LUNES 13 DE NOVIEMBRE DE 2000
Ť Facultades para defenderse de juicios en contra, base de la petición
Solicita JAP a Robles más atribuciones
Ť Hoy día enfrenta 34 juicios de amparo de instituciones de asistencia privada por entrega de cuotas
Ricardo Olayo Ť La Junta de Asistencia Privada (JAP) del DF pidió a la jefa de Gobierno, Rosario Robles, que delegue en el organismo desconcentrado facultades para que su área jurídica pueda iniciar procedimientos legales y defenderse directamente de los procesos en contra, como los juicios de amparo.
La solicitud destaca la conveniencia de que se permita, a quien ocupe la presidencia de la JAP, derivar en el director jurídico y personal interno o de asesoría la promoción de recursos ante los tribunales.
En este momento subsisten 34 juicios de amparo de los 164 que fueron solicitados por las instituciones de asistencia privada, queda pendiente un fallo del Tribunal Colegiado de Circuito en el caso del Nacional Monte de Piedad, además de otros en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia del DF para la recuperación de cuotas que dejaron de entregar algunas de las instituciones amparadas.
Estos procesos legales suman en algunos casos 20 meses sin que se entregue el fallo respectivo. Los amparos fueron solicitados en respuesta a la aprobación en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada en diciembre de 1998.
También se presentó un recurso de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de partidos de oposición que en septiembre de 1999 se determinó improcedente y el marco legal rige para las casi 400 instituciones.
Durante todos estas disputas legales la JAP ha canalizado sus argumentos a la Consejería Jurídica del DF para su defensa aunque ha contado con la colaboración de despachos y ha realizado diversas reuniones con los ministros de la Corte encargados de analizar los diversos expedientes.
Hace algunas semanas la JAP pidió formalmente a Robles que mediante un acuerdo delegatorio de facultades permita que haya una defensa directa de la propia institución. A unos días de la conclusión de actividades de este gobierno no se ha resuelto si será emitido ese decreto.
Los trabajos de la junta se han regularizado luego que la mayor parte de los 164 amparos han sido rechazados -queda pendiente la ratificación de improcedencia en 34- y con ello, según un reporte del organismo cada año se atienden a más de 9 millones 200 mil personas que son beneficiarios de los servicios y se generan más de 26 mil 800 empleos.
Se responde a las necesidades de la población en cobertura educativa mediante becas en 84 instituciones en los niveles de guarderías, preescolar, educación básica, media básica y superior para 17 mil 771 alumnos cada año.
Las IAP dan apoyo económico para adquirir prótesis, sillas de ruedas, gastos médicos, medicamentos, aparatos ortopédicos, adquisición de lentes, gastos funerarios, útiles escolares, entre una amplia gama.
Entre las actividades de la directiva de la JAP se convocó hace unos días a la elección de un representante ante el Consejo de parte de las IAP que prestan servicios en el rubro de
Atención a niños y Adolescentes.
Tras la primera etapa del proceso fueron registrado como candidatos, cumpliendo los requisitos de ley, Alfonso Aguilar Alvarez y Gerardo Sauri Suárez, cuyas propuestas de trabajo serán dadas a conocer el miércoles 15 de noviembre en la JAP y dos días después será la votación.