MIERCOLES 15 DE NOVIEMBRE DE 2000
Ť Legisladores de PRD y PAN exigen a Madrazo Cuéllar dé una explicación
El operativo de Los Chorros, ''torpe e ineficaz'', afirman senadores
Ť Lo único que se logró fue agravar la tensión existente en la zona de conflicto en Chiapas, señalan
Ť Las acciones de desarme seguirán, dice la PGR Ť Informa que se encuentra en ''alerta roja''
Andrea Becerril, José Galán y Ciro Pérez Silva Ť Ante el pleno del Senado, PRD y PAN exigieron que el procurador Jorge Madrazo explique a ese órgano legislativo el objetivo y los resultados del ''torpe e ineficaz'' operativo policiaco en los Altos de Chiapas, que no culminó con el desarme de paramilitares y lo único que logró es agravar la tensión en la zona de conflicto.
Por otra parte, la Procuraduría General de la República continuará con los operativos en Chiapas en contra de grupos paramilitares de corte priísta, a pesar del fracaso de las primeras acciones realizadas el pasado domingo en Chenalhó, porque la oposición al desarme iniciado por las autoridades federales ''demuestra el alto grado de peligrosidad de esos grupos''.
Además, la dependencia se encuentra en ''alerta roja'' ante la posibilidad de que pueblos y comunidades indígenas, así como líderes opuestos a las acciones paramilitares, sean objeto de represalias por quienes ''se niegan a deponer y entregar las armas que sabemos almacenan en algunos puntos de la geografía chiapaneca''.
Los senadores Rutilio Escandón, del PRD, y Luisa María Calderón, del PAN, integrantes de la Cocopa, llevaron a tribuna la preocupación de sus bancadas por la incursión de la PGR en Los Chorros. La legisladora del blanquiazul advirtió que en una acción ''que parece poco consistente'', y a sólo 20 días de concluir su mandato, el presidente Ernesto Zedillo decidió romper su silencio en torno a Chiapas con ese operativo a cargo de la Policía Judicial Federal, que sólo propició confusión y enfrentamiento entre indígenas.
Preocupación extemporánea
Se preguntó cómo es posible que el titular de la PGR -que incluso fue comisionado para la paz en Chiapas en 1994- hasta ahora, a fines del sexenio, se preocupara por desarmar a los paramilitares. Criticó también a Madrazo ya que, dijo, se trató supuestamente de un operativo sorpresivo, por lo que ni siquiera se notificó al gobierno estatal, pero ''contradictoriamente se dejó filtrar la información, al grado de que los operadores sorpresa resultaron sorprendidos por toda la población''.
A su vez, el perredista Rutilio Escandón expresó severos cuestionamientos a la PGR por ese ''torpe despliegue de la policía federal con un innecesario uso de la fuerza pública que ha resultado absolutamente ineficaz''. El senador chiapaneco insistió en que el propósito, en todo caso, fue alertar a esos grupos armados, que surgieron bajo la protección de los gobiernos estatal y federal, que hay una presión de la sociedad ahora y deben huir.
Fuentes de la PGR dijeron que tienen el mandato para continuar con los esfuerzos por desarmar y arrestar a los líderes de grupos paramilitares como Desarrollo, Paz y Justicia, Los Chinchulines, MIRA y Máscara Roja, conforme se acerca la fecha de toma de posesión del gobernador electo, Pablo Salazar, el próximo 8 de diciembre. Por ello, el pasado lunes partió a Chiapas un nuevo destacamento de 50 agentes judiciales federales y agentes del Ministerio Público federal, como apoyo al grupo que llegó al estado la semana pasada. Todos los elementos de la Judicial Federal viajan con armamento de grueso calibre y sofisticados equipos de radiocomunicación.
''La oposición que hemos encontrado tiene su origen en el levantamiento de los líderes de esas organizaciones, que utilizan a los indígenas como escudo para supuestamente argumentar violaciones a los derechos humanos'', agregaron las fuentes, ''pero lo cierto es que nuestros hombres fueron agredidos y golpeados. Esto requiere de una operación de mayor envergadura''.
El punto estratégico de los judiciales federales es Chenalhó, pero existen planes para ingresar en otras comunidades en busca de armamento en toda la zona de los Altos, así como en el norte de Chiapas.
Por su parte, los agentes de la Policía Federal Preventiva comisionados en Chiapas se mantienen en estado de alerta. Si bien no han tenido acción, ni tampoco participaron en los hechos del pasado domingo, están listos para participar en la desactivación de cualquier amenaza de esos grupos para el cambio de poderes.
Mientras tanto, durante la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, el perredista Auldárico Hernández acusó que el enfrentamiento entre elementos de la Judicial Federal y la comunidad de Los Chorros es un ''ajuste de cuentas'' del gobierno federal con los paramilitares, en el que los priístas ''devoran a sus hijos incómodos'' para dejarle la ''casa limpia'' a Vicente Fox.
