Ť En la orfandad, 12 millones de personas marginadas

Sin apoyos, más de 50% de gente en pobreza extrema

Ť Sedeso aporta $13.30 a 2.6 millones de familias beneficiadas con

Progresa; ''están a un paso de dejar la miseria'', dicen funcionarios

Víctor Ballinas Ť La pobreza en el país ya no se concentra, como en los setenta, en las regiones rurales e indígenas. El crecimiento de los pobres en los últimos dos sexenios presenta una nueva realidad: están por todo el país, y cada vez aumentan más en las zonas urbanas; incluso en las grandes ciudades.

Cifras de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) de 1998 ubican que la población en pobreza asciende a 50 millones de habitantes, de los cuales 26 millones viven en la miseria o por debajo de la línea de pobreza.

Más de la mitad de esta población que vive en la pobreza y la miseria es doblemente marginada: está fuera del desarrollo y del crecimiento económico, y también es excluida de los programas sociales y asistenciales.

Los pobres han estado en el olvido durante décadas debido a su ubicación en lugares aislados, dispersos y de difícil acceso; esta administración no podía ser la excepción: 500 mil familias en pobreza extrema, que habitan en lugares de alta y muy alta marginación en el medio rural, no cuentan con la infraestructura de salud y educación ni se benefician del Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa) por encontrarse en localidades remotas.

Las cifras de la exclusión

Progresa atiende a 14 de 26 millones de personas que viven en la miseria.

La Comisión Nacional de Zonas Aridas (Conaza) atiende "a 50 por ciento" de los 9 millones que se localizan en ese hábitat y un millón de familias pobres recibe un kilo de tortilla gratis al día.

El Instituto Nacional Indigenista sólo atiende a 50 por ciento de los 10 millones de indígenas que viven en el país "con al menos un programa social"; sin embargo, informes del propio instituto, señalan que ''apenas se atiende anualmente a un millón 400 mil personas''.

Respecto de la atención que brinda el INI a los pueblos indios, sobresale el caso de Tlaxcala, donde su población indígena nunca ha recibido apoyos de ese instituto. Tampoco cuenta con programas que ayuden a esa población que emigra en las zonas metropolitanas del Distrito Federal, Guadalajara, Tijuana y Monterrey.

En el caso del programa Jornaleros Agrícolas, su situación es similar. La Sedeso estima que en el país se tienen entre 2.7 y 3.4 millones de jornaleros agrícolas, de los cuales más de un millón son migrantes a gran escala. Con este programa sólo se atiende a 771 mil.

Progresa fue el programa estrella de la administración que termina. Por medio de éste el presidente Zedillo finiquitó al Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) que heredó de su antecesor, Carlos Salinas de Gortari, y con ello desapareció el ramo 26 del Presupuesto de Egresos de la Federación. Los programas que dependían de ese rubro pasaron a formar parte del ramo 20.

El ramo 26 comprendía los siguientes programas: Empleo Temporal, Empresas Sociales, Crédito a la Palabra, Desarrollo Productivo de la Mujer, Fondos Regionales Indígenas, Fondos Regionales Compensatorios, Programa de Atención a las Zonas Aridas, Programa Nacional de Jornaleros Agrícolas, Maestros Jubilados, Atención a Productores Agrícolas de Bajos Ingresos, Servicio Social Comunitario, Investigación y Desarrollo de Proyectos Regionales, y Planeación para el Desarrollo Regional. Todos formaban parte de la estrategia de superación de la pobreza.

Fue en este último año de gobierno del presidente Ernesto Zedillo cuando el Presupuesto de Egresos de la Federación ya contó con recursos para ese ramo. En su lugar, los programas y sus presupuestos fueron incluidos en el ramo 20.

Entre el combate y la superación

Progresa fue presentado por el presidente Ernesto Zedillo, en septiembre de 1997, como su estrategia de combate a la pobreza extrema; sin embargo, en el Diario Oficial de la Federación se definió como estrategia de superación de la pobreza.

