LUNES 13 DE NOVIEMBRE DE 2000

Ť Contrarreforma agraria al estilo Colombia, en municipios chiapanecos


Paramilitares, brazo ejecutor del poder económico

Carlos Fazio /II y última Ť El paramilitarismo es funcional a la actual etapa de expansión del capital. O de otro modo: la guerra sucia del Ejército Mexicano en el sureste, vía los grupos paramilitares, está conectada con las reformas al artículo 27 constitucional, que están dando lugar a un acelerado proceso de transformación violenta de la estructura agraria. Con matices, muy similares a lo que está ocurriendo en Colombia.

En ese sentido, el componente paramilitar se inscribe dentro de las tendencias estatales de privatización de la fuerza, como un factor clave en la estructuración de un nuevo orden local y/o regional con eje en grupos que usan su poder económico y el terror, a través del manejo de ejércitos privados de alta capacidad logística y militar, para conservar y reproducir sus intereses. Así, el paramilitarismo -en una vertiente radicalmente opuesta a la que reproduce el discurso oficial con fines de propaganda, y que ''justifica'' la irrupción de ''grupos civiles armados'' como una ''respuesta'' a la guerrilla zapatista o como la simple expresión de añejas o nuevas disputas interétnicas y/o religiosas- representa un factor decisivo en los arreglos locales que deciden los nuevos equilibrios, y su poder se expresa políticamente en propuestas regionales o en un control geopolítico que afecta la débil institucionalidad y pobre legitimidad estatal existente en el país.

Esto es lo que dio sentido en su momento (julio de 1997) al apoyo oficial por un monto de 4 millones 600 mil pesos, concedido por la Secretaría de Desarrollo Social al grupo paramilitar Paz y Justicia, encubierto bajo un programa pantalla de ''reactivación agrícola y pecuaria'' en los municipios de Tumbalá, Tila, Sabanilla, Salto de Agua y Yajalón; convenio que contó con la firma del general Mario Renán Castillo, como testigo de honor.

En esta otra vertiente, el paramilitarismo, como la irrupción de grupos mercenarios de justicia privada dirigidos por oficiales del Ejército, empresarios y terratenientes, expresa la emergencia de poderes regionales que impulsan una contrarreforma agraria, pero forma parte de una estrategia nacional contrainsurgente que consiste en invisibilizar el conflicto social por la vía de multiplicar los actores armados, igualando a la guerrilla tradicional, que lucha por un proyecto alternativo de nación, con una banda de choque de la oligarquía, cuya arma fundamental es la aplicación del terror contra la población civil y que mata por tierra, dinero y poder regional.

En los últimos años, y merced a su eficacia, la estrategia del ''desorden'' -a través de la expansión del paramilitarismo- se instaló en la cotidianidad de los chiapanecos y comenzó a formar parte de lo normal. A su vez, y acorde con los nuevos aires neoliberales, lo normal fue socializado desde los medios de comunicación como ''natural''. Así, la política del terror cotidianizada va creando no sólo el miedo como medio de control, sino la indiferencia vía la institucionalización y cotidianización de la barbarie, y de la naturalización del crimen y la impunidad. Cabe acotar que por un carril paralelo al de la militarización y paramilitarización de la vida nacional, el gobierno de Zedillo, al tiempo que aplicó una política de ajuste estructural monetarista, radical y de choque, dejó el campo abierto para una mayor injerencia de Estados Unidos (sobre todo en las áreas militar y económica) y las compañías trasnacionales.

En este sentido, existen suficientes indicios que permiten identificar la funcionalidad de la estrategia paramilitar con el proceso de inserción de la economía chiapaneca en la mundialización neoliberal. Además de la clara complementariedad con las políticas de ajuste estructural -de la mano de una refuncionalización del viejo Estado benefactor en un nuevo Estado fuerte al servicio del capital financiero local y trasnacional-, el paramilitarismo, con sus técnicas violentas de pacificación de las zonas conquistadas y la reactivación tecnificada de la producción agrícola e industrial (vía programas como el financiado por Sedeso) forma parte de un nuevo proyecto sociocultural de corte contrainsurgente, con eje en un ''nuevo orden social'' instaurado y controlado por grupos de justicia privada que garanticen el desarrollo ''normal'' de una forma de producción capitalista sin la ''intervención'' de ningún agente regulador externo, ni siquiera, supuestamente, el Estado.

Así, y como ocurre de manera más desarrollada en Colombia, en las zonas bajo control total de los paramilitares existe un nuevo proyecto de producción capitalista en ciernes, con eje en la fórmula pacificación-tractores-reconstrucción productiva, a la par de una organización social, de justicia y de entretenimiento cultural que descansa en una fuerte estructura de terror organizado. Un nuevo orden disuasivo producto de la barbarie y la sinrazón, construido sobre el terror colectivo, como cultura de olvido y/o silencio.

Pero decíamos más arriba que la biodiversidad se ha convertido en el recurso potencial estratégico más importante no sólo de la selva Lacandona y del país, sino de toda la revolución técnica del siglo XXI. El nuevo patrón tecnológico de punta tiene como eje la ingeniería genética, y la selva de Chiapas encierra un tesoro genético, además de agua y minerales estratégicos. De allí que el verdadero objetivo del capital trasnacional (Savia, Monsanto, Diversa) sea privatizar la totalidad de la biosfera de los Montes Azules; y de ser posible asumir incluso la propiedad territorial de toda la selva Lacandona (como también de la Amazonia, vía el Plan Colombia del Pentágono en Sudamérica). Para eso se necesita desplazar a las poblaciones que allí habitan; ese es el sentido del éxodo forzoso provocado por el Ejército y los paramilitares en Chiapas. Lo que da a las fuerzas armadas mexicanas las características de un ejército de ocupación en su propio país, cuya conquista más reciente es la expropiación de tierras, por decreto presidencial, al ejido Amador Hernández; una suerte de ''reforma agraria'' militar.

En definitiva, en los albores del siglo XXI estamos asistiendo a la estrategia del caos y la descomposición -impuesta de manera compulsiva a sangre y fuego-, como instrumento de la oligarquía y los intereses trasnacionales para introducir a Chiapas y otras regiones de México en el mejor de los mundos posibles de toda la historia: el mundo regido por el nuevo orden del mercado total neoliberal.