DOMINGO 12 DE NOVIEMBRE DE 2000

Ť Trasladan a la región de los Altos a mil elementos de la PFP y de la PJF


Operativo policiaco en Chiapas para desactivar la embestida paramilitar

Ť Con apoyo del Ejército cuidarán que haya condiciones para el cambio de poderes en el estado

Ť Los líderes de Paz y Justicia serían enviados a Almoloya en previsión a una tentativa de rescate

José Galán Ť Cerca de mil elementos de la Policía Judicial Federal y de la Policía Federal Preventiva fueron movilizados ayer a los Altos de Chiapas para desactivar a grupos paramilitares como Desarrollo, Paz y Justicia, Máscara Roja, Los Chinchulines y el Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista (MIRA), a fin de establecer las condiciones necesarias para la toma de posesión del gobernador electo, Pablo Salazar Mendiguchía, el próximo 8 de diciembre.

Los elementos federales que salieron de la ciudad de México, incluyendo a por lo menos 15 agentes del Ministerio Público Federal, partieron entre las dos y las tres de la tarde de los hangares de sus corporaciones en el aeropuerto internacional de la ciudad de México a bordo de un helicóptero y seis aviones, encabezados por el general Guillermo Alvarez Nara, director de la Policía Judicial Federal, y el general Francisco Arellano, comandante de las Fuerzas Federales de Apoyo de la PFP, hacia Tuxtla Gutiérrez, adonde se reunieron con elementos provenientes de Oaxaca, Tabasco y Guerrero.

El destacamento apoyará las labores de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos por Probables Grupos Civiles Armados, de la Procuraduría General de la República, ante el incremento de la tensión en el estado por las amenazas de organizaciones paramilitares como Desarrollo, Paz y Justicia, que han anunciado la intención de liberar de la cárcel a 11 de sus líderes, detenidos el pasado 27 de octubre, además de que han amenazado con "arrasar varios pueblos a su paso", y "reventar el estado" antes de que Salazar Mendiguchía se convierta en gobernador.

Una fuente judicial reveló que se planea trasladar al penal federal de Almoloya de Juárez a por lo menos 40 de los principales miembros de organizaciones paramilitares actualmente detenidos en el penal de Cerro Hueco, en Tuxtla Gutiérrez. Los detenidos enfrentan cargos por violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, delincuencia Organizada, terrorismo, asociación delictuosa, motín, despojo, daño en propiedad ajena, lesiones, provocación y apología del delito.

Los elementos federales partieron equipados con armas de alto poder y equipos antigás. Por parte de la Policía Judicial Federal van los grupos Uno y Dos de la Unidad de Reacción Inmediata, así como miembros del Grupo de Operaciones Especiales, que trabaja en coordinación con la Secretaría de Gobernación.

De la PFP partieron elementos adscritos a la coordinación de Fuerzas Federales de Apoyo. En Chiapas serán respaldados, además, por elementos de la 39 Zona Militar, con sede en Ocosingo, bajo el mando del general de brigada Fermín Rivas García, y por el comandante de la séptima Zona Militar, con sede en Tuxtla Gutiérrez, bajo el mando del general de división Abraham Campos López. Ni la PGR ni la PFP aceptaron confirmar oficialmente el operativo, que se inició en los hangares de las dos dependencias a las nueve de la mañana, con la concentración de los elementos destacados a Chiapas.

El pasado 28 de octubre fueron detenidos 11 integrantes de Desarrollo, Paz y Justicia como presuntos responsables de los hechos ocurridos el 3 de agosto en el ejido El Paraíso, municipio de Yajalón, Chiapas, donde miembros de esa organización paramilitar de corte priísta incursionaron en el predio Tierra y Libertad, con uniformes azules y equipados con armas de grueso calibre como M-1, AK-47, R-15 y rifles de 9 y 22 milímetros, además de bombas molotov, y provocaron destrozos y desalojaron a los indígenas que ahí se hallaban.

Los detenidos son Mario Cruz Pérez, líder del grupo invasor; Ricardo Hidalgo López, Javier Hidalgo López, Miguel Hidalgo López, Alonso Entzín Pérez, Rossemberg o Chemberg Hidalgo López, Diego Entzín Guzmán, Orlando Méndez López y Abraham Díaz Mendoza, así como el ex diputado local priísta Samuel Sánchez Sánchez y Marcos Albino Torres López, dos de los máximos dirigentes históricos de la organización paramilitar.

Según fuentes judiciales, uno de los principales objetivos del operativo "de disuasión" es transportar con seguridad a los dirigentes paramilitares al centro del país, para "desarmar" la ofensiva anunciada por Desarrollo, Paz y Justicia con el fin de sacarlos del penal de Cerro Hueco, para que sigan bajo proceso penal en una cárcel federal.

Veinticinco municipios, el teatro de operaciones

De acuerdo con datos del Centro Fray Bartolomé de las Casas, citados en su informe La guerra en Chiapas: Ƒincidente en la historia?, la formación de grupos paramilitares en el estado se ha extendido en los últimos tres años a unos 25 municipios. Señala que se han convertido en una fuerza militar "incontrolable", mientras el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas aseguró en un informe presentado a principios de año ante la ONU que la paramilitarización "se afianza" en Chiapas y "muestra signos de rápido crecimiento".

Por su parte, la Academia Mexicana de Derechos Humanos realizó una investigación que arrojó la cifra de 15 fuerzas civiles armadas, diez de ellas plenamente identificadas como paramilitares, que operan actualmente en Chiapas, sobre todo en el corredor que va desde los municipios de Salto del Agua, Tila, Sabanilla, Tumbalá, Yajalón, Chilón, Oxchuc y San Cristóbal hasta Venustiano Carranza y la zona fronteriza; en las regiones de Palenque, Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas.

Los diez grupos identificados como paramilitares son Desarrollo, Paz y Justicia; Los Chinchulines, que aparecieron en mayo de 1996 supuestamente fundados por el ex diputado federal priísta Rafael Cevallos Cansino; MIRA, que se dio a conocer en 1997 y cuya creación se atribuye al diputado federal priísta Norberto Santís López; Máscara Roja, que apareció en 1994 y también de corte priísta, y Alianza San Bartolomé de los Llanos, fundado en 1995.

Además, Los Quintos aparecieron en 1998; Los Puñales, que comenzó a operar en junio de 1997 bajo el mando del empresario Fausto Gómez Díaz y al que se vincula al narcotráfico local; Los Aguilares, conocidos desde 1994 como grupo de choque; la Organización Campesina Obrero Popular de Chiapas, perteneciente al Partido del Trabajo, y Los Tomates, que actúan desde 1998 en la región de Bochil.