Hasta febrero de 1998, cuando, a mitad del sexenio, se modifica la estrategia de ayuda a los pobres. A diferencia del Pronasol, que otorgaba recursos a las comunidades para beneficio de sus habitantes en obras de servicios, microempresas o cooperativas por medio de los Comités Solidaridad, con Progresa los beneficios se individualizaron. ''Ahora se puede hablar de que las familias que reciben los subsidios; tienen nombre y rostro'', afirmó el secretario de Desarrollo Social, Carlos Jarque.

En el diagnóstico de este programa se resalta que en el país existen 26 millones de personas en pobreza extrema y otros 24 millones en pobreza moderada. Sin embargo, el Progresa sólo atiende a 54 por ciento de la población que vive en la miseria, es decir, 12 millones de personas fueron excluidas del principal programa oficial para la superar la desigualdad.

Progresa comenzó con un apoyo a 404 mil familias rurales en pobreza extrema en 1997; a la fecha se ha extendido a 2.6 millones de familias o 14 millones de personas, es decir, creció 600 por ciento el número de beneficiarios. En promedio, esas familias reciben apoyos monetarios de 400 pesos al mes.

Esto significa que, en promedio, las 2.6 millones de familias Progresa reciben al día 13 pesos con 30 centavos; estos son los habitantes de México que de acuerdo con el Banco Mundial viven con un dólar al día. El subsidio alimentario diario de este programa es de 4 pesos con 33 centavos al día y se incrementa a 13 pesos con 30 centavos con los apoyos educativos.

Apenas 5 por ciento de las familias beneficiarias del Progresa, unas 140 mil, reciben el monto máximo que otorga el programa: 800 pesos al mes, esto es, 26 pesos con 66 centavos por familia al día.

Para recibir ese subsidio, las familias están obligadas a inscribir a sus hijos a primaria y secundaria y asistir regularmente a las clínicas de salud; de lo contrario pierden el subsidio.

El programa busca ''transformar los subsidios'' que vayan más allá de sólo ser un ingreso para apoyar el consumo ''hacia un programa de inversión de capital humano''.

En 1997 las familias que recibieron Progresa sumaron 404 mil 241; para 1998 se incrementaron a un millón 909 mil 946 (el grueso de los beneficiarios se incorporó en los últimos dos bimestres); en 1999 ya eran 2 millones 298 mil 596 familias; a unos días de que concluya el sexenio ya son 2.6 millones las familias beneficiadas.

El coordinador de Progresa, Daniel Hernández Franco, en un acto en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), señaló que anualmente 50 mil familias son dadas de baja del programa por no cumplir con los requisitos que se les exige; beneficia a 56 mil localidades que viven en condiciones de alta y muy alta marginación y los subsidios incrementan en 22 por ciento el ingreso mensual de esas familias.

Sin embargo, dijo el funcionario, ''por medio de Progresa se ha logrado que se incremente en 50 mil el número de niños que ingresan a la escuela en esas localidades, pero no se ha tenido éxito en que regresen al estudio los menores que tenían dos años de haberlos abandonado, cuando recibieron la ayuda del programa. Se ha detectado que 23 por ciento de los niños de entre 12 y 13 años trabaja, y 26 por ciento de las niñas de entre 14 y 15 años''.

En su última comparecencia ante el Senado de la República, Jarque aseveró: ''si hoy se eliminara el subsidio de 400 pesos en promedio a las 2.6 millones de familias que lo reciben, es probable que vuelvan a la pobreza extrema. Con la ayuda monetaria que se les brinda están a sólo 400 pesos de saltar el escalón de la miseria a la pobreza moderada. Si se les quita, lo más probable es que vuelvan a su condición original''.

Magra atención a indígenas

En el país existen 10 millones de indígenas, de los cuales el INI, según sus informes y diagnósticos, atiende a 5 millones, con ''por lo menos algún programa''.

