LUNES 13 DE NOVIEMBRE DE 2000
Ť Un documento del PRD sugiere que no es apremiante privatizar el sector
Vender el sector eléctrico no garantiza inversión
Ť Mermaría las finanzas públicas y afectaría los ingresos de los consumidores por el aumento de tarifas Ť La industria contribuye con 8% a las arcas federales y otorga 100 mil empleos directos
Ciro Pérez Silva Ť La privatización de la generación eléctrica que propone el equipo foxista no garantizaría el flujo de inversiones al sector, mermaría los ingresos públicos y afectaría la economía de los consumidores por el aumento de las tarifas, por lo que no es necesario poner a la venta esa industria, menos aún con los desfavorables antecedentes de las carreteras y los bancos, advierte un documento elaborado por el equipo de asesores de la bancada perredista en la Cámara de Diputados.
El texto de Mario di Costanzo, del equipo de asesores del grupo parlamentario, sostiene que la realidad del país y su estructura económica provocan un desenvolvimiento bajo distorsiones del mercado eléctrico, las cuales impiden la competencia, y la experiencia internacional apunta a que las privatizaciones han resultado buenas en países con sistemas eléctricos deficientes, pero no es el caso de México.
Cuestiona también el hecho de que la iniciativa de privatización no contempla los efectos sobre los ingresos públicos -actualmente la industria contribuye con 8 por ciento de éstos-, pues con la nueva estructura se seguirá el modelo de otorgar facilidades fiscales a estas inversiones, en detrimento de los demás grupos y de los mismos ingresos.
Recuerda que la experiencia en México con las privatizaciones no ha sido del todo exitosa: las carreteras, el sistema financiero y la reforma a la seguridad social así lo demuestran.
El gobierno ha manifestado que existen varias razones para privatizar la industria eléctrica: las expectativas de crecimiento en la demanda de electricidad son, de por lo menos, 6 por ciento anual en los próximos seis años. Para cubrir esta demanda será necesario instalar durante el sexenio una capacidad de generación adicional de 13 mil megavatios.
Las inversiones necesarias para satisfacer la demanda ascienden a 250 mil millones de pesos. Si éstas se efectuaran con recursos fiscales surgiría una presión insostenible sobre las finanzas del gobierno federal; el abasto confiable y oportuno de energía eléctrica es indispensable para elevar el nivel de competencia de la economía y fortalecer así la generación de empleos.
Según el documento del PRD, la proyección gubernamental de la demanda (seis por ciento), además de no presentar sustento, sugiere una sobrestimación en virtud de dos factores: el crecimiento económico proyectado para 1999 es de sólo 3 por ciento. En el reciente informe de Finanzas Públicas entregado por el Ejecutivo al Congreso de la Unión, se señala que el crecimiento de la economía fue de 4.8 por ciento, el de la demanda de electricidad de 4.9 por ciento y el de la generación bruta de 6 por ciento.
Desde 1994, el crecimiento de la generación bruta de energía ha sido superior al crecimiento de la economía y mayor al 6 por ciento estimado por el gobierno. Lo anterior, a pesar de los recortes al gasto público que han afectado inversión física y financiera en el sector.
''Durante los últimos años, la política de 'saneamiento' de las finanzas públicas mediante la reducción indiscriminada del gasto público ha provocado que la industria eléctrica observe rezagos en materia de inversión en diferentes áreas, por lo que el gobierno en 1992 permitió la entrada parcial del sector privado en la generación de energía eléctrica, y dicha política ha mostrado resultados aceptables.
''Sin embargo, en fechas recientes el Ejecutivo Federal presentó una iniciativa que propone modificar el esquema vigente, para abrir el sector inclusive a la inversión extranjera, pero la situación de la industria no refleja la inmediata necesidad de poner en manos privadas este sector estratégico, y menos aún con los desfavorables procesos de privatización observados en los casos de las carreteras y del sistema bancario''.
Finanzas públicas en riesgo
Las reformas incorporadas en 1992 al marco jurídico del sector eléctrico han arrojado buenos resultados; particularmente en los últimos tres años, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha celebrado contratos por un total de más de 4 mil megavatios y tres contratos de producción independiente por mil megavatios, es decir, 14.4 por ciento de su capacidad total y 40 por ciento del requerido para los próximos seis años (13 mil megavatios).
La industria requiere de 250 mil millones de pesos de inversión privada; "sin embargo, durante 1998, de acuerdo con el Informe de Finanzas Públicas entregado por el Ejecutivo al Congreso de la Unión, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) obtuvo ingresos propios por 64 mil 500 millones de pesos, cifra superior a la estimada por la Secretaría de Energía (62 mil 300 millones); esa cifra representa 8.3 por ciento de los ingresos públicos totales, 12 por ciento de los ingresos del gobierno federal y 26 por ciento de los ingresos de los organismos y empresas de control directo.