Sostuvo también que los grupos paramilitares en Chiapas ''florecieron al amparo'' del ex comandante de la séptima Región Militar con sede en Tuxtla Gutiérrez, actual comandante de la undécima Región Militar ubicada en Torreón, y aspirante a ocupar la Secretaría de la Defensa en el gobierno foxista, general Mario Renán Castillo.
El legislador añadió que mientras Renán Castillo estuvo al frente de la séptima Región Militar (1995-1997) fueron adiestrados los grupos paramilitares Paz y Justicia, Los Chinchulines, Máscara Roja, Alianza San Bartolomé de los Llanos y el Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista.
En respuesta a las acusaciones, el general retirado y diputado priísta Alvaro Vallarta Ceceña advirtió que las afirmaciones del perredista carecen de sustento y lamentó que miembros de una ''institución respetable'' como el PRD, se conviertan en voceros de ''organizaciones enemigas de las instituciones de México y se disfracen algunas de ellas como organismos de defensa de los derechos humanos y calumnien a las fuerzas armadas".
Esas, dijo el priísta, ''son canalladas'' que no se deben permitir. Vallarta justificó la participación del Ejército en Chiapas a partir del levantamiento zapatista, y aseguró que el general Renán Castillo ''es un hombre íntegro, que como todos los militares está en desacuerdo con la existencia de cualquier grupo paramilitar en el país''.
Como parte de la sesión de ayer, los diputados aprobaron la integración de una comisión especial de la reforma del Estado, que impulsará los acuerdos necesarios para elaborar iniciativas de ley sobre diversas materias que se presentarán en el segundo periodo ordinario, que se inicia en marzo.
La comisión quedó integrada por los coordinadores de los grupos parlamentarios, los presidentes de las comisiones de Gobernación y Seguridad Pública; Puntos Constitucionales; Fortalecimiento del Federalismo, y Justicia y Derechos Humanos, así como de dos diputados de cada fracción. Las decisiones se tomarán en el mejor de los casos por consenso, aunque se prevé que para destrabar las negociaciones se reconozca el voto ponderado de cada grupo parlamentario.
En Los Cristales, se constituye la Cocopa
Por otra parte, después de que tanto las cámaras de Senadores como de Diputados decidieron integrar la Cocopa -casi dos meses después de instalada la 58 Legislatura-, la comisión llevará a cabo hoy su primera reunión formal, aunque no lo hará en su sede de la Torre de El Caballito, sino en el restaurante Los Cristales, de San Lázaro.
Otro de los puntos que han hecho surgir diferencias en la Cocopa es que en el Senado se decidió integrar a ese organismo al legislador independiente Armando Méndez de la Luz, de Convergencia por la Democracia, pese a que no forma parte de ninguna fracción. En el acuerdo signado por los coordinadores Enrique Jackson (PRI), Diego Fernández de Cevallos (PAN), Jesús Ortega (PRD) y Jorge Emilio González (PVEM), no se incluyó tal nombramiento.
Denuncian amenazas contra desplazados
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas alertó de posibles acciones de los paramilitares del ejido Miguel Utrilla Los Chorros, en Chenalhó, en contra de los indígenas desplazados ubicados en la comunidad de Yibeljoj, distante unos kilómetros de ese pueblo.
Esta noche, el centro de derechos humanos que preside Samuel Ruiz recibió una llamada de representantes de la sociedad civil Las Abejas, en la que se informó que ''los paramilitares de Los Chorros están planeando realizar una acción contra los desplazados en el nuevo campamento en las cercanías de Yibeljoj''.
Según el centro Fray Bartolomé, Mariano y Victorio Ruiz, habitantes de Los Chorros, han difundido en la comunidad que indígenas de Puebla, Yashemel y Miguel Utrilla ''están listos para efectuar una nueva masacre en contra de la gente reubicada''.
El organismo de derechos humanos informó de las amenazas paramilitares a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a los gobiernos estatal y federal.
Críticas de militares
Fuentes de la séptima Región Militar aseguraron que el Ejército Mexicano no participó en la acción efectuada por la PGR en la comunidad Los Chorros, que culminó con un enfrentamiento con los indígenas el 12 de noviembre pasado.
''La Sedena no alojó a los policías judiciales que arribaron a Chiapas el 11 de noviembre. No sabíamos nada, ni siquiera el Cisen sabía del operativo'', señaló un vocero militar vía telefónica.
''Tan al margen estuvo el Ejército, que el operativo fue por la noche, lo que es un error. Los 180 policías judiciales federales participantes provocaron la molestia de los pobladores y del Ejército, porque su acción tensó la situación y ellos se retiraron, los únicos que se quedan son los soldados'', dijeron los militares consultados.
''El operativo de la Procuraduría General de la República estuvo mal planeado, agregó la fuente militar, además de que los policías no protegieron las salidas. Sin conocer el terreno, los agentes judiciales entraron a oscuras a la comunidad y fueron fácilmente rodeados y atacados. Los operativos del Ejército no incluyen esos errores, prueba de ello son las acciones contra los municipios autónomos (en 1998), donde no hubo heridos graves ni enfrentamientos con las comunidades. A nosotros nos costaban días de planeación y la PGR improvisó su operación, por eso fracasó, porque se fue por la libre''.