Sin embargo, con el reducido presupuesto que se destina al INI, apenas se atiende a poco más de la décima parte de indígenas. De acuerdo con informes del propio instituto, casi 60 por ciento de sus recursos se distribuyen por medio de los fondos regionales y de los albergues y becas.

Este año, los fondos regionales beneficiaron a 86 mil 281 indígenas y en los albergues se atiende a un total de 59 mil 873 menores que estudian primaria y secundaria en comunidades lejanas de sus lugares de origen.

Desde la fecha de su creación, en 1990, los fondos regionales atienden a 2 millones 274 mil 874 beneficiarios; un ''dato histórico''. En el 2000 sólo se atiende con esos fondos a 86 mil 281 personas.

El diagnóstico del INI subraya que los indígenas son los más vulnerables de la sociedad mexicana, pues sus comunidades registran los más altos índices de marginación y desnutrición. Las regiones huichol, tarahumara y cora, en Jalisco, Chihuahua y Nayarit, respectivamente, registran las tasas de desnutrición más dramáticas, y aunque los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas presentan desnutrición severa, no se compara con los citados anteriormente.

La Encuesta Nacional de Empleo Indígena 1997 reveló que 34 por ciento de la población ocupada no recibía ingresos, 32 por ciento ganaba menos de un salario mínimo al día, y 11 por ciento de esa población recibía entre uno y dos salarios mínimos.

En las regiones indígenas 58.3 por ciento de los niños menores de cinco años presentan desnutrición, lo cual requiere "atención inmediata", apunta el INI en su estudio Desarrollo Social y Pobreza.

Degradación social en 81% de las zonas áridas

En las zonas áridas y semiáridas de los estados de Coahuila, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y Tamaulipas habitan 9 millones 4 mil 283 personas, que se ubican en 25 mil pequeñas localidades dispersas entre ellas, en una superficie de 535 mil 95 kilómetros cuadrados.

Debido al hacinamiento en que viven ?hasta ocho personas duermen en reducidos cuartos de viviendas rústicas y en mal estado duermen ?, y a la precariedad de su situación económica, se suma un alto índice de degradación social: 81 por ciento de la población.

No obstante que la población de las zonas áridas del país suman más de 9 millones, los recursos y programas de Conaza sólo atiende a 40 por ciento de ésta.

La mayoría de las comunidades son pequeñas y dispersas. El 85 por ciento son de menos de 2 mil 500 habitantes, incluso en centenares de ellas sólo residen 20 familias o menos. En el caso de los asentamientos en el desierto la situación se complica aún más por el agua escasa; la mayoría de los casos prácticamente inexistente.

''En muchas de esas comunidades, la población y sus animales ?perros, gallinas, ganado, burros, caballos, cabras y cerdos? beben agua salina.

El diagnóstico de la Sedeso de las zonas áridas destaca que en éstas habitan miles de pequeñas comunidades de campesinos que viven en la miseria, y en ellas se registran graves deficiencias de salud, educación, nutrición y vivienda.

''La salud es crítica: la tasa de mortalidad es superior al promedio nacional. La carencia de servicios elementales, de programas preventivos y de atención a la salud de primer nivel provocan una alta propensión de enfermedades gastrointestinales y padecimientos infecciosos ?entre ellos la sarna?, agravados por la desnutrición''.

La dispersión y el aislamiento geográficos de las comunidades de las zonas áridas ocasionan que muchos jóvenes y adultos sean analfabetos. ''No existen secundarias. La enseñanza media se imparte por medio de telesecundarias, pero éstas no existen en todas las localidades, y para estudiar bachillerato, los jóvenes tienen que emigrar a otras comunidades o incluso estado''.

Ocho de cada diez productores cultivan para el autoconsumo. La agricultura y la ganadería que se desarrollan en estas regiones es de subsistencia. Su principal problema radica en la descertificación de las tierras y la miseria de sus habitantes. Aquí sobreviven grupos de recolectores de recursos naturales como los ixtleros, candelilleros, oreganeros y tejedores de palma.

