VIERNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2000

Ť Magdalena Gómez Ť

La política exterior frente a la discriminación

En materia de violaciones a derechos humanos, nuestro país ha practicado una política exterior de negación que en fechas recientes empieza a cambiar, motivada por la activa participación de organizaciones no gubernamentales en los espacios de Naciones Unidas.

Esta situación es patente en el caso del racismo y la discriminación, y coincide con la postura que el resto de los países de América Latina ha mantenido. Para muestra basta recordar que el primero de septiembre de 2000, en el comunicado de Brasilia, emitido a raíz de la reunión de presidentes de América del Sur, se declaró que "observan con preocupación el resurgimiento del racismo y de las manifestaciones y expresiones discriminatorias en otras partes del mundo y expresan su compromiso de preservar a América del Sur de la propagación de dicho fenómeno".

Esta negativa asume diversas formas, desde aquélla que afirma que nada ha sucedido, la que anota que es problema de enfoque o interpretación de los hechos, como sería el caso de encontrar en la situación de pobreza la raíz del problema, hasta la que justifica hechos en sí mismos discriminatorios por razones de una defensa a la supuesta unidad nacional o soberanía. Aquí ubicaríamos la negativa a terminar con la exclusión jurídica de los pueblos indígenas a través del cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, firmados por el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional el 16 de febrero de 1996.

Es importante aclarar que en México en lo general no tenemos formas explícitas de discriminación directa legalizada, no existen, en efecto, normas que propongan un trato diferente y perjudicial en función de la pertenencia a un pueblo indígena, de la opción sexual, de la situación de discapacidad. Sin embargo, habría que analizar las disposiciones que limitan a los migrantes o las que establecen límites de edad para determinadas actividades.

Lo más grave de la discriminación es la de tipo directo, la que se esconde en tratamientos jurídicos aparentemente "neutros" e igualitarios, pero que opera en los hechos, en la vida cotidiana, y permea la mal llamada cultura nacional. Esta forma de discriminación, que es lacerante para quienes la sufren, resulta invisible para el Estado mexicano y para la sociedad en su conjunto.

Basta revisar los sucesivos informes presentados por el gobierno mexicano ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial en la ONU para darnos cuenta de las diversas modalidades que ha adoptado el discurso oficial para negar o trivializar la discriminación. En su décimo informe, de 1994, reconoció que "existe consenso sobre que las cifras censales por omisión u ocultamiento subenumeran a los habitantes de lenguas indígenas, y que también existe consenso sobre que el criterio lingüístico es insuficiente para cuantificar social y culturalmente a la población indígena" (sic) (pgfo. 8).

En el mismo informe se afirma que "existe una clara correlación entre la proporción de la población indígena y los índices de pobreza y marginalidad" (pgfo. 40), la cual se detalla con los diversos indicadores sociales.

En el reporte de la sesión que en 1995 analizó este informe, se anota: "el representante de México insistió que no se daba el fenómeno de la discriminación racial, pero que se podían encontrar algunas modalidades de discriminación derivadas de la realidad socioeconómica que afectaba a los grupos más vulnerables (sic) de la sociedad como las mujeres, los minusválidos (sic), trabajadores migrantes y los indígenas. La extrema pobreza de estos últimos constituía, a la vez, causa y consecuencia de su marginación económica, social y cultural, y los exponía también a abusos tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas".

La postura de los miembros del comité fue muy clara: "Sí hay discriminación racial y guarda relación con los artículos 2Ɔ y 5Ɔ de la Convención". Plantearon también como diferendo: "El gobierno de México dice que no se necesitan medidas. El comité dice que aun fuese a nivel de prevención se requieren porque no se trata sólo de discriminación por el nivel económico".

Como vemos, dentro de las asignaturas pendientes de la transición a la democracia está que el Estado asuma que con discursos defensivos no va a tapar el sol. Se requieren acciones positivas que generen condiciones para cimentar una auténtica cultura de la diversidad. Nos atenemos a la propuesta de Bartolomé Clavero en el sentido de que el silencio de la ley también es ley, y que las leyes hay que analizarlas no sólo por lo que dicen, sino por lo que callan; y en materia de combate a la discriminación y reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas prácticamente lo han callado todo.

(Texto leído en el Foro Regional de México y Centroamérica sobre Racismo, Discriminación e Intolerancia, 9 de noviembre de 2000.)