidades de participar, me involucran con ese tipo de cosas. He acudido a las autoridades las veces que ha sido necesario y no hay nada, no tengo ninguna vinculación. Soy un revolucionario, no un contrarrevolucionario'', afirmó.

Durante los interrogatorios a los que ha sido sometido el ex legislador, explicó, ''me preguntaron por qué me vinculaban (con Los Chinchulines). De entre los grupos de mi partido ha salido esto. Pero mi conciencia está muy tranquila''.

Reconoció que la única relación que ha tenido con el mencionado grupo paramilitar se dio ''cuando fui diputado por Palenque, mi único pecado fue querer echar a andar la torrefactora de Temó'', ubicada en el municipio de Chilón, y de la cual pretendía obtener millonarios recursos el grupo Los Chinchulines.

A partir de ahí, añadió, se dio el enfrentamiento entre dicha organización y la de los militantes de los partidos de oposición del poblado Bachajón, que fue donde se dio a conocer la cantidad de armamento y capacidad de acción de Los Chinchulines.

Mientras, la diócesis de San Cristóbal de las Casas se dijo ''extrañada de que hasta hoy, en vísperas de la transición de los gobiernos estatal y federal'', se pretenda actuar en contra de los presuntos paramilitares. ''Resulta confuso que por una parte se realice este tipo de operativos y por otra hay signos claros de apoyo a paramilitares, como la filtración de informes para advertirles de la operación y la emboscada que los grupos armados le tendieron a la PGR ante la presencia del Ejército'' Mexicano.

''Ante el hecho positivo de aplicar la ley en contra de los paramilitares, nos preocupan las consecuencias que puedan resultar de estos operativos, pues hay temor de que se susciten venganzas y represalias de grupos armados contra los desplazados'', añadió en un comunicado de prensa firmado por el sacerdote Gustavo Andrade, vicario general.

Grupos armados ya tienen un plan para ''otro Acteal'': Las Abejas

Al mismo tiempo, la organización civil Las Abejas, de Chenalhó, pidió que se continúe con el desmantelamiento de los grupos paramilitares, y agregó que éstos ''siguen organizándose para una guerra sucia en contra de los desplazados''. Añadió que dichos grupos ''ya tienen un plan para realizar otro Acteal''.

Al asegurar que los civiles armados de Chenalhó ''son apoyados por el presidente municipal'' de ese lugar y por representantes priístas de varias comunidades, la agrupación solicitó también que se ejecuten las órdenes de aprehensión en contra de los verdaderos responsables del desplazamiento de miles de indígenas en ese municipio de los Altos de Chiapas.

Escenario de inestabilidad, advierten ONG

De manera simultánea, en los campamentos de desplazados como Xoyep y Yiveljoj, la organización ha tomado algunas precauciones para evitar que sus miembros sean sorprendidos por los civiles armados. A la entrada de estos lugares ha colocado a vigilantes y ha puesto banderas blancas en señal de paz.

En tanto, una docena de organismos no gubernamentales advirtieron que ''el fallido operativo del domingo pasado y la detención de sólo algunos de los miembros del grupo Paz y Justicia, han aumentado las tensiones en el estado y reducen la posibilidad de una solución pacífica al conflicto armado''.

Agregan que la acción realizada por la PGR en Los Chorros, ''ha logrado crear un escenario de mayor inestabilidad en el estado, y uno de los resultados es que los desplazados indígenas han quedado a merced de las amenazas de los paramilitares y sin ninguna garantía de seguridad y protección por parte de las autoridades gubernamentales''.

Los organismos, entre ellos el Centro Fray Bartolomé de las Casas y Enlace Civil, expresaron que ''la pasividad notoria de los militares frente a la emboscada en el crucero Majomut a elementos de la PGR, por parte de la población priísta -quienes llegaron a utilizar armas de alto poder-, nos lleva a preguntarnos sobre la posibilidad de pugnas internas y posiciones antagónicas dentro de la esfera del poder federal, las fuerzas armadas y la PGR para resolver el conflicto en Chiapas''.

Piden desechar la iniciativa de ley de amnistía para el desarme

Dijeron que los resultados de las últimas acciones en contra de paramilitares, ''nos hacen pensar que se pretende generar mayor inestabilidad en el estado para que el cambio de poderes no se lleve a cabo en un ambiente de distensión'', contrario a los argumentos oficiales de que estas acciones se realizan para asegurar la tranquilidad en la toma de posesión del gobernador Pablo Salazar Mendiguchía.

Del mismo modo, organizaciones no gubernamentales exigieron al Congreso de la Unión deseche la iniciativa de Ley de Amnistía para el Desarme de los Grupos Civiles de Chiapas, que fue enviada por el actual gobernador interino, Roberto Albores Guillén, en febrero de 1999, y que podría aprobarse dadas las evidencias que indican que las acciones emprendidas por la Procuraduría General de la República contra los paramilitares han sido pactadas, con el propósito de liberarlos mediante acuerdos políticos previos.

El coordinador de la Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos, Miguel Angel de los Santos, dio a conocer que el aparente fracaso del operativo efectuado en Miguel Utrilla Los Chorros, la "entrega pacífica" del líder de Paz y Justicia, y los anunciados operativos contra los grupos paramilitares del estado, hacen temer que tras ello exista un pacto para llegar a un acuerdo político con sus integrantes. El objetivo, consideró, podría ser reactivar la iniciativa de Ley de Amnistía para el Desarme de los Grupos de Civiles Armados, que fue aprobada en 1999 por los diputados del PRI en el Congreso estatal.

La Procuraduría pagará gastos médicos de indígenas lesionados

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó que la PGR aceptó las medidas precautorias y pagará los gastos que se originen por la curación de los tres indígenas de Los Chorros que resultaron lesionados durante el operativo del pasado domingo.

Añadió que también el gobierno del estado y las autoridades municipales de Chenalhó respondieron positivamente a la solicitud y han manifestado que se intensificaron los patrullajes y las acciones de la policía de Seguridad Pública en el municipio, para evitar hechos que lamentar.

El organismo manifestó que por instrucciones del cuarto visitador, Leoncio Lara, desde el pasado domingo interviene en el caso para allegarse la información necesaria y verificar si hubo o no violación a los derechos humanos durante la acción efectuada por unos 150 policías judiciales federales y 20 agentes del Ministerio Público de la Federación.