La migración, estrategia de sobrevivencia de los jornaleros

El deterioro de la economía campesina ''ha conducido a agudos procesos de empobrecimiento en las familias rurales, y es precisamente la situación de miseria y la búsqueda de alternativas que no ofrece su lugar de origen lo que obliga a millones de jornaleros agrícolas al éxodo. Cada vez son mayores estos contingentes de trabajadores, para quienes la migración es su estrategia de sobrevivencia".

Los jornaleros agrícolas son indígenas y campesinos pobres de los estados de Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, Puebla, Chiapas, Morelos, San Luis Potosí e Hidalgo, entre otros, y se dirigen principalmente a los campos industrializados de exportación: Sonora, Sinaloa, Nayarit, Baja California, y Baja California Sur. Constituyen fuertes contingentes de mano de obra barata.

Su condición no es distinta de los habitantes del desierto. La Sedeso estima que entre los 2.7 y 3.4 millones de jornaleros agrícolas que hay en el país, un millón son migrantes. Padecen alto índice de analfabetismo (40 por ciento en los indígenas y 30 por ciento en los mestizos), desnutrición infantil, difícil acceso a la educación, inseguridad laboral ?las normas de higiene y seguridad no son debidamente vigilados ni sancionados por las instancias competentes?, ''violaciones constantes a sus derechos humanos y laborales'', marginación, discriminación, elevada incorporación de mujeres y niños al trabajo asalariado, eventualidad en el empleo, carencia de seguridad social y exposición a agroquímicos''.

La temporalidad de sus empleos es muy variable: de cinco a seis meses. Puede durar tres años si deciden continuar el fenómeno migratorio que empiezan en Sinaloa, continúa en Sonora y concluye en Baja California. En esos casos se trata de migración familiar de jornaleros que han sido enganchados desde su lugar de origen. Otros logran cruzar la frontera de Estados Unidos como indocumentados.

Los enganchadores ?contratistas que ofrecen mano de obra? van por los indígenas y campesinos hasta sus lugares de origen en Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Puebla. Se les oferta empleo con alojamiento asegurado y se les garantiza trabajo para sus hijos menores de edad. En muchas ocasiones, estas promesas no se les cumplen y se les descuenta el costo de su traslado de su salario.

En el diagnóstico oficial de los jornaleros agrícolas se señala que su situación laboral es incierta y padecen violaciones constantes a sus derechos laborales y humanos, además de que son discriminados y se registra en los campos ''una elevada incorporación de niños al trabajo asalariado''.

Las reglas de operación del ramo 20 subrayan que 52 por ciento de las viviendas en que viven los jornaleros en los campos agrícolas de exportación se encuentra en malas condiciones; 40.5 por ciento de los niños de 6 a 14 años no saben leer ni escribir, y 69 por ciento de los mayores de 12 años no terminaron la primaria.

Otros indicadores de la Sedeso sobre los jornaleros agrícolas: 47.1 por ciento de las unidades de trabajo no cuentan con servicio de salud y 41.8 por ciento de los niños de cero a seis años presentan ''algún grado desnutrición'', a veces ese daño es muy severo.

Otro problema que afecta esta población es la extendida carencia de actas de nacimiento que los acredite como ciudadanos mexicanos, por lo que es frecuente que se les niegue el acceso a determinados servicios públicos.

El presidente Ernesto Zedillo deja pendiente su compromiso, asumido en febrero de 1999 en Los Pinos, de revisar y mejorar la legislación laboral para los niños que trabajan en los campos agrícolas, así como la supervisión de la autoridad a los centros de trabajo para revisar las condiciones en que laboran y el trato que reciben.

Zedillo asumió el compromiso de proteger a los menores que laboran y para ello instruyó a los secretarios de Desarrollo Social, Carlos Jarque, y del Trabajo y Previsión Social, José Antonio González Fernández, para que trabajaran al respecto.

Termina el sexenio, y a la fecha no se hicieron las modificaciones necesarias.