''Conviene mencionar que los ingresos generados por la CFE en 1998 representan aproximadamente 25 por ciento de la inversión requerida, según el gobierno''.
Si las inversiones requeridas las hiciera el gobierno federal se traducirían en una fuerte presión sobre las finanzas públicas. Si bien las inversiones son elevadas, el sector es una fuente importante de recursos; de ahí que convendría revisar la política de finanzas públicas, misma que ha propiciado que el sector eléctrico enfrente rezagos.
Para corroborar lo anterior basta mencionar que la industria eléctrica contribuye con 8 por ciento de los ingresos públicos totales, atiende a 22 millones de usuarios cubriendo 92 por ciento del territorio nacional y otorga empleo directo a más de 100 mil personas, sin olvidar su importancia en las actividades productivas.
El proyecto foxista
La propuesta diseñada por el Ejecutivo involucra la participación de la iniciativa privada; de esta manera, las actividades que actualmente realizan la CFE y Luz y Fuerza del Centro serán asumidas por empresas especializadas en generación, transmisión y distribución de energía eléctrica.
La operación de la red nacional de transmisión (la determinación de qué centrales entrarán en operación y en qué momento para satisfacer la demanda de ''despacho eléctrico'') y la generación de energía nucleoeléctrica estarán a cargo de organismos descentralizados de la administración pública federal; en el resto de las actividades podrán concurrir los sectores social y privado.
De esta manera, la generación quedará a cargo de un número importante de empresas privadas que serán propietarias de las centrales eléctricas y estarán sujetas a permisos renovables de operación, otorgados por 30 años, compitiendo entre ellas para vender su producción y coexistir con empresas regionales de distribución, las que comprarán energía eléctrica para suministrarla a sus clientes. Todos los generadores conectados a la red nacional de transmisión participarán en el mercado eléctrico mayorista.
El Estado conservará el dominio de las redes de transmisión y distribución, por lo que se prevé un régimen de concesiones para su explotación. Las concesionarias realizarán la explotación económica de los sistemas de transmisión y distribución, con la obligación de conservarlos, ampliarlos, mantenerlos y restituirlos al Estado al término de la concesión. La red nacional de transmisión será concesionada a una empresa denominada Red Eléctrica Nacional (REN).
Respecto de los consumidores, la propuesta distingue dos tipos de demandantes: los usuarios del servicio de distribución y los usuarios grandes o calificados.
Los primeros incluirán a las empresas medianas y pequeñas y a los clientes residenciales, para quienes el suministro y la facturación del servicio eléctrico serán similares a los actuales.
Los usuarios calificados, inicialmente consumidores de más de 5 mil megavatios horas anuales, podrán elegir el suministrador de energía eléctrica que más les convenga.
Asimismo, se establecerá un mercado eléctrico (MEM) para que los generadores y compradores (distribuidores, comercializadores y usuarios grandes o calificados) realicen transacciones de compraventa de electricidad, en un ambiente de competencia.
Así, los distintos generadores competirán ofreciendo su energía por medio de posturas (ofertas de cantidad disponible de energía y su precio de venta) para que los compradores los adquieran de quienes ofrezcan los precios más bajos.
El mercado es operado en tiempo real por una entidad autónoma que ordena de menor a mayor los generadores de acuerdo con el precio de su postura hasta satisfacer la demanda de energía requerida en cada momento. Este mecanismo permitirá que sólo la energía de menor costo llegará a los usuarios.
Posibles alternativas
El texto perredista propone:
Ť Preservar el principio de servicio público de energía eléctrica que garantice el abasto general, sin importar los ingresos de los consumidores.
Ť Mantener la facultad del Estado en la planeación a largo plazo sobre el crecimiento, las fuentes de generación y de localización de los medios de producción, para salvaguardar el uso eficiente de los recursos naturales y la manutención del medio ambiente.
Ť Preservar, con autonomía presupuestal, empresas públicas integradas para generación, transmisión y distribución de energía, conservando en propiedad pública el parque de generación actual y la red de transmisión y de distribución. La autonomía de estas empresas públicas implicará compromisos para mantener un suministro seguro y de calidad de energía eléctrica, con un régimen tributario similar al de cualquier empresa.
Ť Introducción de esquemas de competencia en la generación, en los cuales las centrales generadoras estatales tendrían el mismo tratamiento que el resto.
Ť Desarrollo de una política de subsidios desconectada de las finanzas públicas y asumidas adecuadamente en las políticas sociales del gobierno, orientados a quien realmente lo requiere.
Ť Establecimiento de un plan de rehabilitación que permita gradualmente, pero en un periodo establecido, reducir el subsidio que otorga al organismo Luz y Fuerza del Centro.